Por Regina Pérez
El antejuicio presentado contra la jueza Érika Aifán, quien ha llevado varios casos emblemáticos de corrupción en su juzgado, está a un paso de llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El destino de la jueza depende ahora de un tribunal ampliamente cuestionado por sus pactos con los grupos de poder aliados al presidente Alejandro Giammattei.
El pasado 9 de marzo, Aifán presentó sus pruebas de descargo ante el juez Roaldo Chávez, por el antejuicio que interpuso en su contra el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, que la señala de haber ordenado diligencias ilegales en el caso conocido como “Comisiones Paralelas 2020” contra magistrados de Salas que gozaban de inmunidad.
La investigación del caso Comisiones Paralelas fue realizada por Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), por una posible manipulación en la elección de magistradas y magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones en 2019. Según la FECI, el empresario Gustavo Alejos se reunió con varios actores, entre candidatos a magistrados de la CSJ y Salas, jueces, magistrados y diputados para manipular la elección. El juez que denunció Aifán, Wilbert Castellanos, expresidente del Instituto de Magistrados, estaba en la lista de funcionarios judiciales contra quien la FECI solicitó el retiro de su inmunidad por este caso.
A la audiencia, en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, que duró toda la jornada, llegaron representantes de la Unión Europea, el Reino Unido y Suecia, así como el embajador de Estados Unidos, William Popp, para mostrar su apoyo a la jueza.
Con la finalización de la audiencia de pruebas de descargo, que realizó ante el juez pesquisidor de su antejuicio en dos jornadas, el 4 y 9 de marzo, solo queda que el juez envíe su informe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con su recomendación para que los magistrados decidan en votación si se le retira o no el antejuicio, si el juez pesquisidor no ordena más diligencias relativas a este expediente.
La actual CSJ, dirigida por la magistrada presidenta Silvia Valdés tiene varios cuestionamientos en su contra. Uno, que es una Corte ilegítima que está usurpando funciones, porque desde hace tres años el Congreso debió elegir a sus sucesores, lo cual no se ha realizado hasta la fecha.
La CSJ es vista como parte de la alianza dominante en el país, integrada por el Ejecutivo, el Congreso, la CC y el Ministerio Público. Los magistrados han rechazado, al menos en tres ocasiones, tres antejuicios presentados en contra de la Fiscal General Consuelo Porras, pero ha votado a favor de retirarle la inmunidad al juez de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul y al diputado Aldo Dávila, un opositor del gobierno de Giammattei.
Para Andy Javalois, consultor jurídico, la Corte Suprema no es imparcial y teme un fallo que vaya en ese sentido, en contra de la jueza, porque desde su presidenta, Silvia Valdés y al menos nueve magistrados más, han demostrado estar en contra de quienes luchan contra la corrupción y tienen identificada a Aifán como una de esas personas.
La FECI de Sandoval también requirió retirarle la inmunidad a ocho magistrados de la CSJ, incluyendo Valdés, por el papel que habrían jugado en el caso Comisiones Paralelas 2020, al integrar la Comisión de Postulación. La solicitud fue rechazada.
Al salir de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, Aifán dijo desconocer cuándo el juez presentará su informe ante la CSJ, que tendrá su próxima sesión el miércoles 16 de marzo y si pedirá otras diligencias.
“Estaría a la espera de ver cuales son las diligencias que él pueda realizar o si no realiza ninguna, ya queda a criterio de él”, indicó Aifán.
#Ahora La audiencia de la jueza Érika Aifán por el antejuicio en su contra entra a un receso de media hora tras más de 5 horas ininterrumpidas. En esta audiencia ella está presentando sus pruebas de descargo ante el juez pesquisidor Roaldo Isaías Chavez.
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— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) March 9, 2022
La jueza señaló que tiene varias acciones legales en trámite, entre amparos, recursos y ocursos, y que el pasado 9 de marzo la Corte de Constitucionalidad (CC) dio trámite a otro amparo que interpuso en contra de la CSJ. “Vamos a darle seguimiento para ver si la CC o la Corte Suprema enmienda los errores procesales que hemos visto en la tramitación de este antejuicio”, indicó.
Con anterioridad, la CC ha negado los amparos provisionales presentados por la jueza. Uno de ellos fue en contra de la CSJ en el cual señaló irregularidades en la integración del pleno que designó al juez pesquisidor, quien es parte de la Junta Directiva del Instituto de Magistrados.
Por esta razón, el juez Chávez pidió un plazo para apartarse de su cargo, el cual vencerá el próximo 21 de marzo. Sin embargo, se desconoce si pedirá una ampliación del mismo. “Desde mi punto de vista él no debió pedir una ampliación, sino excusarse”, señaló Aifán.
Para Javalois, el juez Chávez tiene un conflicto de interés, ya que es parte del Instituto de Magistrados, una entidad que no es parte del OJ, integrada por magistrados de Sala, algo que ya había sido señalado por Aifán, quien le pidió al juez que se excusara de conocer su antejuicio.
El abogado dijo que el juez Chávez puede sugerir retirarle o no el antejuicio a Aifán, pero la última palabra la tendrá la CSJ. Una vez retirada su inmunidad, el abogado indicó que la captura de la jueza es casi un hecho. “Estoy seguro que hay jueces que se prestarán a una orden de aprehensión”, señaló.
En una entrevista con Prensa Comunitaria, Aifán señaló que su vida estaría en grave riesgo en el momento en que fuera separada del cargo.
Molesta la presencia de embajador de EE.UU. al CACIF y a la CIG
Ayer, el embajador de Estados Unidos, William Popp, se presentó a la audiencia y se sumó a representantes de la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Suecia que se han presentado para mostrar su apoyo a la jueza.
Popp es el único embajador, hasta la fecha, que se ha presentado en Torre de Tribunales para expresar apoyo a Aifán y lo hizo un día después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos señalara que están profundamente preocupados por “los continuos y desvergonzados ataques de Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, contra el sistema de justicia en Guatemala”.
En el pronunciamiento, el Departamento de Estado mencionó que además del arresto de fiscales y exfiscales, continúan los esfuerzos para retirar la inmunidad de otros jueces y fiscales anticorrupción.
La presencia del embajador Popp y otros representantes de la UE afuera de la Sala molestó al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales e Industriales (CACIF) y la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), quienes reaccionaron ante la presencia de diplomáticos, señalando que puede interpretarse como una coacción al juez.
“Consideramos que la presencia de diplomáticos en la sala del Tribunal durante el curso de una audiencia, es un acto que puede interpretarse como una coacción al juez”, señaló el CACIF en un comunicado. Mientras que la CIG manifestó que existe “la seria preocupación por el acompañamiento que ha recibido la jueza Érika Aifán Dávila por parte de algunos miembros de la comunidad internacional”, que además han externado su apoyo y opinión respecto a las denuncias presentadas en su contra.
En tanto, el gobierno de Giammattei, por medio del canciller, Mario Búcaro, hizo saber a los embajadores de Estados Unidos, Suecia e Italia, su preocupación por actividades contrarias al artículo 41 de la Convención de Viena. Según un tuit del Ministerio de Relaciones Exteriores, los diplomáticos manifestaron sus inquietudes por acciones que puedan vulnerar los derechos humanos del país.
Agradece apoyo
Por su parte, la jueza Aifán agradeció las muestras de apoyo recibidas el miércoles de parte de miembros del cuerpo diplomático. “Lo único que puedo hacer es agradecer ese apoyo, esa confianza al trabajo independiente de jueces y juezas”, manifestó.
Esta semana también acudieron a la Torre de Tribunales, personas de diferentes sectores para mostrarle su solidaridad a la jueza, sumado al apoyo del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas y del cardenal Álvaro Ramazzini.
Aifán ha sido reconocida por su labor al frente del Juzgado de Mayor Riesgo. En marzo de 2021 recibió el premio “Mujer de Coraje”, que fue entregado por la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que reconoció su valentía y consideró un “ícono” de la justicia en el país.
También ha recibido otros reconocimientos como el Premio de Derechos Humanos y del “Estado de Derecho 2021”, entregado por los gobiernos de Alemania y Francia.
Jueza Aifán recibe solidaridad de personalidades ante acoso judicial
