Más de 12 horas después que se hiciera pública una denuncia sobre el aporte ilegal de 20 millones de quetzales para la campaña electoral del presidente Giammattei por parte de empresas constructoras, el gobierno reaccionó con un comunicado y una conferencia de prensa. Ante las preguntas de los periodistas, el secretario de comunicación, López Oliva, respondió afirmando, en diferentes ocasiones, que no tienen conocimiento de ninguna investigación que involucre al Presidente y que el mandatario goza del privilegio del antejuicio.
Por Juan Calles
Después que el medio digital salvadoreño El Faro destapara un caso de corrupción en donde puede estar involucrado el presidente Alejandro Giammattei; la presidencia convocó a una conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, repitió el discurso en el que afirma que está bajo ataque por razones ideológicas y que todo es un plan orquestado por intereses internacionales que pretenden vulnerar la soberanía patria.
“Consideramos esto un ataque político coordinado, cuya única intención es querer dañar la imagen del señor presidente de la Republica”, mencionó el comunicado que se entregó durante la conferencia de prensa a la que no asistió el presidente Giammattei, en su lugar dio declaraciones el secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López Oliva.
Desde la noche del 14 de febrero, tras la publicación del diario salvadoreño El Faro, se conoce que en una investigación judicial un testigo acusó directamente a Giammattei de recibir sobornos provenientes de empresas constructoras para financiar la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. La investigación lo liga con el ex ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, José Luis Benito, quien hoy guarda prisión por el caso del libramiento de Chimaltenango y las maletas con 122 millones de quetzales encontrados en una residencia arrendada por él en Antigua.
Ante las preguntas de los periodistas el secretario de comunicación López Oliva, respondió afirmando en diferentes ocasiones que no tienen conocimiento de ninguna investigación que involucre al Presidente Giammattei y que el mandatario goza del privilegio del antejuicio.
Además, aseguró que se trata de un ataque de carácter político e ideológico para desprestigiar al presidente guatemalteco. “En relación con las publicaciones de medios extranjeros que maliciosamente se han unido a campaña de desprestigio de parte de los enemigos de la democracia y la legalidad de Guatemala, rechazamos categóricamente todo señalamiento o suposición infundada y construida maliciosamente que pretenda vincular al gobernante con exfuncionarios actualmente bajo procesos de investigación”, dice el comunicado.
La reacción gubernamental es la misma que tuvieron los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele y Juan Orlando Hernández en Honduras: descalificar a los medios de comunicación y acusar a diferentes sectores de crear un complot ideológico en su contra. Hoy Juan Orlando Hernández enfrenta un proceso de extradición solicitado por el gobierno de los Estados Unidos por delitos contra los Derechos Humanos de los hondureños y por Narcotráfico.
Al mismo tiempo que se realizaba la conferencia de prensa en casa presidencial en el Ministerio Publico, MP, el nuevo jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche informó que pediría una investigación para determinar quién o quiénes filtraron la declaración del llamado Testigo A, quien señala al presidente Giammattei.
#AHORALH
El Fiscal Rafael Curruchiche presenta una denuncia para que se investigue la filtración de información con el objeto de dar con las personas responsables, esto tras la publicación del medio El Faro sobre información del Presidente Alejandro Giammattei. pic.twitter.com/GLeuDtvSf9— Diario La Hora (@lahoragt) February 15, 2022
Lo que evidencian las declaraciones de Curruchiche es que sí existe una investigación y que está bajo reserva, lo que contradice lo afirmado por el secretario Kevin López Oliva quien aseguró ante los medios que el presidente no está siendo investigado.
“Es importante reiterar que el presidente Alejandro Giammattei no tiene conocimiento de que se encuentre sujeto a ningún tipo de investigación por parte del Ministerio Público ni de cualquier otra entidad de la misma naturaleza. Consideramos esto un ataque político coordinado, cuya única intención es querer dañar la imagen del señor presidente de la Republica”, repitió el secretario monótono y tranquilo.
Un noticiero de televisión, que forma parte del consorcio de medios Albavisión, de Ángel González, también acusado de corrupción, publicó esta misma mañana del 15 de febrero un audio atribuido al mismo “Testigo A” que acusa a Giammattei, en donde supuestamente desmiente lo dicho y acusa al ex fiscal contra la impunidad y la corrupción, exiliado en Estados Unidos, Juan Francisco Sandoval, de obligarlo bajo amenazas de testificar contra el presidente. La versión fue repetida por otros medios, televisivos, radiales y digitales afines al poder y por netcenter con el mismo carácter.
El Secretario López Oliva se hizo eco de esa publicación de una voz anónima que acusa y ataca a quienes desde hace varios meses se encuentran exiliados después de ser destituidos de sus cargos y perseguidos por el MP. En especial contra Juan Francisco Sandoval, que antes ocupaba el cargo ahora ostenta Rafael Curruchiche.
El comunicado del gobierno también señaló que ningún ministro de la anterior administración tiene cargos en esta y rechaza que se vincule a Giammattei con funcionarios que hoy tienen casos en la justicia. Nada menos que el secretario general del partido Vamos y luego secretario privado de la Presidencia, Giorgio Bruni, y el ex ministro Benito.
La publicación de El Faro en realidad aclaró, por una parte, que José Luis Benito no fue designado como ministro, en realidad dice incluso que Giammattei se negaba a cumplir con el supuesto acuerdo de asegurar la continuidad de Benito como ministro de comunicaciones a cambio de recibir dinero para su campaña. Lo que si aseguró la publicación y el gobierno nunca ha desmentido, son las adjudicaciones de obras de construcción a las empresas que presuntamente hicieron aportes millonarios a Giammattei.
