Por Simón Antonio Ramón
Revelan un archivo de vigilancia y seguimiento clandestino, filtrado de la minera Fénix, hacia abogados y comunitarios que impulsaron la resistencia a ese proyecto y a periodistas y medios de comunicación que le dieron cobertura. Periodistas y abogados espiados confían en que el Ministerio Público abra una investigación.
La minera Fénix es propiedad de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN Pronico) y de la empresa matriz ruso-suizo Solway Investment Group que opera en El Estor, Izabal.
La revelación de este archivo filtrado se produjo con la publicación de una investigación periodística, desde el domingo 6 de marzo, dirigida por Forbidden Stories y de la que participa Prensa Comunitaria y 20 medios de comunicación de 15 país de Europa, Centroamérica y México.
El archivo consta de ocho millones de documentos, entre los años 2005 y 2021, además. En el archivo también aparecen mencionados periodistas internacionales que en 2019 publicaron la investigación Green Blood, primer proyecto del consorcio que dirige Forbidden Storie sobre la minera.
Tres personas mencionadas, seguidas y vigiladas, según este archivo han manifestado su temor y su indignación por esta acción implementada por la minera para minimizar la resistencia comunitaria. Consultados por Prensa Comunitaria señalaron que las industrias extractivas siempre utilizan este tipo acciones para reprimir y desestabilizar la resistencia a sus emprendimientos.
El abogado Rafael Maldonado, quien asistió legalmente a la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, que denunció la violación del derecho a la consulta, indicó que estás actuaciones revelan las prácticas de cuerpos paralelos de estas industrias. “Se evidencia lo que ya se sabía, en el uso de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) para afectar a las personas que denuncian las violaciones”, dijo el abogado.
Entre los periodistas que fueron vigilados se encuentra Santiago Botón, de la cadena internacional Telesur, quien afirmó que este tipo de actuaciones vulnera la institucionalidad del país. “Mi primera reacción es preocuparme porque ser vigilados es un asunto grave. Además, pone en riesgo la frágil democracia que tenemos”, afirmó.
Por su parte, el periodista Carlos Ernesto Choc, de Prensa Comunitaria, quien desde 2017 tiene un proceso penal abierto donde es querellante la minera Fénix, es otra de las personas vigiladas según los documentos filtrados. “Cuando comencé a hacer la documentación, jamás me imaginé la magnitud de cómo trabaja la empresa”, afirmó.
En más de una ocasión se han conocido listados por parte de megaproyectos levantados por las empresas para que las fiscalías regionales del Ministerio Público persigan a las personas penalmente, cómo ocurrió con la Minera San Rafael. “Entre el 2012 y 2013, la minera y su jefe de seguridad Alberto Redondo, llegaron a elaborar estructuras con fotos que obran en un expediente en el Ministerio Público”, dijo Rafael Maldonado.
“Hay antecedentes que estas empresas, en su sistema de seguridad contratan a militares expertos en inteligencia del Estado, ya sea en situación de activo o retiro, como el caso de la minera San Rafael y ahora esta; estás actuaciones ponen en vulnerabilidad a las personas que se movilizan en defensa del territorio”, indicó el abogado.
Para el corresponsal de Telesur en Guatemala “las vigilancias son un mecanismo que vulnera a los periodistas que laboran en los departamentos y que realizan cobertura a las demandas comunitarias”. “Esto demuestra que estamos expuestos y no tenemos muchos medios para protegernos, esto es grave”, afirmó.
Carlos Choc sostuvo que hubo ocasiones en qué se dada cuenta que estaba siendo vigilado, entonces trataba la manera de cambiar su rutina y otras ocasiones no. “Es una situación bastante delicada. Me preocupa ahora mi familia y cada vez me siento más vulnerado”, denunció el periodista.
En la publicación de Forbidden Storie y el diario español El País se señala que también fueron vigilados durante la producción de la investigación Green Blood en 2019. “Entre otras anécdotas, uno de los correos encontrado confirmaba que El País y otros colegas europeos que pasaron por El Estor, fueron espiados con drones y fotografías durante su cobertura”, publicó el diario español el domingo 6 de marzo.
“Indagando en los archivos de Solway, Forbidden Stories y sus socios descubrieron un archivo revelador. Con la etiqueta “fotos clave”, la carpeta interna incluía docenas de fotos de Choc: en el bosque, en un viaje de reportajes en marzo de 2019, conduciendo su camioneta roja por El Estor, caminando con el abogado Rafael Maldonado a su audiencia en la corte en las cercanías de Puerto Barrios”, publicó Léa Peruchon el día del lanzamiento de la investigación.
El abogado Rafael Maldonado espera que el MP abra de oficio una investigación sobre esta actividad. “Es su obligación porque es un actuar criminal de la empresa”, dijo el abogado.
El archivo filtrado por un grupo de hacker que se autodenominan Guacamaya Roja revela documentación de una extensión de tiempo de más de 15 años (2005 hasta el 2021).
Al final de ese período es cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizó una consulta, sin participación de las comunidades en resistencia y en medio de un estado de sitio.
