La Asociación de Periodistas de Guatemala APG expresa su rechazo ante el nuevo caso de criminalización por parte del Estado de Guatemala en contra de Carlos Choc, periodista de Prensa Comunitaria en Izabal, contra quien pesa una orden de aprehensión por su presunta participación en un ataque contra policías, durante una manifestación en el municipio de El Estor, en octubre del año pasado. La persecución espuria en contra del periodista responde a su labor para visibilizar las problemáticas generadas por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en ese lugar y la oposición de parte de la población hacia su operación.
La orden de captura contra Choc fue autorizada el 14 de enero de este año por el juez Edgar Aníbal Arteaga López, del Juzgado de Primera Instancia Penal de Izabal, por el delito de “instigación a delinquir”. Esta orden se emitió luego de que un grupo de policías, que participó en el desalojo violento de una manifestación comunitaria, denunciara al periodista, junto a otro grupo de personas, de participar en agresiones en contra de las fuerzas de seguridad, durante esos actos.
En esa oportunidad, los periodistas que cubrían el desalojo denunciaron amenazas por parte de la policía, limitaciones para documentar o realizar transmisiones de los hechos e incluso despojo de equipo periodístico, sin embargo, estos actos nunca fueron investigados por el Ministerio Público (MP), pese a que existía evidencia de los atropellos cometidos por las fuerzas de seguridad.
La noticia sobre este acto en contra de Choc ocurre pocas semanas después de que una alianza de medios de distintos países revelara “acciones ilegales de la CGN y la colusión del presidente Alejandro Giammattei con ésta, para permitir su funcionamiento y utilizar a las fuerzas de seguridad para arremeter contra sus opositores y proteger sus operaciones”.
Prensa Comunitaria denunció que el MP no solo buscó la captura de Choc, sino además ha buscado desconocerlo como periodista y catalogarlo como parte del grupo de lideres que se oponen al funcionamiento de la mina. Más preocupante resulta que el juez responsable de ordenar su captura, Arteaga López, enfrenta un proceso de antejuicio por su presunta responsabilidad de beneficiar a grupos de narcotraficantes, lo cual hace dudar de su imparcialidad.
Esta es la segunda oportunidad que el Estado guatemalteco, canalizando denuncias de la compañía minera, busca enviar a prisión a Choc. En 2017, la compañía denunció, falsamente al periodista, de participar en una manifestación donde supuestamente se retuvo a empleados y familiares. Esto provocó que el periodista saliera de su comunidad y que esté actualmente ligado a un proceso penal.
El objetivo del MP no solo es aprehender a Choc, sino censurarlo para evitar las críticas hacia la minera, además de enviar un mensaje amedrentador a otros periodistas que cubren las operaciones de esta compañía o realizan críticas contra funcionarios locales que tienen relación con ésta. El envío a prisión del comunicador no solo afectaría su labor periodística, sino que pondría en riesgo su seguridad, por lo que exigimos que la orden de captura sea revocada inmediatamente.
Mientras para la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, actos de persecución como el de Choc son una prioridad, no existe el mismo interés para perseguir a los funcionarios y policías responsables de los ataques a periodistas en la manifestación de octubre de 2021, en El Estor, o las múltiples violaciones registradas durante las manifestaciones de noviembre de 2020, en la ciudad capital.
COMISIÓN DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG
Guatemala, 31 de marzo de 2022
Cc. Entidades internacionales de prensa.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
