Una coalición de organizaciones de Estados Unidos solicitó al director de la Cooperación Financiera de Desarrollo Internacional, del gobierno de Joe Biden, la suspensión de sus planes de inversión en Guatemala, ante el acelerado deterioro del Estado de derecho en la gestión del presidente Alejandro Giammattei. También pidieron reevaluar los planes de inversión en El Estor, Izabal, que ponen en riesgo a comunidades maya Q´eqchi´.
Por Francisco Simón Francisco
Este miércoles 17 de marzo, 18 organizaciones independientes con presencia en Estados Unidos, solicitaron al director ejecutivo de la Cooperación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) del gobierno de Joe Biden, la revisión y suspensión de algunos de sus planes de inversión y cooperación con Guatemala.
“Le escribimos para expresar nuestra preocupación por el deterioro rápido del Estado de derecho en Guatemala”, señalan las organizaciones en una carta enviada al Scott Nathan, director de la Cooperación Financiera de Desarrollo Internacional.
También recuerdan al director que, en enero de 2020, el presidente Alejandro Giammattei firmó un memorando de entendimiento con la DFC, con el objetivo de canalizar la inversión del sector privado de hasta 1 mil millones de dólares, durante tres años, en apoyo al desarrollo en Guatemala. Este convenio, según solicitan, debe ser revisado ante el contexto adverso para la sociedad guatemalteca.
“El debilitamiento de la sociedad civil, la captura del sistema judicial por parte de las fuerzas corruptas, la persecución sistemática de los investigadores de la corrupción y las acusaciones creíbles de corrupción que implican al propio presidente del país, deberían llevar al DFC a reevaluar cualquier inversión en Guatemala”, resaltan en el documento.
Las 18 organizaciones firmantes agregan: “estos factores han creado un entorno en el que las normas medioambientales, de derechos humanos y de derechos de los trabajadores, que el DFC pretende cumplir, no sólo no pueden garantizarse sino que es muy probable que se violen”.
En la carta enviada al director de la DFC, citan siete de los hechos más relevantes para poner en el contexto lo que ocurre en Guatemala.
Entre estos se destaca la inclusión de la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras en la lista Engel y cuya visa estadounidense fue revocada, “debido a un patrón de obstrucción de las investigaciones sobre corrupción”, aseguran. Agregan que, el primer caso ampliamente reconocido de esa obstrucción fue el despido “abrupto, arbitrario e ilegal del investigador principal anticorrupción del país, Juan Francisco Sandoval”.
Citan también los ataques recientes de la fiscal Porras contra fiscales independientes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Según el contenido de la carta, desde el inicio de 2022, tres fiscales anticorrupción han huido al exilio. “Sólo en el mes de febrero, la fiscal general dictó siete órdenes de detención contra fiscales o ex fiscales de alto nivel que investigaban casos de corrupción. Seis de estos investigadores concienzudos e independientes fueron detenidos por los cargos espurios”.
En otras líneas, las organizaciones evidencian el debilitamiento sistemático del sistema de justicia. “Los jueces que presiden los casos de corrupción y justicia transicional se enfrentan a docenas de demandas infundadas, amenazas de retirar su inmunidad judicial y, en al menos un caso, la retirada real de la inmunidad judicial. El propio sistema de justicia de Guatemala está en peligro”, anotan.
Además, exponen sobre la negativa del Congreso de la República, de juramentar a la magistrada Gloria Porras, que fue reelecta ante la Corte de la Constitucionalidad en abril de 2021, así como la decisión del mismo Congreso de nombrar a otros magistrados, cuyos expedientes estaban manchados por “acusaciones creíbles de irregularidades”. Estas acciones, según las organizaciones, han permitido la cooptación de una corte, en la que no se puede confiar para actuar de buena fe en la defensa de los derechos constitucionales de la población guatemalteca.
Las organizaciones también describen lo que ocurre en El Estor, cuyos medios de vida y salud se ven afectados por una mina de níquel. Un caso que ilustra las ilegalidades con las que el gobierno de Giammattei está dispuesto a perpetrar contra la población maya Q´eqchi´ de esa región.
Señalan que los pobladores protestaron en octubre de 2021 por su exclusión en una consulta ordenada por la Corte de la Constitucionalidad en 2020. Sin embargo, la respuesta de Giammattei fue declarar estado de sitio en el lugar, suspendiendo los derechos constitucionales básicos y enviando a más de 1 mil militares y policías para hacer cumplir la suspensión de garantías, en la que se detuvieron arbitrariamente a periodistas; se detuvo arbitrariamente a dirigentes indígenas; se golpeó a los hijos de los dirigentes indígenas; y familias enteras de dirigentes huyeron de la zona.
En la carta no pasa desapercibida la modificación que realizó el Congreso de la República a la ley de Onenegés, “que socava gravemente el trabajo de las organizaciones e internacionales de derechos humanos con presencia en Guatemala”.
Finalmente, citan en el contexto las acusaciones que surgieron en febrero de este año contra el presidente Giammattei, por un soborno de 2.6 millones de dólares que habría recibido para su campaña electoral en 2019, publicado por el medio digital salvadoreño El Faro.
Retrocesos en justicia marcan la democracia en Guatemala
“Nos preocupa lo que ocurre en Guatemala, hay un retroceso en materia de la democracia y justicia en el país, parecería que estamos viendo un escenario similar a lo ocurría antes de la firma de los acuerdos de paz, aseguró en una entrevista a Prensa Comunitaria, Corie Welch, directora de incidencia de la Comisión de Derechos Humanos en Guatemala con sede en Washington, una de las organizaciones firmantes de la carta enviada a la Cooperación Financiera de Desarrollo Internacional.
La entrevistada aseguró que los espacios de la democracia han sido cooptados por grupos conservadores en Guatemala. “Ya no hay protección para defensoras y defensores de derechos humanos y pueblos indígenas en áreas rurales, por lo tanto hay más migración”, resaltó.
En ese sentido, Welch indicó que como organizaciones se vieron en la necesidad de enviar una carta a la Cooperación y al gobierno de Biden para conocer las políticas de Estado y cambiar el ambiente en Guatemala. “Escribimos la carta directamente al DFC porque tienen estándares para derechos laborales, derechos humanos y derechos ambientales, escribimos porque nos preocupa lo que pasa en ese país, mientras esto ocurre la Cooperación no puede garantizar inversiones con el Gobierno de Giammattei”, aseguró.
Respecto a las respuestas de DFC, según Corie Welch, esperan que suspenda la cooperación con Guatemala, porque hay un retroceso en la democracia que no permite el sano ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos.
“Es importante que DFC reevalúe sus planes para hacer inversiones, especialmente en comunidades indígenas y hemos visto en El Estor que hay una mala inversión, ¿entonces que está pasando? y el riesgo para las comunidades alrededor de los proyectos”, cuestionó Welch.
