Un juez dio luz verde el miércoles para la extradición del expresidente hondureño, reclamado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Por Héctor Silva Ávalos
El magistrado Edwin Ortez, juez de primera instancia nombrado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras para decidir sobre la extradición de Juan Orlando Hernández, dio luz verde para que el expresidente hondureño sea llevado a Estados Unidos a enfrentar cargos criminales por delitos de narcotráfico. La decisión de Ortez marca el fin de una era política en el país centroamericano.
Hernández, JOH como se le conoce en Honduras por sus iniciales, llegó a media mañana a las instalaciones de la Corte Suprema en Tegucigalpa a bordo de un helicóptero. Encadenado y enfundado en un traje oscuro y corbata, el expresidente caminó desde la aeronave hasta el tribunal rodeado de policías que portaban armas largas y gorros pasamontaña.
Al final de la tarde, y tras revisar los elementos de prueba presentados por la justicia estadounidense, el magistrado Ortez autorizó la extradición de Hernández, quien había sido capturado el 15 de febrero, en las afueras de su residencia, en la capital hondureña, luego de que la administración de Joe Biden hiciera oficial el requerimiento de extradición al poder judicial hondureño.
La justicia estadounidense acusa a Hernández de conspiración para importar sustancias controlada a los Estados Unidos, específicamente 500 mil kilogramos de cocaína; de conspiración para usar armas de fuego, para importar narcóticos; y conspiración para instigar el uso de armas. Si es condenado en Nueva York, donde se le reclama, el expresidente podría enfrentar penas de prisión que van de 10 años a cadena perpetua.
Tras la resolución del juez Ortez en Tegucigalpa, queda que la defensa de Hernández presente un recurso de apelación que ya anunció después de conocer el fallo.
La primera reacción de los defensores del expresidente, luego de conocer los elementos de prueba que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) envió a la Corte Suprema hondureña, fue que los fiscales estadounidenses no habían proporcionado evidencia “fehaciente y suficiente que involucre (a Hernández) en actividades de narcotráfico”.
Lo que envió Estados Unidos fueron pruebas testimoniales aportadas por agentes de la Agencia de Control Antinarcóticos (DEA) que investigaron el narcotráfico en Honduras en los últimos años y de criminales hondureños que han sido escuchados o juzgados en Estados Unidos. La defensa reclama que no había, en esas evidencias, fotografías, audios, videos o transacciones para respaldar la acusación.
Según los defensores, lo enviado por los fiscales estadounidenses no es un “medio de prueba suficiente para sustentar la culpabilidad”.
El juez Ortez, sin embargo, no tenía que decidir sobre la culpabilidad o inocencia de Juan Orlando Hernández, sino solo determinar que la petición estadounidense cumplía con los requisitos establecidos en el tratado de extradición vigente entre ambos países. Al final, Ortez decidió otorgar la extradición.
Hoy, a la defensa de Hernández solo le queda una apelación, que deberá hacer ante el pleno de la Corte Suprema. Si el máximo tribunal certifica lo fallado por Ortez, el destino de Juan Orlando Hernández se definirá en Nueva York, en un circuito judicial que ya condenó a Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente, a dos cadenas perpetuas, también por narcotráfico.
Por ahora, JOH deberá de seguir en prisión, en la base de los Cobra, la unidad élite de la policía hondureña en la que está preso desde mediados de febrero.
El fin de una era política
El general Ramón Sabillón, recién nombrado jefe de la Policía Nacional, se plantó frente a la casa del expresidente el mismo 14 de febrero, horas después de que Estados Unidos había mandado la solicitud de extradición. Pasó ahí la noche. Y fue ante él que JOH se entregó la mañana siguiente.
“Estamos aquí para garantizar su protección y que se cumplan sus derechos”, dijo el policía al expresidente mientras este se ponía el chaleco antibalas que un agente le acababa de entregar.
Las trayectorias de estos dos hombres, juntas, cuentan con bastante detalle la historia reciente del narcotráfico en Honduras, de la que según los fiscales estadounidenses Juan Orlando Hernández fue una pieza central durante la última década.
Cuando JOH acababa de asumir como presidente de Honduras, en 2014, Sabillón era el director de la Policía Nacional y un hombre muy cercano a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. El general y sus hombres, sobre todo los de la dirección policial de inteligencia, eran quienes llevaban buena parte de las investigaciones de las estructuras de narcotráfico en Honduras.
Pronto, los hombres de Sabillón empezaron a descubrir posibles nexos entre los principales clanes y capos de la droga con el poder político en Honduras. En 2014, la DEA y la policía hondureña detuvieron a los hermanos Luis y Miguel Arnulfo Valle, líderes del clan Valle Valle, que operaba en el occidente del país, en el departamento de Copán, en la ruta por la que la cocaína sale de Honduras a los corredores guatemaltecos que conectan con México.
Sabillón detuvo a los Valle y los llevó hasta el cuartel de los Cobra en Tegucigalpa, donde hoy guarda prisión Juan Orlando Hernández en espera de su extradición. Fueron ellos quienes, en los interrogatorios a los que Sabillón los sometió, confirmaron algo que empezaba a ser un secreto a voces en Honduras: Tony Hernández, el hermano del presidente, era el nexo entre Casa Presidencial y el bajo mundo del narco.
Tras la captura de Los Valle, el presidente Hernández destituyó a Sabillón, quien salió a un exilio temporal en Estados Unidos. El general volvió a finales del año pasado, luego de que Xiomara Castro ganó la presidencia de Honduras para asumir de nuevo como director policial; llevó con él a varios de los oficiales de inteligencia que habían seguido la pista a los Hernández.
El primer acto público de Sabillón fue la captura del expresidente, su antiguo jefe, a quien llevó, con grilletes, al cuartel de los Cobra. Un mes después, el magistrado Ortez dio luz verde a la extradición.
Si la captura de Tony Hernández en Miami en 2018 y el juicio que siguió y culminó con una dura sentencia en 2021 son indicadores, es posible prever que a JOH no le esperan días fáciles en Nueva York. Buena parte de la prueba, testimonios y argumentos con los que los fiscales estadounidenses aseguraron la condena de Tony son los mismos que llegarán al tribunal en el caso del expresidente, y toda esa evidencia apunta a la misma conclusión: Juan Orlando Hernández fue el protagonista más importante en la transformación de Honduras en un narcoestado, donde la corrupción y las instituciones gubernamentales, desde la Casa Presidencial hasta las alcaldías, estuvieron al servicio del narcotráfico.
Durante casi una década, desde que ganó la elección presidencial en 2013, hasta que el general Sabillón aseguró su captura en febrero pasado, Juan Orlando Hernández se convirtió en el dueño y señor de la política hondureña de la mano de su Partido Nacional y, en ocasiones, con el espaldarazo de Washington, quien hasta poco antes de la petición de extradición, había sido uno de sus principales valedores. Estados Unidos, incluso, dio la bendición política a la cuestionada reelección de JOH en 2017, lograda en medio de acusaciones de fraude e inconstitucionalidad.
Todo eso cambió. Hoy, agotados casi todos sus recursos procesales en Honduras, JOH espera, como lo hicieron los Valle hace ocho años, el avión que lo llevará al norte.
