Por: Andrea Rodríguez
Guatemala, el país donde 5 mujeres desaparecen y 2 son asesinadas diaramente, su capital fue declarada como “Capital Provida de Iberoamérica 2022.” Este nombramiento fue establecido por el Congreso Iberoamericano por la vida y la Familia, una organización basada en iglesias y entidades cristianas evangélicas de distintos países latinoamericanos y España, actualmente dirigida por el mexicano Aarón Lara. Esta declaración, así como el Consenso de Ginebra sobre “el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia” al cual se suscribió Alejandro Giammattei, fueron los fundamentos con los cuales el 9 de febrero de 2022 el Congreso de la República aprobó la Ley 6012 en donde se declaró el 9 de marzo, de cada año, como “Día por la vida y la familia”. Posteriormente, una ley “De protección a la vida y la familia” presentada en el 2017 revivió como acto de magia para ser aprobada en pleno 8 de marzo de 2022, en el Día de las Mujeres. Esta es una muestra de las articulaciones internacionales entre iglesias y políticos con una agenda conservadora que logran incidir en las legislaciones de los países como Guatemala.
Esta es la segunda entrega sobre la Ley 6012 que declara el 9 de marzo como “Día de la vida y la familia”. Lee cómo fue el proceso de aprobación aquí:
¿Quién dicta cómo debe ser una familia? La historia detrás de una ley conservadora
Un estado laico de fachada
Una de las agrupaciones que resalta a nivel internacional por promover las agendas políticas conservadoras autodenominadas “provida” es el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Al revisar la página web de este congreso, se puede observar su vinculación con la iglesia evangélica en la sección de “Noticias”, las cuales llevan a la página del periódico latinoamericano en línea Evangélico Digital. Este mismo congreso organizó cuatro agendas que agruparán a políticos y personalidades de toda Iberoamérica.
– El 9 de marzo se declaró a Guatemala como Capital Provida de Iberomérica y se conmemoró el “Día por la vida y la familia” en ese marco en el Palacio Nacional.
– El 10 y 11 de marzo realizarán su sexta asamblea anual en el Teatro Nacional de la Ciudad de Guatemala
– El 10 de marzo realizarán la “Cumbre Internacional de Organizaciones Provida” en el Hotel Barceló y
– El 10 y 11 se realizará el Encuentro de la “Unión Iberioamericana de Parlamentarios Cristianos” en el Congreso de la República de Guatemala.
Esta sucesión de actividades, concluida con un evento explícitamente cristiano, dan cuenta de las faltas a la laicidad del gobierno de Guatemala, al ser actividades organizadas desde y con el ejecutivo y el legislativo.
De acuerdo con Victoria Cúmez de la Organización de mujeres Nuestra Voz que forma parte del Consorcio por los Derechos Sexuales y Reproductivos, los efectos de la ley que declara el “Día de la vida y la familia” serían negativos para las mujeres y las familias.
– Hay que hacer un reconocimiento de que en Guatemala las familias no solo son “mamá, papá e hijos”, sino que habemos diversidades de personas e identidades, para que todas seamos incluidas en toda política y ley. Esta iniciativa lo que hace es excluir.
Dos días antes de que la ley que declara el 9 de marzo como “Día por la vida y la familia” fuera aprobada el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia; se anunció en un video que esa fecha sería también declarada “Capital Provida de Iberoamérica”. Todo ello al día siguiente del Día Internacional de las Mujeres.
¿Por qué declaran a Guatemala capital “provida”?
De acuerdo con un video publicado por el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia el 7 de febrero de 2020, las razones por las cuales Guatemala fue elegida incluyen las posturas y acciones del presidente Alejandro Giammattei han sido:
1. El presidente Alejandro Giammattei presentó la política pública para la protección de la vida y la institucionalidad de la familia.
2. La revocación de la personalidad jurídica de la organización Planned Parenthood.
3. La adhesión de Guatemala al Consenso de Ginebra.
4. El cambio de nombre del Patio de la Cultura en el palacio nacional a “Patio de la Vida”.
5. Los discursos de Giammattei en la OEA, ONU y congresos provida en Estados Unidos donde ha pronunciado que “nosotros no creemos en el aborto, por fe, por mi calidad de médico”.
Estos tipos de discurso, de acuerdo con la coordinadora de incidencia política de INCIDEJOVEN Ximena Aguilar, son muy peligrosos porque preparan la antesala para acciones en contra de los derechos de las mujeres y de las personas disidentes.
– Esa es la primera fase en la cual consideramos que vulnera los derechos de las mujeres y de sectores subrepresentados en el país, la parte discursiva, pero el discurso es poder y se vuelve material con iniciativas como la 5272 que tiene penas más grandes para el aborto, que penaliza incluso hablar del aborto. Es una violación al derecho a la libertad de expresión y de asociación.
Sobre la base de ese discurso, como relata Ximena, se plantean pasos más tangibles que pasan a ser agresiones a los derechos humanos y a más muertes de niñas y mujeres.
– Este discurso, que históricamente se ha utilizado para atacar los derechos de las mujeres, valida acciones que transgreden derechos humanos. Por eso nos parece regresivo, porque la combinación de todo esto es que las mujeres y las niñas se sigan muriendo por embarazos forzados o resultado de violaciones, que a las personas trans las sigan discriminando y patologizando, los resultados tangibles de este discurso antiderechos son muertes, empobrecimiento, no son vida.
Esta tendencia no es exclusiva de Guatemala, de acuerdo con Victoria Cúmez. Desde las redes por los derechos sexuales y reproductivos que se han articulado a nivel internacional, en países como Haití y México también ven el riesgo de que se aprueben leyes que utilizan el discurso de “la vida y la familia” como en Guatemala.
– Los antiderechos no están solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Tienen una fuerza muy grande en Guatemala y son quienes coordinan con el gobierno y el presidente, que para caerles bien hace la declaración de Guatemala como capital provida. Es un riesgo y un retroceso para los derechos sexuales y reproductivos. Los antiderechos actúan muy sutilmente detrás de los gobernantes.
Tergiversando los derechos de las mujeres
El “Consenso de Ginebra para Promover la Salud de la Mujer y Fortalecer a la Familia” es una declaración que ha sido firmada por 36 países, uno de ellos fue Guatemala a través de Alejandro Giammattei el 12 de octubre de 2021. De acuerdo con este documento, se toma como referencia algunos pasajes de la declaración universal de los derechos humanos y hasta de la plataforma de Acción de Beijing, pero realizando una interpretación descontextualizada y arbitraria.
En este reportaje puedes conocer más acerca de qué significó la Conferencia de Beijing para las guatemaltecas:
De Beijing a Guatemala: sobre los encuentros entre mujeres, los logros y temas pendientes
La declaración del Consenso de Ginebra es un documento internacional firmado en una convención multinacional iniciada por el secretario de estado de Estados Unidos Mike Pompeo, al que se sumaron los gobiernos de Polonia, Hungría, y Brasil. Posteriormente lo firmaron más de 30 gobiernos, entre ellos Guatemala. Se constituye como una alianza abiertamente en contra de los tratados de Naciones Unidas sobre derechos humanos y derechos de las mujeres. Ahora, durante el gobierno de Joe Biden, Estados Unidos se separó del Consenso de Ginebra.
Haberse sumado al Consenso de Ginebra fue una de las razones por las cuales el Congreso Iberoamericano por la vida y la familia declaró a Guatemala “capital provida”. Este consenso, además de ser parte de una serie de iniciativas conservadoras a nivel internacional que se oponen a los acuerdos previamente firmados por los estados, también parte de un sujeto político erróneo para legislar sobre la salud de mujeres: los hombres. Como menciona Ximena Aguilar:
– El Consenso de Ginebra está hecho por un grupo de hombres que se reunieron para decidir sobre los derechos de las mujeres y desde una postura paternalista creer que tienen el derecho de llamarse protectores de la salud de las mujeres. Desde allí el lugar de enunciación política está mal. Es perverso que estos grupos tergiversen la información e instrumentalicen la normativa internacional que sí se hizo con el objetivo de proteger los derechos de las mujeres. Están validando violaciones a los ddhh y por eso está mal que sean hombres decidiendo por los derechos de las mujeres, porque no les importa.
Al mismo tiempo que descalifican los tratados internacionales, los utilizan como supuesta base de la declaración. Y es que esta dice fundamentarse en cuatro pilares: la preocupación por la salud de las mujeres, la protección de la vida humana, el fortalecimiento de la familia como “unidad básica de la sociedad”, y la defensa de la soberanía de cada nación para decidir sus políticas de protección. Mujeres, vida, familia y soberanía, son conceptos instrumentalizados en que los gobiernos se separen de los compromisos adquiridos previamente para garantizar los derechos de las mujeres.
El Consenso de Ginebra no está alejado de las tendencias religiosas cristianas, lo cual se puede ver en sus organizaciones base y medios de comunicación aliados, los cuales son abiertamente cristianos. Es allí donde resalta el papel de las iglesias, en el caso de Guatemala, las iglesias evangélicas neopentecostales. Para Victoria Cúmez:
– Son quienes han propiciado todo esto con los organismos del estado, juegan un papel donde lamentablemente ocultan todos los derechos que tenemos, entonces privan a las personas de estos derechos. Solo defienden la vida desde la concepción y no es solo así. Son muy fuertes las iglesias católicas y evangélicas, y las segundas también son un negocio que no permite los avances de las mujeres, las niñas, las jóvenes y sobre todo las mujeres indígenas que somos quienes más invisibilizadas estamos.
Reviviendo una ley olvidada
En este contexto, el Congreso de la República retomó la tercera lectura de la iniciativa 5272 “Para la protección de la vida y la familia”, una propuesta de la Alianza Evangélica de Guatemala que fue presentada a la Comisión de Asuntos Constitucionales en abril de 2017 por los diputados Anibal Rojas y Christian Boussinoff del partido VIVA. Luego de permanecer inactiva, el congreso actual la aprobó en pleno Día de las Mujeres.
Esta ley considera que en Guatemala “actualmente existen grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca que, siguiendo una agenda de orden internacional, proponen corrientes de pensamiento incongruentes con la moral cristiana e impulsan modelos de conducta que atentan contra el derecho a la vida, el orden natural del matrimonio y la familia.”
Entre sus puntos fundamentales está agravar las penas para las mujeres que interrumpan un embarazo a otras o a sí mismas, así como penalizar la divulgación de información sobre el aborto; elevar los criterios médicos para la aplicación de un aborto terapéutico y prohibir la impartición de educación sexual en establecimientos educativos, calificándola como “ideología de género”. Asimismo, la ley se enfoca en rechazar que se “enseñen como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad”.
Posteriormente la Comisión de Asuntos Constitucionales modificó algunos puntos, agregando: establecer que la diversidad sexual es incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humanos, y duplicar las penas para los médicos que causen un aborto o cooperen en él.
Con esta aprobación, el Congreso de Guatemala está haciendo ley lo que las feministas lesbianas han nombrado como heterosexualidad obligatoria, sumado a la persecución y criminalización de las mujeres por hablar sobre sus cuerpos y decidir sobre ellos. Es de resaltar que cuando se habla del papel fundamental de la familia, haciendo alusión a los cuidados, se trata en realidad del trabajo reproductivo y no remunerado de las mujeres, a quienes estas leyes criminalizan.
Ante estos escenarios, los movimientos de mujeres y de diversidad sexual hacen eco de que en Guatemala existen distintos tipos de familias y que no reconocerlas es un acto de discriminación, además de inconstitucional. Queda la expectativa de las acciones que pueda realizar el legislativo para retroceder la aprobación de la iniciativa 5272, ahora decreto 18-2022; que el presidente vete la ley; o que las inconstitucionalidades que puedan presentarse sean aceptadas por la Corte de Constitucionalidad.
Publicado originalmente en:
