Este sábado 26, cuando se realizaba una caminata en la comunidad, dentro de las actividades conmemorativas, un grupo de soldados apareció en el lugar, su presencia fue rechazada por las y los sobrevivientes y las víctimas.
Por Carlos Choc
Cada 26 de febrero es una fecha muy importante para los y las sobrevivientes de la guerra en la zona de la Sierra de las Minas y el área sur del municipio de El Estor, debido a que en 2016 la jueza Iris Yassmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, de Guatemala, resolvió a favor de 11 abuelas maya Q’eqchi’ y condenó a los militares responsables por delitos de lesa humanidad, violación y esclavitud.
“Hacemos esta actividad en honor a los que fueron asesinados, porque sabemos que el espíritu de una persona no muere y que solo es el cuerpo que regresa al polvo”, expresó Santiago Xol, sacerdote maya Q’eqchi’, después de realizar un acto ceremonial en el sexto aniversario de la sentencia del Caso Sepur Zarco.
Los familiares de los sobrevivientes de la guerra interna realizaron varias actividades en la comunidad. Dentro de las mismas, se organizó una caminata, cuando esta recorría la comunidad un grupo de soldados del Ejército se presentó generando indignación entre las y los participantes.
“Nosotros no queremos ver aquí al Ejército, porque ellos fueron los que vinieron asesinar, a secuestrar a masacrar a nuestros padres, por favor pueden retirarse señores militares”, expresó una mujer ante la presencia de los soldados, que después, y ante los cuestionamientos, se trasladaron al interior del mercado de la comunidad y fingieron estar interesados en adquirir mercaderías.
A estas comunidades y a la mayoría de los sobrevivientes de la guerra civil, la presencia de los militares en la zona les recuerda cómo vivieron esos momentos difíciles, cuando el Ejército detuvo a varios comunitarios, la mayoría fueron desaparecidos y asesinados sin que nadie pudiera decir algo. ‘’Lo que yo vi y siento en el alma es un dolor profundo y digo esto porque yo vi cómo nos hizo mucho daño los militares”, dijo una persona sobreviviente quien pidió que su nombre se mantuviera en el anonimato.
Algunas organizaciones sociales y comunitarias, artistas estuvieron presentes en la conmemoración del sexto aniversario de la sentencia en el Caso de Sepur Zarco, en dicha comunidad, quienes también rechazaron la presencia de los militares en plena actividad.
Las mujeres de Sepur Zarco exigían justicia por la desaparición de sus esposos, hijos e hijas, y por violencia sexual y esclavitud a la que el Ejército las sometió, según los testimonios de algunas de ellas y las pruebas presentadas por peritos y el MP.
Fueron condenados por este caso dos exmilitares por los delitos de crímenes de lesa humanidad, violación, asesinato y esclavitud. El tribunal también resolvió que se concediera de 16 medidas de reparación, que, según una persona de la misma comunidad, algunas si están cumpliendo, pero en el tema de la certeza jurídica no hay ningún avance
“Si nosotras no alzamos nuestra voz no podemos esperar que todo se resuelva en paz’’, expreso una de las abuelas del Caso Sepur Zarco, refiriéndose sobre cómo el Estado ha ignorado el tema de la certeza jurídica. “Las empresas quieren quitarnos todas las tierras para seguir sembrado más palmas y donde vamos nosotros a vivir o sembrar por que también nos estamos quedando sin agua y sin algunos ríos”, expresó al respecto, Demecia Yat de Xol.
La presencia de los militares en El Estor es un elemento de permanente tensión, tienen una presencia en la zona que se ha visto incrementada por los estados de sitio y el despliegue de fuerzas represivas que en ellos se realiza. Los estados de sitio decretados en Izabal han sido para realizar órdenes de captura a personas de las comunidades que viven en resistencia, quienes defienden el territorio ante las industrias extractivas. El más reciente fue en octubre del 2021, cuando el Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’ exigía el respeto de sus derechos como pueblo y ser tomados en cuenta en un proceso de consulta por un proyecto minero. La respuesta del Estado y el Gobierno central fue la represión, allanamientos de viviendas y la detención de personas que participaron en la manifestación pacífica contra los proyectos extractivos que duró 21 días.
