Créditos: La fiscal de la FECI, Virginia Laparra, fue ligada a proceso por el juez séptimo, Sergio René Mena Samayoa. Foto Juan Rosales.
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Por Regina Pérez

Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, enfrentó su primera declaración a una semana de haber sido detenida por una denuncia en su contra por parte de la Fundación contra el Terrorismo. El juez séptimo, Sergio René Mena Samayoa, la ligó a proceso y la envió a prisión preventiva al centro carcelario Matamoros.

Laparra fue detenida el 23 de febrero en Quetzaltenango, por una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Publico (MP), porque supuestamente en su calidad de fiscal interpuso múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales en contra del juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos.

Castellanos figura como querellante en esta denuncia, al igual que Ricardo Méndez Ruiz y el abogado Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo. También el abogado Omar Barrios, quien aspiraba a una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC). Méndez Ruiz y Falla también son denunciantes en otros casos contra exfiscales y fiscales de la FECI.

Laparra tuvo que esperar una semana para su audiencia de primera declaración, la cual fue suspendida en al menos seis ocasiones. El pasado 3 de marzo, se presentó nuevamente a Tribunales.

Como se ha observado en los casos de cuatro fiscales y exfiscales de la FECI y de la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leily Santizo, esta audiencia se realizó a puerta cerrada, a pesar de que no era un caso en reserva. El juzgado basó sus argumentos en los protocolos para prevenir la COVID-19.

La audiencia duró casi ocho horas y, finalmente, se conoció que el juez Mena Samayoa ligó a proceso a Laparra por los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

La captura de Laparra se suma a las detenciones de los fiscales y exfiscales de la FECI: Eva Siomara Sosa, quien renunció a la Fiscalía tras conocer la orden de captura en su contra; Willy Racanac, Paola Escobar y la exfiscal Allis Morán Mejía. Los tres últimos esperan la confirmación del Juzgado que conocerá su caso, ya que el juez asignado, Geisler Smaille Pérez, se excuso de conocer la investigación. Mientras tanto, todos guardan prisión provisional en el centro de detención preventiva Mariscal Zavala, donde varias de las personas que ellos procesaron están encarcelados.

Tras conocerse la resolución del juez que la envió a prisión preventiva, el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, comentó en su cuenta de Twitter que la vida de la fiscal corría peligro.

Por su parte, Jorge Santos, director de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), organización que ha acompañado las audiencias, reiteró que en el país no hay ninguna cárcel que tenga garantías para la protección y la vida de las personas, que en el caso de las y los exfiscales existe un riesgo mayor.

UDEFEGUA ha dado seguimiento a la situación de la abogada Santizo y la exfiscal Sosa, quienes en reiteradas ocasiones han manifestado temor por su integridad en el Mariscal Zavala.

Sobre las audiencias a puerta cerrada que realiza el Organismo Judicial, para evitar el ingreso de la prensa y observadores, Santos indicó que se trata de un argumento falaz porque muchas de esas audiencias son de carácter público.

A la audiencia de Laparra no se permitió el ingreso de la prensa ni de observadores de derechos humanos pese a que el caso no está en reserva. Foto Juan Rosales.

El defensor dijo que más que brindar protección por la pandemia se pretende limitar un ejercicio de derechos fundamentales que asisten no solo a la prensa, sino también al conocimiento de la población sobre actos públicos.

Se intentó contactar a la abogada defensora de Laparra para conocer más detalles de la audiencia, sin embargo al cierre de esta nota no respondió a las llamadas.

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