“Consuelo Porras no muestra más que desprecio por las personas e instituciones que luchan contra la corrupción”

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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 3 minutos

Funcionarios de Estados Unidos piden al gobierno de Alejandro Giammattei poner fin a los ataques contra jueces y fiscales; garantizar su integridad y respetar sus derechos al debido proceso. Las declaraciones de las autoridades estadounidenses se dan en un contexto adverso para fiscales y jueces independientes que fueron parte de la lucha contra la corrupción y que han sido criminalizados por el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras. La Cámara de la Industria pidió a través de un comunicado “la abstención de interferencia de actores extranjeros en los asuntos internos del Estado de Guatemala”. 

Por Prensa Comunitaria

Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), publicó este miércoles en su perfil de Twitter, un mensaje en el que dice que la fiscal general, Consuelo Porras, “no muestra más que desprecio por las personas e instituciones que luchan contra la corrupción en Guatemala”.

Power, quien también se desempeñó como directora Senior del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, entre 2008 y 2013, añadió que “el gobierno de Guatemala debe poner fin a los ataques contra jueces y fiscales independientes, garantizar su integridad y respetar sus derechos al debido proceso”.

Las declaraciones de la funcionaria estadounidense se suman a las hechas por Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, en las que dice: “Hacemos un llamado al gobierno de Guatemala, para garantizar la seguridad personal y el trato justo y transparente de todos los involucrados en el sistema de justicia”.

“Los ataques de la fiscal general, Porras, a los jueces y fiscales independientes, deben cesar”, concluyó.

https://www.state.gov/guatemalas-public-ministrys-continued-attacks-against-independent-judges-and-prosecutors/

La postura de los funcionarios estadounidenses coincide con la publicación de un comunicado del gobierno de Estados Unidos, el pasado 8 de marzo, en el que condena los “descarados ataques de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público, contra el sistema de justicia de Guatemala, a través de arrestos y detenciones por motivos políticos, de servidores públicos actuales”.

Las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos se dan en un contexto adverso para fiscales y jueces independientes que fueron parte de la lucha contra la corrupción y que han sido criminalizados por la persecución que el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, ha llevado adelante a través de la nueva Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Uno de los casos más recientes es el de la jueza Erika Aifán, del juzgado de Mayor Riesgo D, que se presentó este miércoles 9 de febrero para continuar con la audiencia por el antejuicio en su contra, para presentar sus pruebas de descargo ante el juez pesquisidor Roaldo Isaías Chávez, planteado por el Instituto de Magistrados del Organismo Judicial.

El embajador de Estados Unidos en el país, William Popp, se presentó al juzgado mientras se desarrollaba la audiencia a puerta cerrada. Al final de la jornada, la Cámara de la Industria publicó un comunicado en el que expresan “preocupación por el acompañamiento que ha recibido la jueza Erika Aifán Dávila por parte de miembros de la comunidad internacional” y al mismo tiempo exigieron “la abstención de interferencia de actores extranjeros en los asuntos internos del Estado de Guatemala”.

También se da luego de que cuatro exfiscales de la FECI renunciaron y que enfrentan un proceso judicial por señalamientos de abuso de poder en el caso “Comisiones Paralelas”; dos más tuvieron que salir al exilio, para evitar ser perseguidos por la fiscal Porras.

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Finalmente, está el caso de la persecución de la exmandataria de la CICIG, Leily Santizo y de la exfiscal Siomara Sosa, que después de más de veinte días de haber sido detenidas fueron ligadas a proceso por el delito de colusión por el juez Geisler Pérez, quien también les dictó arresto domiciliar.

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