Honduras: Guapinol va por sacar a Inversiones Los Pinares de su territorio

COMPARTE

Créditos: Libertad-Presos-de-Guapinol-28-de-febrero3-1024×768
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Radio Progreso

Las comunidades y organizaciones que integran el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón están decididos a seguir su lucha en defensa de los territorios demandando la salida de la zona de Inversiones Los Pinares, la causante de los múltiples problemas ambientales del sector y del conflicto interno en varias comunidades.

“La tarea que tenemos es dar el siguiente paso: que se suspendan los permisos de explotación de Inversiones Los Pinares en el parque nacional Montaña Botaderos”, dijo en Radio Progreso Reinaldo Domínguez, integrante del Comité de Defensa de los Bienes Públicos de Tocoa, Colón.

Domínguez aseguró que van a demandar que se revisen las licencias de los proyectos de Ekotec que, sin consultar con los pobladores, se ha instalado en la cabecera de las comunidades como Guapinol, Asentamiento Campesino La Lempira, Cayo Campo, nueves colonias y Ceibita aldea, lo que calificó como una situación muy grave.

En días recientes recobraron la libertad ocho defensores que permanecieron privados de libertad en la cárcel de Olanchito, Yoro y de La Ceiba, Atlántida, perseguidos por la empresa minera de Inversiones Los Pinares por defender el agua del río San Pedro Y río Guapinol.

Justicia tardía

Los ocho defensores estuvieron casi 30 meses privados de su libertad. “Ellos y su familia han sido víctimas de una conspiración de parte de Inversiones Los Pinares y de todo el conglomerado corporativo propiedad de Lenir Pérez, de su señora esposa de apellido Facussé e incluso de don Juan Orlando Hernández Alvarado que dicen que es socio de ellos”, dijo en Radio Progreso el abogado Rodolfo Zamora, integrante del cuerpo de abogados de los defensores.

Zamora dijo que la lucha de la población es por el agua, no sólo del río Guapinol sino de más de una docena de afluentes que nacen en la montaña. Sostuvo que los procesos penales han sido un distractor para que la comunidad deje de luchar por el ambiente y por el agua y se involucrara en la lucha judicial por la libertad de sus parientes que estuvieron presos durante casi mil días.

Reinaldo Domínguez sostiene que ahora van a buscar liberar el territorio. “No sólo se trata de que los compañeros salgan libres, no, claro que no, porque el territorio sigue comprometido, sigue en prisión por Lenir Pérez y su grupo, entonces vamos a luchar por una mejor organización en las comunidades hasta que se vaya Inversiones Los Pinares”.

Operadores de la justicia

Fuertes cuestionamiento han recibido los miembros del Ministerio Público y los jueces del Tribunal de Sentencia de Trujillo, quienes pusieron todas las trabas posibles para retener a los ambientalistas a pesar que existían dos sentencias de amparo que los liberaba de la cárcel.

“Ya hemos puesto varias denuncias. Desde el punto de vista civil, corresponde que estas personas sean indemnizadas, que haya resarcimiento de los daños y perjuicios que se han cometido en su contra, y desde el punto de vista penal, efectivamente se amerita una investigación para llevar a los estrados judiciales a los que se han prestado para esta grave injusticia”, dijo el abogado Zamora.

Para Reinaldo Domínguez, tanto los jueces como los miembros del Ministerio Público deberían ser sometidos a un proceso judicial.

“Podríamos llegar a buscar requerimientos o llevarlos por lo menos a audiencia de descargos porque se notó, en al menos dos jueces, que hicieron una presión salvaje para que estos compañeros siguieran en prisión, 14 días después de que la Sala dejara firme dos sentencias, ellos los seguían manteniendo presos, y por la presión se logró que los liberaran”, dijo Domínguez.

Señaló al Ministerio Público de actuar todo el tiempo en favor de Inversiones Los Pinares. Pero el abogado Rodolfo Zamora es claro al señalar que no se debe olvidar que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público siguen siendo vestigios del gobierno mafioso del señor Juan Orlando Hernández Alvarado.

COMPARTE