Créditos: Forbidden Stories
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Por Prensa Comunitaria

Todos deberíamos de tomar muy en serio lo que el Estado de Guatemala está haciendo contra el periodismo que le señala las bajezas, la corrupción, los continuos irrespetos al Estado de Derecho y la complicidad grosera con el crimen organizado. Fiel a los libretos de sus épocas más oscuras, el Estado criminaliza a los periodistas críticos; quiere aplicarles la misma brutalidad que ya mostró a las juezas, los fiscales y los investigadores que destaparon la cloaca del poder de las élites depredadoras en los últimos años.

Alejandro Giammattei, el presidente, cuestionado por múltiples denuncias de corrupción e incapacidad, ha optado por el manual del dictador autoritario: perseguir, aniquilar al mensajero para no hablar del mensaje.

Al presidente el periodismo guatemalteco le descubrió los tratos que se supone hizo con los mineros rusos de Mayaníquel, el de dinero envuelto en una alfombra a cambio de nuevas licencias y de abrir el Puerto Santo Tomás de Castilla a intereses políticos y comerciales de la Rusia de Putin. También le señaló el fiasco, la estafa de las vacunas Sputnik. El affaire de los departamentos para sus hijos.

El 6 de marzo, un consorcio periodístico internacional coordinado por Forbidden Stories en Francia, en el que participan 65 periodistas de 20 medios en 15 países, empezó a publicar reportajes, documentales y otros productos que revelaron la relación impropia y antiética entre sucesivos gobiernos de Guatemala y la mina de las compañías ruso-suizas Solway, CGN y Pronico. Esas historias revelaban, entre otras cosas, que la mina hizo pagos regulares a la PNC, a funcionarios municipales y a otros para garantizar una operación que fue declarada ilegal por la Corte de Constitucionalidad desde 2019.

Los medios guatemaltecos que participaron en el consorcio también revelaron, basados en miles de documentos de la empresa ruso-suiza y la cobertura durante cinco años en El Estor, que la mina sobornó a funcionarios municipales, que utilizó dinero para influir en la consulta comunitaria, que la mina contrató a empresas de narcotraficantes y que Mayaníquel, la compañía rusa acusada de sobornar a Giammattei, tiene relaciones comerciales orgánicas con Solway.

Antes de la publicación, cuando ya varios equipos periodísticos de todo el mundo hacían trabajo de campo en Izabal, y en medio del estado de sitio que decretó Giammattei para que Solway-CGN-Pronico llevara adelante una consulta amañada sin obstáculos, la criminalización a los periodistas que cubren El Estor ya había empezado.

Para esa persecución fue esencial la complicidad del MP de Consuelo Porras, listada por Estados Unidos como actora corrupta y antidemocrática y a quien el periodismo también ha descubierto irregularidades y malas actuaciones.

El primero de diciembre de 2021, 13 policías, acuerpados por el Ministerio Público de Porras, hicieron acusaciones espurias en contra de Carlos Ernesto Choc, uno de los periodistas Maya Q’eqchi’ que han reportado los abusos de la mina desde 2017. Lo acusan a él y a otras 11 personas de “instigación para delinquir” y de ser responsables de supuestamente lesionar a los policías.

Al revisar la denuncia queda claro que todo es un despropósito, empezando por la intención de poner en calidad de víctima a los policías, que en realidad fueron los victimarios. Fue la PNC, bajo órdenes del gobierno de Giammattei, la que disparó cientos de bombas lacrimógenas contra pobladores indefensos, a los cuerpos de muchos de ellos y a pocos metros de distancia. Viral fue, por ejemplo, la imagen de una mujer Q’eqchi´ cargando en sus brazos las decenas de cartuchos de gases lacrimógenos. Un policía, incluso, pidió a un periodista de Prensa Comunitaria que documentaba el ataque policial que dejara de grabar porque ellos, los policías, iban a empezar a disparar mientras un grupo de fuerzas especiales se posicionaba detrás con fusiles Tabor.

Todo esto lo escribe Prensa Comunitaria con pleno conocimiento de causa. Cuatro periodistas, además de Carlos Choc, cubrían la violencia policial del 22 de octubre y vieron, de primera mano, que la agresión vino del lado policial y que, de hecho, fueron los gases de la PNC los que provocaron estragos. Un periodista documentó, por ejemplo, que un niño tuvo que ser llevado inconsciente a recibir atención médica tras sufrir un shock por las lacrimógenas de la PNC.

La denuncia interpuesta por los policías en diciembre, en el MP de Morales Izabal, y firmada por el juez Edgar Anibal Arteaga, también pretende despojar a Carlos Choc de su calidad de periodista comunitario. Carlos no es un líder de la resistencia Maya Q’eqchi’. Carlos no participó en las manifestaciones ni en la protesta pacífica. Carlos, junto a otros periodistas documentaron, contrastaron y publicaron la información de lo que ocurrió el 22 y 23 de octubre de 2021, que es lo que hace un reportero.

Carlos Choc volvió a hacer lo que lleva haciendo desde 2017, cuando documentó la muerte del pescador Carlos Maaz, quien protestaba contra la mina, asesinado a manos de la PNC: informar de las irregularidades y los abusos. Ha sido eso, el trabajo de informar y denunciar, lo que le ha provocado la persecución del Estado de Guatemala y la mina a Carlos Choc.

Además de a Carlos, el Estado ha criminalizado a Juan Bautista Xol y a Baudilio Choc, otros dos periodistas comunitarios Maya Q’eqchi’ que han reportado desde El Estor la violencia del Estado guatemalteco contra los pobladores de la zona para favorecer a la mina ruso-suiza. A ambos MP, PNC y agentes de inteligencia estatal les allanaron sus casas, les obligaron a desarraigarse temporalmente de sus hogares y a uno de ellos le secuestro el teléfono.

Hay que tomarse esto muy en serio, escribíamos. Se trata de un grave caso de violación a los derechos fundamentales de periodistas guatemaltecos, a la libertad de expresión, que están ahora en riesgo de ir a la cárcel y de sufrir ataques a su integridad física. En Guatemala, si un opositor al poder cae preso, la posibilidad de que lo maten en la cárcel es muy real.

Así deberían de entenderlo los gobernantes de Guatemala, el cuerpo diplomático aquí acreditado, las organizaciones que velan por los derechos de los periodistas y los colegas en el país, en Centroamérica y en el mundo. Si no se hace nada ahora, si se permite al Estado guatemalteco actuar con impunidad contra Carlos Choc, Juan Bautista Xol, Baudilio Choc y el resto de los periodistas de Prensa Comunitaria que han investigado a la mina, su relación impropia con el gobierno y sus actividades irregulares, los poderes políticos y económicos del país sabrán que pueden hacer lo que quieran en total impunidad.

Se trata, este, de un nuevo caso de persecución criminal emprendido por un poder político-económico en un país latinoamericano, Guatemala, contra periodistas independientes. Guatemala no es México aún, en lo que a la violencia contra periodistas se refiere, pero hacia ahí camina el país a una velocidad vertiginosa.

Todo esto ocurre en un contexto de absoluto retroceso de las garantías democráticas en Guatemala, donde el debido proceso, la libertad de expresión y la de pensamiento parecen cada vez más materia de la ficción y no derechos que deberían darse por descontados en una democracia que respeta la división de poderes y acepta la Declaración Universal de Derechos Humanos como norte legal.

Esta es la Guatemala que persigue a periodistas como los colegas Maya Q’eqchi’ de El Estor. al colega Juan Luis Font, o a los de Vox Populi. Es la misma que ha mandado a 22 operadores de justicia al exilio y utiliza a su fuerza pública como gendarme de una mina que se comporta como lo hacían los hacendados de siglos anteriores. Esta Guatemala es peligrosa y, por serlo, necesita como nunca del periodismo valiente que ahora se quiere criminalizar.

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