Créditos: Proyecto Fénix. Foto Forbbiden Stories. Archivo
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Por Prensa Comunitaria

Durante seis meses, cerca de 65 periodistas de 20 medios, incluyendo Prensa Comunitaria, bajo la coordinación de Forbidden Stories, examinaron datos de una filtración de documentos de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), filial de Solway, la empresa de capitales rusos que opera en El Estor, Izabal, en Guatemala, el proyecto minero de níquel Fénix.

El domingo, Prensa Comunitaria y 19 medios más publicaron los hallazgos más importantes de esta investigación.

Forbidden Stories ha elaborado, con el apoyo de periodistas de medios como The Guardian, The Intercept, El Faro y Prensa Comunitaria, entre otros, textos basados en la filtración de millones de documentos sobre comunicaciones internas de la empresa que revelan hallazgos en torno a las operaciones de la mina como daños ambientales, pagos a líderes comunitarios, policías y jueces, planes para desplazar a comunidades, seguimientos y filmaciones, hasta con drones, a periodistas que realizaban investigaciones.

Las notas periodísticas estarán disponibles en el sitio web de Prensa Comunitaria y de los medios de Europa y América Latina que participaron en la investigación. Los periodistas revisaron facturas, órdenes de pago, datos bancarios y otras comunicaciones de cientos de miles de documentados brindados por el grupo de hackers de Guatemala conocido como “Guacamaya Roja”.

Secret Mining (Secretos Minero) es la segunda parte del proyecto periodístico Green Blood, publicado hace tres años, una colaboración global que dio seguimiento al trabajo de periodistas amenazados por investigar delitos ambientales.

 

Cuando la unión hace la fuerza

Derivado de los documentos se obtuvo información de presuntos actos de corrupción, como los pagos que la empresa realizó a jueces y organizaciones afines, líderes e incluso a la propia Policía Nacional Civil (PNC) que ha servido como guardia de la empresa minera para arremeter en contra de la población q’eqchi’ que se opuso a las operaciones extractivas en El Estor, Izabal.

En 2021, en dicho municipio, se desplegó todo el aparato estatal para reprimir la protesta pacífica contra la mina que realizó un grupo de líderes q’eqchi’ agrupados en cuatro consejos ancestrales, debido a que no fueron consultados sobre el proyecto minero Fénix.

La investigación dirigida por Forbidden Stories exhibe los esfuerzos del conglomerado ruso-suizo para manipular a las comunidades locales en las negociaciones de la consulta comunitaria en torno a dicho proyecto minero, la cual, los líderes y comunidades que se oponían a la misma afirmaban estaba manipulada por la empresa y el Gobierno, representado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Por ejemplo, de acuerdo con las investigaciones, entre 2014 y 2017, Solway entregó a la PNC 35 galones mensuales de gasolina, fondos para la alimentación de los agentes y otros gastos que en total constituyeron unos Q1,443,940.0. Estas contribuciones aumentaron en casos de desalojo en comunidades q’eqchi’ que la empresa CGN reclamaba.

En 2018, CGN-Pronico realizó una estimación de los gastos que la PNC podría necesitar en el desalojo a una comunidad ubicada en la finca Setal, unos Q650 mil 856, en caso de que hubiera una intervención de la PNC, lo cual finalmente no ocurrió.

Esta estimación incluía pagos por alimentación y alojamiento para 2.000 agentes policiales y para la movilización de 300 patrullas.

En 2021, agentes de la PNC custodiaron camiones de la empresa CGN-Pronico que ingresaron a la fuerza a El Estor, tras dispersar el plantón pacífico de las comunidades q’eqchi’ que se oponían a las operaciones del proyecto Fénix. En las investigaciones realizadas se consigna la respuesta de la minera sobre estos apoyos a las fuerzas policiales.

Pero la empresa no solo aportaba miles de quetzales a la Policía, también enviaba regalos de “cortesía” a personajes como el juez Aníbal Arteaga, ahora en prisión preventiva por supuestamente beneficiar a presuntos narcotraficantes, del Juzgado de Primera Instancia de Penal de Puerto Barrios.

Se tienen registros del regalo enviado al juez en 2016 quien años después resolvió a favor de Solway en una demanda que la empresa interpuso en contra de pescadores y un periodista de Prensa Comunitaria.

Entre los actores a quienes CGN-Pronico envío regalos también figuran siete alcaldes, siete líderes comunitarios, dos jueces, dos sacerdotes, dos periodistas y un obispo.

Por otro lado, Solway siempre ha negado que tenga relaciones comerciales con Maya Níquel, la empresa rusa que según investigaciones entregó un soborno al presidente Alejandro Giammattei en un caso que se conoce como “la alfombra mágica” o la “trama rusa”. La propuesta de los rusos era arrendar unos 150 mil metros cuadrados en el puerto Santo Tomás de Castilla, a un precio muy inferior del usual.

A pesar de que Solway negó vínculos con ese escándalo, documentos revisados muestran que existe una relación activa entre dicha empresa y Maya Níquel.

En 2019, ambas empresas firmaron un contrato de más de 200 mil dólares por níquel el cual fue renovado en enero de 2021.

Según la información, Maya Níquel vende a Solway el níquel que extrae de su yacimiento en Sechol, ubicado entre Izabal y Alta Verapaz. Solway procesa el material y lo envía al puerto Santo Tomás desde donde se exporta a los mercados europeos.

Hay documentos que prueban que CGN paga derechos de anclaje, carga y amarre de buques fletados de TelfAG, la empresa madre de Maya Níquel, en el referido puerto.

Las investigaciones también dan cuenta de los impactos ambientales que provocan las operaciones mineras de Solway. Uno de esos descubrimientos está relacionado a la presencia de metales en el Lago de Izabal. Esta presencia es provocada por la extracción de rocas usadas en la elaboración del ferroníquel, como hierro, níquel, manganeso y aluminio.

Por ejemplo se encontraron rastros de cromo en los sedimentos tomados del fondo del lago que superan los niveles permitidos para no suponer un riesgo a la salud de la población, que es de 90 microgramos de cromo por gramo de sedimento: según lo evaluado por expertos independientes, en el agua de los ríos se encuentran entre 580 y 2 mil 800 microgramos de cromo.

Los responsables de la minera Fénix han realizado planes estratégicos para ocultar dicha información y evitar la realización de estudios epidemiológicos que puedan comprometerles.

La investigación también encontró el seguimiento a periodistas que investigaban la contaminación del lago, como el caso de Carlos Ernesto Choc, de Prensa Comunitaria, a quien le tomaron fotos en múltiples ocasiones. Las imágenes fueron guardadas en un archivo interno titulado “fotografías claves”.

Sumado a los hechos ocurridos en El Estor Izabal 2017, cuando una mancha roja apareció en el lago, que dio lugar a la investigación “Green Blood”, también coordinado por Forbidden Stories, en 2021 el gobierno de Alejandro Giammattei desplegó todo el aparato estatal para reprimir a la población q’eqchi’ que se oponía de manera pacífica a las operaciones del proyecto minero Fénix porque no fueron consultados sobre el mismo.

La respuesta del Estado fue enviar cientos de antimotines y declarar un estado de sitio, que derivó en líderes comunitarios y periodistas perseguidos. Nuevamente la historia se repitió.

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