Por Regina Pérez
Según datos del Ministerio de Defensa, al mes invierten más de 129 mil quetzales para el funcionamiento de un destacamento militar, instalado en propiedad privada de una empresa de dos hidroeléctricas en la microrregión de Yichk´isis. Esta fuerza armada del Estado llegó al territorio Chuj de San Mateo Ixtatán en 2014 junto a una subestación de la PNC. La presencia de estas dos entidades estatales instaladas en un terreno privado, constituyen conflicto de interés, según una diputada y una abogada.
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Desde el 2013, en el municipio de San Mateo Ixtatán, al norte de Huehuetenango, la empresa Energía y Renovación S.A., cliente del BID Invest pretende instalar dos proyectos hidroeléctricos en la región de Yichk’isis (Ixquisis, en castellano), los cuales encontraron la oposición de la población, mayoritariamente indígena del lugar y cuya existencia no se tomó en cuenta para la inversión.
Este proyecto inició con varias irregularidades, desde la no observancia de la consulta comunitaria hasta ocultar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la presencia de pueblos indígenas maya Chuj y Q’anjob’al en la microrregión. Aunado a eso, se registró la instalación de un destacamento militar y una subestación policial en terrenos privados de la empresa desde el 6 de mayo de 2014, lo que según la diputada Sonia Gutiérrez y la abogada en derechos humanos, Jovita Tzul, constituye un conflicto de intereses, ya que se utilizan los recursos del Estado para proteger propiedad privada.
En octubre de 2021, tras una queja formal realizada en 2018 por pobladores de la región, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), del Grupo BID, presentó un informe en el que concluyó que en el marco de los proyectos hidroeléctricos Generadora San Mateo y Generadora San Andrés, el BID Invest desconoció la presencia de pueblos indígenas en la zona y que el banco incumplió varias de sus políticas internas, lo cual abrió la posibilidad del retiro de su inversión.
La presencia de la empresa en el área, antes con el nombre de Promoción de Desarrollo Hídrico S.A., ahora Energía y Renovación S.A., ha tenido varias consecuencias en la vida de las comunidades, desde las ambientales hasta los impactos diferenciados por razones de género, así como lo que los comunitarios ven como un aumento de la conflictividad social en el área, históricamente golpeada por el Conflicto Armado Interno (CAI) en Guatemala.
Desde 2014 el Ministerio de la Defensa (MINDEF) y el Ministerio de Gobernación (MINGOB) instalaron un destacamento militar y una subestación policial en terrenos de la empresa Energía y Renovación S.A. y en febrero pasado la bancada Winaq citó al ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos y al viceministro de la Defensa, Marvin Ochoa para que explicaran por qué un destacamento militar y una subestación policial están operando desde un terreno privado, que además pertenece a la empresa que la población rechaza. El titular de la cartera de Gobernación no asistió a dicha citación.
A raíz de esa citación, en la que el viceministro Ochoa negó que el destacamento militar opere en terrenos de la empresa, en contradicción con lo que afirmó el General de División, Juan Carlos Alemán Soto en una carta, la diputada Sonia Gutiérrez pidió tanto al MINDEF como al MINGOB la información de cuánto es el presupuesto de ambas entidades en personal, arrendamiento, índices de atención y las razones por las que están en la zona, así como una hoja de ruta para solventar el conflicto que existe por su presencia en el área.
Lucas Jorge García, presidente de la microrregión de Yichk’isis explicó en una entrevista a Prensa Comunitaria que la presencia del ejército y de la policía no es para resguardar la seguridad de los habitantes sino más bien para cuidar los intereses de la empresa. “Por eso la gente que pertenece a la microrregión de Yichk’isis no quieren a la PNC y al ejército porque están en terrenos de la empresa que es Energía y Renovación”, señaló.
La presencia de agentes de la PNC y elementos del ejército han causado temor en la población que sufrió el terror generado por el Estado durante los años del conflicto armado. Por otro lado, en los tiempos actuales estas entidades del Estado actúan a favor de la empresa, razón por la que no quieren su presencia en la microrregión, según García.
“No queremos que siga la policía ni el ejército, que se vayan, porque ya no estamos en tiempo de conflicto armado, el ejercito debería estar en el cuartel de Huehuetenango y la Policía en la subestación en Huehuetenango”, indicó.
¿Cuánto le cuesta al Estado mantener un destacamento y una subestación en la microrregión?
Durante la citación del 9 de febrero con la bancada Winaq, el viceministro de la Defensa, Marvin Ochoa, se comprometió con la diputada Gutiérrez a enviarle información relacionada a tres aspectos: el presupuesto destinado a mantener al personal destacado en dicho destacamento, los resultados logrados desde que se instaló el mismo y una hoja de ruta para resolver el conflicto de interés.
En un documento enviado a la diputada Gutiérrez, el ministro de la Defensa, Henry Yovani Reyes Chigua, respondió que el destacamento militar en Yichk’isis está ubicado en las proximidades en las instalaciones de la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico S.A. (Nombre anterior de Energía y Renovación S.A), “entidad que permitió utilizar un área de utilidad estratégica para el cumplimiento de las misiones de la defensa de soberanía, el control de las amenazas del crimen organizado y llevar gobernanza en el área de interés”.
En este sentido se expresó el viceministro Marvin Ochoa en la citación del 9 de febrero, indicando que la presencia del ejército en el área obedecía al control del crimen organizado en la región, fronteriza con México.
Para justificar su presencia en los terrenos de Renovación S.A., el ministro de la Defensa explicó que el lugar donde está ubicado el destacamento militar en Yichk´isis es un área de conflictividad, donde se han llevado a cabo ilícitos cometidos por miembros de maras y pandillas, narcoactividad, fenómenos naturales extremos, tráfico ilícito de personas, contrabando y defraudación aduanera, violación a la soberanía, así como riesgos como tránsito y tráfico ilegal de armas de fuego, lavado de dinero, extorsiones, homicidios, “conflictividad e ingobernabilidad, derivada del uso inadecuado de recursos naturales”, epidemia y pandemia.
Sobre el segundo requerimiento realizado por la diputada, en torno a un reporte de las incidencias provocadas por grupos delincuenciales, el MINDEF señaló que dicha información correspondía al MINGOB y no a ese ministerio.
Y en cuanto a una hoja de ruta para solventar el tema de conflictividad, la cartera de la Defensa respondió que en 2020 se emitió el acuerdo gubernativo 30-2020, que creó la Comisión de Verificación y Seguimiento para el Cumplimiento del Acuerdo por la Paz y Desarrollo de San Mateo Ixtatán (COVES).
Agregó que desde la publicación del acuerdo gubernativo, se han realizado cinco reuniones de coordinación en la que diferentes ministerios han adquirido compromisos para la solución de los conflictos.
Mientras, el Ministerio de Gobernación envió una carta a la diputada Gutiérrez con información escueta de lo solicitado y haciendo alusión a la Ley de la Policía Nacional Civil, al preguntarle sobre los objetivos de su presencia en la microrregión de Ixquisis.
Por otro lado, la cartera negó que el inmueble en que está instalada la subestación policial sea propiedad de la empresa Energía y Renovación, “es propiedad privada y se encuentra en calidad de préstamo”, dijo.
También se indicó que por el momento no se ha realizado ninguna gestión para el traslado o retiro de la subestación policial en la aldea Yichk´isis, San Mateo Ixtatán.
Jorge Lucas García comentó que debido a la presencia del ejército y la PNC, en el lugar se han suscitado diversos conflictos como el asesinato de Sebastián Alonzo Juan, un comunitario opositor a las hidroeléctricas, hecho ocurrido durante una manifestación en contra de la empresa el 17 de enero de 2017, cuando paramilitares abrieron fuego en contra de manifestantes. El ataque ocurrió a una distancia corta de donde están instalados el destacamento y la subestación pero las fuerzas de seguridad no auxiliaron a los manifestantes, según reportes periodísticos.
El presidente de la microrregión también mencionó que otros comunitarios han resultado heridos por bombas lacrimógenas o han sido víctimas de persecución penal, como es el caso de Julio Gómez Lucas, autoridad ancestral del pueblo Chuj quien fue enviado a juicio en abril de 2021.
Conflicto de interés
La diputada Sonia Gutiérrez, quien envió los requerimientos a los titulares de las carteras de Gobernación y Defensa, manifestó que existe un conflicto de intereses porque se confirma que el destacamento está ubicado en las instalaciones de la empresa. El argumento de las autoridades de Defensa es que es el espacio que tienen y por la ubicación estratégica, manifestó.
“Aquí el conflicto de intereses se constituye cuando la empresa es la entidad que ha sido cuestionada y denunciada por los vecinos, los líderes comunitarios y resulta que el Estado a través de esas entidades llega a ese lugar”, indicó Gutiérrez.
“¿Llegan a ese lugar para qué? Se supone que es para ir a brindar seguridad pero que al final lo que van a hacer es proteger los intereses de la empresa”, agregó la diputada.
Para la abogada y defensora de derechos humanos, Jovita Tzul, sí existe un conflicto de interés en el hecho de que las dos entidades encargadas de brindar seguridad a la población estén en terreno de la empresa “porque la obligación de garantizar la seguridad y la libertad de las personas, los bienes que protegen las instituciones como la Policía y el ejército, es obligación del Estado y no tiene que tener ninguna relación con una persona individual o jurídica porque eso haría dudar de la imparcialidad de las funciones de esta entidad”.
Tzul destacó que es por eso que el Estado cuenta con un presupuesto para garantizar que el funcionamiento del MINDEF y el MINGOB sea independiente de cualquier otra entidad. La abogada explicó que al estar instaladas ambas entidades dentro de las instalaciones de la empresa, sabiendo que está en la microrregión en contra de la voluntad de sus pobladores y que derivado de esa imposición se han generado conflictos, no existe garantía de independencia de presentar denuncias o de pedir el apoyo de la Policía si están en terrenos de la empresa que genera estos conflictos.
“Se rompe con la independencia y con la imparcialidad que tiene que tener la administración pública y hay un grave riesgo, que vulnera los derechos a las comunidades”, añadió.
La abogada insistió que esto no es nuevo y se observa en patrones de criminalización, como ha ocurrido con La Puya, en San José del Golfo, donde los recursos empresariales se mueven para garantizar la presencia de la PNC, así como en El Estor, Izabal, con los desalojos y por el tema minero. “Esto es parte de los patrones que se utilizan para amedrentar y criminalizar a las comunidades” señaló la abogada.
Para Jorge Lucas García es muy importante que se conozca lo que están viviendo los pobladores de la microrregión a nivel nacional e internacional. “Ya no queremos más capturas, denuncias, para intimidar a la gente” indicó.
En el informe del MICI se listan 29 recomendaciones para que los proyectos cumplan con las políticas operativas incumplidas, entre estas 10 recomendaciones relacionadas a los impactos en la cohesión social, violencia e inseguridad.
Informe Internacional sugiere que el BID retire su capital a dos hidroeléctricas en Huehuetenango
