Por Prensa Comunitaria
El 13 de marzo de 2020, la pandemia de Coronavirus cambió la historia del país. Ese día el presidente Alejandro Giammattei confirmó el primero caso positivo de COVID-19. Con este caso, el gobierno implementó medidas restrictivas para evitar la propagación de la enfermedad, como el toque de queda, la prohibición de circular entre departamentos, el uso obligatorio de mascarillas y la implementación de constante de estados de Prevención para obtener millonarios préstamos.
***
Ante la implementación de estas medidas, comunidades originarias en áreas rurales crearon sus propias estrategias de cuidado, confinamiento y sobrevivencia.
Para el caso de Quixayá, una comunidad Maya que se encuentra a 16 kilómetros del municipio de San Lucas Tolimán, Sololá, el confinamiento por COVID-19 obligó a las 280 familias que allí habitan a suspender sus actividades diarias. Algunos pobladores que trabajaban en empresas pequeñas del municipio fueron despedidos de manera inmediata, con ello perdieron sus ingresos y de paso la alimentación y la salud en el hogar.
Las familias entraron en pánico por el silencio total que se percibía en la comunidad. Nadie podía salir ni entrar a Quixayá sin previa autorización de las autoridades comunitarias. Es decir, se organizaron para restringir el acceso a la comunidad a personas ajenas y además prohibir a las familias salir de sus casas. En caso de alguna emergencia solo tenía derecho a salir de la comunidad una persona por familia.
Entre otras medidas, las autoridades locales bloquearon las entradas a la comunidad y una vigilancia total durante las 24 horas del día, con las cuales buscaban evitar la propagación de la COVID-19 entre los vecinos.
Además, los pobladores fueron concientizados para el obligatorio de las mascarillas por parte del Consejo de Desarrollo Comunitario (COCODE).
Con estas medidas en Quixayá se redujo el riesgo de contagio. Sin embargo, los pobladores comenzaron a experimentar la escasez de alimentos, los productos en las tiendas eran escasos y a un costo elevado.
Para evitar esta crisis alimentaria provocada por la COVID-19, las mismas autoridades de la comunidad establecieron un pequeño mercado que les sirvió para vender y obtener nuevos ingresos.
Mientras tanto, en alianza con organizaciones de salud, los lugareños lograron la instalación de un puesto sanitario, en donde podían acudir las familias para medir la temperatura y desinfectarse; así mismo se organizaron por grupos para hacer limpieza y desinfectar las calles.
La comunidad estuvo en confinamiento por ocho meses sin recibir ninguna ayuda municipal ni del gobierno central. Para la nueva normalidad cada representante del COCODE se encargaba de desinfectar y controlar la aglomeración de las personas.
Dos años después, es decir hasta este 16 de marzo, en Quixayá, 18 casos positivos de COVID-19 han sido registrados por las autoridades locales, ninguno fallecido y las personas que salieron positivas fueron a sus parcelas a cumplir con la cuarentena, en donde recibieron tratamientos con plantas naturales medicinales.
Respecto a las vacunas, un 20 por ciento de los pobladores han sido vacunos y el 80 por ciento están por decidirse.
La información descrita en esta nota, fue recopilada por un periodista de este medio en Quixayá a través de entrevistas a autoridades locales y comunitarios del lugar.
