La noche del 22 de marzo, Juan Luis Font, de 55 años, quien dirige el medio de comunicación Con Criterio, supo que Alejandro Sinibaldi, el exministro de Comunicaciones, lo denunció por segunda ocasión en menos de seis meses. Esta vez, Sinibaldi lo señala de haberse coludido con la exjueza de mayor riesgo, Erika Aifán (quien, recientemente, se exilió en Estados Unidos para proteger su vida), con el fin de detener una investigación en su contra.
Por Paolina Albani
Sinibaldi, de 51 años, fue ministro de Comunicaciones entre 2012 y 2014 en el gobierno de Otto Pérez Molina. Casi simultáneamente, fue aspirante a la Presidencia de la República. Estuvo prófugo por más de cuatro años y desde agosto de 2020 ha estado en prisión por su involucramiento en varios casos de corrupción investigados por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Algunos de los casos en lo que está acusado son: el caso Cooptación del Estado, Construcción y Corrupción, Odebrecht y Transurbano.
Desde que Sinibaldi se entregó a la justicia guatemalteca, ha hecho una serie de declaraciones ante el Ministerio Público (MP) en donde ha nombrado a los cómplices de sus negocios. En las declaraciones, ha mencionado a Font como un aliado que lo habría ayudado a mantener su buena imagen ante la prensa a cambio de fuertes desembolsos, cuando este dirigía la revista Contra Poder.
Pero algunas publicaciones de la revista contradicen el testimonio del exministro. Por ejemplo, en junio de 2016, mientras Font se desempeñaba como director de Contra Poder, publicó una investigación que probaba el pago de sobornos a uno de los empleados de Sinibaldi de parte de la empresa constructora brasileña OAS, para conseguir el contrato de la ampliación de la carretera CA-2 Oriente.
Las denuncias para Font no son un tema nuevo pues ha sido denunciado en múltiples ocasiones a lo largo de sus 32 años como periodista. Durante este tiempo ha trabajado en Revista Crónica, Siglo21, El Periódico, fue director de Canal Antigua, medio que pertenecía al mismo consorcio en el que Contra Poder fue fundado. Además, creó el noticiero de Emisoras Unidas “A primera hora” y, recientemente, el programa radial Con Criterio.
En una entrevista con Prensa Comunitaria, admite que ha habido una mayor presión de censura de parte del gobierno de Alejandro Giammattei e, inevitablemente, ve una conexión entre la persecución que han sufrido los operadores de justicia (fiscales, jueces y magistrados) y su caso. Dice que el objetivo sería el mismo: vengarse de aquellos que apoyaron las investigaciones de la CICIG y la FECI, y que varios medios, entre ellos los dirigidos por Font, publicaron. Aun así, asegura que los intentos por silenciarlo no lo detendrán.
¿De qué se trata la denuncia de Sinibaldi?
“Hay un esfuerzo por vengarse de fiscales, de jueces, de mandatarios de CICIG y de los periodistas que participamos y apoyamos la lucha contra la impunidad y la corrupción. La venganza viene de parte de los netcenters de grupos como Fundación contra el Terrorismo, que orbitan alrededor de los intereses de Alejandro Sinibaldi, tristemente, coordinados por el Ministerio Público.
Más allá de eso, -la persecución se inició- para establecer que en Guatemala no vuelva a haber un esfuerzo para luchar contra la impunidad y la corrupción. Las fiscalías que investigaban estos casos han quedado desbaratadas y los jueces están recibiendo un mensaje ejemplificante por medio de sus colegas que están siendo criminalizados, y creo que a los periodistas nos están enviando un mensaje igualmente severo.
De momento, mi abogado y yo no hemos tenido acceso a la denuncia planteada por Alejandro Sinibaldi. Sin embargo, entendemos con claridad que lo que él está tratando de hacer es lo mismo que ya hizo la Fundación contra el Terrorismo con la exmandataria de CICIG y con los exfiscales de la FECI”.
¿Quieren criminalizarlos…?
“Están criminalizando a la persona que se está defendiendo y a su defensor por ponerse de acuerdo y trazar una estrategia legal de defensa. Es decir, criminalizar su derecho de petición, el cual está contemplado en el Constitución, y criminalizar la actuación ante los tribunales.
El objetivo, seguramente, es dejar sin defensores a aquellos contra los que quieren ejecutar esta venganza. Por otro lado, en colusión con el Ministerio Público, lograr rápidamente el encarcelamiento de las personas y aleccionar a los demás sobre el futuro que les espera si persisten en estas conductas.
Los argumentos de Sinibaldi son, francamente, pobres. Aluden a que integramos una asociación ilícita con la exjueza Erika Aifán porque la he entrevistado en la radio, dos veces en los cinco años que tengo de estar haciendo el programa, o porque he emitido comentarios en Twitter que les parecen que son elogiosos para la juez”.
Font reconoce que sí ha elogiado a la juez por sus fallos, pero cree que estos hechos no son suficientes para que Sinibaldi los señale de colusión o asociación ilícita. Ante esto se pregunta:
“¿Debemos entender lo mismo cuando Sinibaldi ofrece respaldo para la Fiscal General?, ¿él está coludido cuando hace eso?, ¿está coludido Ricardo Méndez Ruiz cuando elogia y respalda a la Fiscal General en sus redes sociales?, ¿los mismos argumentos que utilizan para denunciarme a mí pueden utilizarse para denunciarlos a ellos?
Estas personas están procurando en general, poner en redes sociales un clima que construye una especie de guerra de opinión en contra de aquellos a los que quieren convertir en sus víctimas”.
“Sinibaldi es una persona a la que la gente identifica como un “ladrón de fondos públicos”. Una persona profundamente corrupta que tienen interés de vengarse de periodistas como yo, que dirigen medios en los cuales se publicaron investigaciones que demostraban que él asignaba obra pública con concursos simulados. Autorizaba que se construyeran obras con supervisión engañosa porque los mismos constructores se supervisaban a sí mismos. Admitía el encarecimiento de las obras por encima del 35% de su costo original. Hacía una serie de marrullerías como la de otorgar contratos de dragados en ríos que, realmente, nunca se ejecutaron. Esas investigaciones periodísticas luego dieron pie y sustento a las investigaciones del MP y de la CICIG. Por supuesto que esta persona lo que quiere es vengarse de todas ellas.
Pero la intención de destruir la credibilidad de las personas resulta siendo fallida porque yo no veo que la credibilidad de los exfiscales de FECI o de la mandataria de CICIG se vean afectadas. Por el contrario, son objeto de reconocimiento por la lucha que han desarrollado por enfrentar este sistema de justicia en condiciones desiguales. Pero sí se les causa daño sometiéndolos a una presión injusta y obligándolos a pagar cauciones económicas que no tendrían que estar pagando, porque los vinculan a procesos espurios que son construidos con el objetivo de vengarse de ellos”.
La primera vez que Sinibaldi denunció a Font ocurrió a finales de 2021, donde el exministro sostuvo que le pagó al periodista Q50 mil mensuales, durante dos años, para que mantuviera su buena imagen ante la prensa. Dinero que vendría de los sobornos que las constructoras le pagaron a Sinibaldi paga agilizar desembolsos o para lograr la concesión de proyectos de construcción.
Font ha asegurado en el pasado, que esta acusación es falsa y ha aportado bibliografía de las publicaciones de la revista Contra Poder, medio que dirigía en esa época, que prueban que no mejoro la imagen del exministro.
“Mis colegas, los que trabajaban conmigo en las salas de redacción que yo dirigía, han presentado los reportajes sobre los abusos, vejámenes y cosas que se desarrollaban en el Ministerio de Comunicaciones bajo sus órdenes, como asignar obra pública de manera fraudulenta con tanto rédito para él”.
A Sinibaldi, mientras permaneció prófugo, el MP le incautó cuentas en Suiza con hasta Q60 millones, una finca en Petén, otra en Río Dulce, además de propiedades lujosas en Antigua Guatemala, en Muxbal y Marina del Sur.
“El hombre construyó una fortuna a partir de la obra publica guatemalteca”, indica Font.
¿Se vincula Erick Archila, exministro de Energía y Minas, con esta denuncia?, ¿Sinibaldi lo ha mencionado de alguna manera?
“Honestamente, eso lo veo remoto. Más bien veo que Sinibaldi pareciera estar confrontado con la familia Archila y quisiera cobrarles parte de un avión y un yate que tenían en conjunto”.
Font ha mencionado públicamente que, su comunicación con Archila, socio capitalista de la revista Contra Poder, concluyó cuando este huyó de Guatemala para evitar ser investigado y capturado tras recibir denuncias de corrupción y lavado de dinero. A la fecha, Archila continúa prófugo.
¿Cómo se ha desarrollado el proceso por esta primera denuncia en los tribunales? Tengo entendido que la audiencia ha sido suspendida en varias ocasiones y que la defensa no tuvo acceso al expediente sino hasta muy tarde…
“Nosotros tuvimos que plantear un amparo para que nos dieran acceso a la primera denuncia del Señor Sinibaldi en mi contra. Pero no voy a quejarme de la actuación de los tribunales. Hasta este momento ha sido correcta, en términos generales. Estoy sometido a lo que la justicia ordene”.
¿Cómo es defenderse en un sistema judicial que parece ser cómplice de múltiples venganzas?
“Es muy difícil defenderte en este sistema. Es más difícil cuando están persiguiendo a tus defensores. Eso desincentiva a las personas que te podrían defender. La verdad que veo negativo todo esto que está ocurriendo. Esto no es un régimen democrático”.
¿Ha habido otras acciones de esta persecución?
“Solo en el período electoral en que Baldizón fue candidato a la Presidencia, tuve 9 denuncias penales. Tuve que presentarme ante el MP para, por ejemplo, demostrar que mi casa, que fue comprada hace 24 años mediante una hipoteca, había sido adquirida con fondos legítimos que mi esposa y yo hemos ido reuniendo con nuestro trabajo.
He sido objeto de acoso judicial a lo largo de muchos años, pero nunca he tenido el nivel de presión que estoy teniendo en el Gobierno de Alejandro Giammattei y con el Ministerio Público de Consuelo Porras. Estamos viviendo períodos de mucha tensión y supongo que eso se va a prolongar hasta que se defina a un nuevo Fiscal General o cuando se confirme la permanencia de Consuelo Porras”.
¿Qué garantías hay para el periodismo guatemalteco, en la actualidad, para poder permanecer independiente?
“Hay muy pocas garantías para acudir a la justicia, pero hay mucha voluntad. Y creo que somos muchos los periodistas que estamos haciendo la lucha por mantenernos independientes, por no ser silenciados, por luchar cada día, por expresar nuestra opinión y por presentar los hechos que reunimos. Hay una lucha que nos une a muchos periodistas por mantener nuestra libertad de expresión. Hay que usar todos los medios a nuestra disposición. A mí no me van a ver callar excepto si ellos logran meterme a la cárcel”.
¿Alcanzamos ya el punto de no retorno?
“Sí hay retorno. Lo que estamos viendo en la Universidad de San Carlos con la elección nos muestra que hay esperanza. Lo que vemos en la expresión de diferentes grupos sociales… no tenemos a la gente protestando en la calle, pero salgo a cualquier espacio público e invariablemente se me acerca la gente a decirme que me apoya, que entienden el esfuerzo que uno está haciendo y que respaldan el esfuerzo que uno hace por mantener la cobertura de los hechos públicos-nacionales”.
¿Cómo se empieza a reconstruir un Estado que está al servicio de mafias?
“Tiene que ser a partir de un acuerdo político que involucre a las mayorías. Que haya una voluntad real de un grupo mayoritario en la sociedad de cambiar esto que está ocurriendo. Y se va a producir más temprano que tarde. Se invertirá de nuevo la situación y vamos a volver a tener una democracia funcional. Una vez que logremos cerrarle el espacio a esta coalición de élites gobernantes que le hacen tanto daño a los guatemaltecos”.
