Las comunidades de origen maya Ch´orti´, del municipio de Olopa en Chiquimula, siguen escribiendo historias de resistencias y luchas políticas de manera pacífica contra empresas mineras impuestas en sus territorios, pese a la criminalización y la judicialización de sus protestas. El pasado 25 de febrero, comunitarios y autoridades ancestrales de ese municipio celebraron el sexto año de resistencia pacífica contra la empresa minera Cantera Los Manantiales y exigieron a las autoridades del gobierno la cancelación definitiva de esta operación minera ubicada en la comunidad de La Prensa, a pocos kilómetros de la frontera con Honduras.
Por Amílcar Morales
La celebración de los seis años de resistencia se realizó en el caserío Pinalito, situado en la aldea La Prensa, el pasado 25 de febrero, allí se concentraron 14 comunidades que integran actualmente la “Resistencia Pacífica” antiminera del municipio de Olopa.
La actividad inició con una ceremonia maya, en la que se contó con la participación de guías espirituales y autoridades ancestrales.
Las comunidades recordaron que la empresa minera Cantera Los Manantiales, propiedad de Ovidio Guzmán, un empresario de Chiquimula, llegó al lugar en 2012, con una licencia sin consultar a los pobladores que allí habitan. La gente en aquel entonces, se organizó para rechazar la operación e impedir el ingreso de maquinarias al territorio Ch´orti´. Sin embargo, la lucha no fue fácil, la gente comenzó a vivir bajo amenazas, a lo que se sumó la división comunitaria y el asesinato de dirigentes.
Los pobladores se organizaron en resistencia, con el fin de defender sus recursos naturales, como las fuentes de agua, los cerros y los bosques comunales, ante la imposición de proyectos de extracción minera, recordó Ovidio Alonzo, autoridad indígena de Olopa.
Así fue como surgió, en 2016, la lucha pacífica antiminera de la población Ch´orti´ del municipio de Olopa, frontera con Honduras. El trabajo de las autoridades fue pacífico, sin ningún tipo de confrontación, solo exigían a las autoridades del Gobierno central la atención a sus peticiones y demandas y que las resoluciones de la Cortes a favor de la población sean respetadas, sin uso de la fuerza y violencia.
Don Ovidio Alonzo relató que a lo largo de estos años de lucha “la gente solo busca la paz y la defensa de los recursos naturales”, pero han asumido otras consecuencias. “Hay compañeros de lucha que fueron asesinados, otros bajo amenazas y algunos dirigentes criminalizados injustamente por la empresa Cantera Los Manantiales, acusados de agresión”, comentó.
“Nosotros como pueblos originarios solo cuidamos, defendemos y protegemos los recursos naturales, mientras que las empresas solo vienen a intimidar, a provocar, a contaminar, a destruir, dañar la naturaleza y la vida humana”, recordó don Alonzo.
Los conflictos que vivieron los pobladores de Olopa, desde que la empresa se instaló en 2012, fueron por defender el ecosistema, denunciar la contaminación ambiental y la extracción de los minerales de forma arbitraria.
Según las autoridades ancestrales de ese municipio, durante estos años de lucha, han estado hombres y mujeres en permanente resistencia durante las 24 horas en las entradas de cuatro comunidades directamente afectadas: El Amatillo, Carrizal, La Prensa de Olopa y Carbones de Chiquimula; para impedir el ingreso de trabajadores y maquinarias de la empresa al territorio. En las voces de los pobladores se entiende que la lucha por la defensa del territorio cobró fuerza y aceptación en la cotidianidad comunitaria.
Durante los discursos y relatos, los representantes de las 14 comunidades que integran la resistencia aseguraron que han dado “acompañamiento a quienes han sido demandados y criminalizados injustamente por la empresa”.
También destacaron que en varias ocasiones han viajado a la ciudad de Guatemala para comparecer ante las autoridades de gobierno y exponer la situación de los lugareños, además de interponer denuncias en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y ante el Ministerio Público (MP), por abuso de autoridades y violación a los derechos de los pueblos indígenas, pero los casos nunca avanzaron.
Otras voces lamentaron el retroceso y la poca atención que han prestado las autoridades a sus demandas, dado que no han sido atendidas como lo esperaban. Don Alonzo retomó la palabra y aseguró: “El caso no avanza porque el estado de derecho en Guatemala está cooptado por la corrupción”. Agregó, “por ejemplo los procesos abiertos en contra de los defensores del territorio no avanzan, porque muchas veces las audiencias programadas se suspenden por el juzgado y el ente investigador, debido a que las personas que interponen las demandas en contra de las autoridades indígenas no se presentan a la hora de la audiencia”.
Solo en el municipio de Olopa hay 22 comunidades que se encuentran en resistencia y catorce concejos ancestrales, también hay Concejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), que no cuentan con sus autoridades ancestrales pero que apoyan a la resistencia.
Voces que lucharon por la resistencia
La tesorera de la Junta Directiva de las autoridades ancestrales de ese municipio, doña Camelita Pérez, aseguró que la resistencia sirvió para defender los recursos naturales ante una minera invasora. Según ella, ahora “entre los comunitarios se siente la alegría porque la lucha sirvió a pesar de las amenazas y la criminalización de las que fuimos víctimas”.
La empresa Cantera Los Manantiales se detuvo pero la contaminación ambiental parece que se quedó para siempre entre las comunidades. Los pobladores han denunciado que tienen serios problemas en la salud. La entrevistada comentó que tiene un hijo que está muy grave con granos y picazones en todo el cuerpo, además enfatizó que, el agua llega poco y es muy escasa, esto ocurre, según ella, por la explotación y contaminación que provocó la minera en las fuentes o vertientes de agua que abastecen los hogares de los pobladores.
Doña Camelita, aseguró que se sienten indignados por la empresa. “La empresa nos ha denunciado y criminalizado injustamente, como si fuésemos nosotros los delincuentes, diciendo que somos nosotros los autores del conflicto, pero en realidad los delincuentes son las empresas mineras porque solo vienen a generar problemas y conflictos, violando nuestros derechos como comunidades indígenas al ingresar al territorio, sin el consentimiento de los habitantes o de alguna consulta previa, en estos tiempos los que se han vuelto violentos son los que se creen poderosos y nosotros solo nos quedamos pagando las consecuencias de las autoridades que hacen negocios con las grandes empresas extractivas al autorizar solicitudes o licencias mineras a costa del pueblo”, manifestó.
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Francisco Ramírez Zacarías, autoridad indígena y defensor del territorio, al igual que sus compañeros que los antecedieron, indicó que la resistencia inició en 2016 cuando la empresa minera ingresó al territorio con equipos de maquinaria pesada a extraer materiales, sin realizar consulta alguna con las comunidades indígenas, violando de esa manera los derechos de los pueblos originarios establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A lo largo de estos años, el pueblo maya Ch´orti´ de Olopa aseguró que ha realizado diversas acciones para detener la operación minera en su territorio. En algunas ocasiones realizaron caminatas en la cabecera del municipio para denunciar los atropellos a sus derechos. En el ámbito legal, han presentado amparos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De esa forma lograron la suspensión provisional de la actividad minera en noviembre de 2019, dado que la licencia que fue otorgada a la empresa violentó el proceso de consulta previa y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no tenía dictamen favorable del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
También recordaron que la Municipalidad de Olopa, en 2016, no aceptó plenamente a las autoridades ancestrales como pueblos originarios. En ese entonces, la municipalidad aseguró que en la región fronteriza con Honduras no existen pueblos originarios con identidad maya Ch´orti.
Licencia otorgada a favor de empresa Cantera de los Manantiales
La licencia de la Minera Cantera Los Manantiales fue solicitada en 2007 con el código LEXT 033-007, para extraer materiales minerales como oro, plata, cobre, platino, plomo, zinc y antimonio en el municipio de Olopa. En 2012 fue otorgada dicha licencia por un plazo de 25 años para extraer estos materiales. Desde entonces, esta operación minera ha sido objeto de rechazo por pobladores del lugar.
Según el mapa minero presentado por el Observatorio de Industrias Extractivas, dicha licencia originalmente fue solicitada en 2007 por Guillermina Esperanza Guzmán Landaverry, luego de varios procedimientos, el Ministerio de Energía y Mina resuelve otorgar la licencia por un plazo de 25 años, el 3 de julio del 2012.
