Por Radio Progreso
Las órdenes de extradición, y concretamente las acusaciones contra el ex presidente Juan Orlando Hernández por el gobierno de Estados Unidos, demuestran que la justicia en Honduras perdió el sentido de aplicarse correctamente, lo que convierte a la institucionalidad en un espacio débil y controlado por grupos mafiosos.
El analista Nelson García Lobo lamentó en Radio Progreso la incapacidad del poder judicial de castigar delitos, lo que expone a Honduras a esperar que la justicia llegue de mano de otros países, concretamente del gobierno estadounidense.
García Lobo cree que se debe aprovechar la nueva coyuntura que se abre con el gobierno para lograr nombrar autoridades competentes y honestas en instancias como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, para ir dando pasos en el rescate de la justicia.
Entre las responsabilidades que tiene el actual Congreso Nacional está la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general y su adjunto, las máximas autoridades encargas de los procesos investigativos y la aplicación de justicia en Honduras.
Desde la Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, se espera que este nuevo Congreso rompa la dinámica de nombrar a jueces que respondan a los intereses de los principales partidos políticos, condenando así a la justicia hondureña a seguir mordiendo a los pies descalzos.
La abogada Ondina Varela, jueza de sentencia y actual presidenta de la AJD, manifestó en Radio Progreso que ante la amenaza de control que puedan hacer los partidos políticos, la sociedad civil debe ser la veedora del proceso de selección de candidatos y futuras autoridades, únicamente así se logrará que el órgano funcione.
Varela llamó a los diputados y políticos a deponer sus intereses personales para rescatar la justicia secuestrada en Honduras.
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