Colectivo Amigos por el Agua presenta argumentos contra Acuerdo que regula uso

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Créditos: El colectivo “Amigos del Agua” durante la conferencia de prensa.
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Diego Petzey

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua el colectivo “Amigos por el Agua”, conformado por organizaciones indígenas y sociales, evacuó este martes una audiencia de vista pública virtual de la Corte de Constitucionalidad, en la que presentaron sus argumentos en contra del acuerdo ministerial 73-2021 emitido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por Lorena Mejía Álvarez, representante de la comunidad Buenos Aires, Eduardo Juárez Borrayes, representante de la comunidad Chiquirines, Juana Hernández, del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) y Cruz Matías Agustín, representante del Consejo de Autoridades Ancestrales del municipio de Concepción Tatuapa del departamento de San Marcos.

La acción pretende que se declaren sin lugar los artículos 5, 6, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 51 del Acuerdo Gubernativo 73-2021, emitido por el presidente Alejandro Giammattei. Los cuales versan sobre el aprovechamiento, uso, goce y manejo de las aguas a nivel nacional y crean el Viceministerio del Agua.

Eduardo Juárez Borrayes, representante de las comunidades del municipio de La Blanca, expresó que este día se conmemora el Día Mundial del Agua pero no se hacen acciones que promuevan la institucionalidad para proteger y cuidar el agua. De acuerdo con Borrayes, las grandes empresas usan el agua de forma inmoderada sin ninguna regulación, mientras que con el acuerdo gubernativo 73-2021 se pretender controlar el agua a los campesinos que son los que mantienen al país con los alimentos que producen.

Borrayes concluyó su intervención diciendo “¿Será que vamos a vivir de la caña de azúcar?, ¿comeremos tortillas de palma de aceite o tortillas de banano?, ¿de donde irían a traer agua los agricultores para sus cultivos?”.

Audiencia de vista pública virtual realizado este martes. Créditos: Fotograma

Por su parte Juana Hernández, representante del Consejo de Pueblos de Occidente CPO, manifestó que la humanidad no es quien creó la vida en este planeta, solo es parte de un hilo del tejido de vida y que como pueblos indígenas han resguardado y protegido el agua, por lo que rechazan y muestran su inconformidad con el reglamento publicado.

Al final de la audiencia, la agente fiscal del Ministerio Público (MP), Verónica Del Carmen Mazariegos Herrera, declaró que el presidente Giammattei, al emitir dicho reglamento no contravino o invadió esferas y atribuciones que no le corresponden. La fiscal indicó a las comunidades que presentaron el recurso de inconstitucionalidad de que el mundo es cambiante y evolutivo y que no se puede comparar la época de sus antepasados en cuanto al derecho de la abundancia del vital líquido.

“Nos hemos dado cuenta que a través de constructoras se ha limitado esos derechos y tenemos que entender que todo esto es evolutivo” manifestó la agente fiscal solicitando a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que declare sin lugar las acciones planteadas por las comunidades indígenas.

Lanzan un llamado a la unidad nacional

Eliu Orozco, del CPO, en conferencia de prensa realizada en la cabecera departamental de San Marcos, instó a todos los pueblos a una unidad y reorganización para alcanzar los cambios a favor de sus derechos humanos.

“Lanzamos un llamado a la unidad nacional, a la unidad comunitaria y a la unidad departamental, para que recuperemos a lo que concierne a todos nuestros derechos colectivos e individuales”, concluyó Orozco.

Al final de la conferencia, Toribio Pineda Garcia, sacerdote católico, quien forma parte de la Alianza para la Auditoria Social y asesor de la Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos, leyó un comunicado en el que exigen y plantean varias acciones que debería promover el gobierno de Guatemala, entre las cuales destacan: que se respete el espíritu del Artículo 127 constitucional, que establece que el agua es un bien público y debe tener primacía sobre el derecho individual o particular, y que las autoridades del gobierno asuman su rol de proteger a los ecosistemas relacionadas con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

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