Por Juan Calles
La empresa maderera que lo acusó, y mantuvo un pedido de orden de captura, mientras se desarrollaba una mesa de diálogo, dijo que se debía a un error de sus abogados, pero que ellos se harían cargo de solucionarlo, le pidieron que no llamara a sus abogados.
El viernes 28 de enero del presente año, Eduardo Bin Poou, en representación de la comunidad Semuy Seis, de El Estor, Izabal, participó en una mesa de diálogo con la empresa maderera Xajo, y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), la reunión inició a las nueve de la mañana en Puerto Barrios, a las cinco de la tarde se despidieron esperando que las conversaciones los condujeran a una solución beneficiosa para las partes involucradas.
Al salir de la reunión, Bin Poou fue capturado por agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA). El motivo esgrimido fue una denuncia en su contra por usurpación de tierras en la comunidad Semuy Seis, terrenos que la maderera reclama como propios.
Eduardo Bin Poou preguntó a los representantes empresariales por qué lo denunciaban si estaban desarrollando una mesa de diálogo para encontrar soluciones a la problemática. La empresa respondió que se debía a un error de sus abogados, pero que ellos se harían cargo de solucionarlo; le pidieron que no llamara a sus abogados.
Sin resolver la denuncia, Eduardo Bin Poou pasó un fin de semana con custodia policial en un hospital de Izabal, ya que además padece de una enfermedad hepática que necesita atención médica constante. El lunes 31 de enero, Bin Poou pudo regresar a su vivienda junto a su familia.
No es la primera vez que se cometen estos “errores”
Durante el estado de sitio que decretó el gobierno de Alejandro Giammattei para proteger intereses de una empresa minera en El Estor, en octubre pasado, Bin Poou también fue capturado por un supuesto error, ya que, durante los allanamientos realizados contra autoridades comunitarias, fue detenido por una orden de captura que había se había hecho efectiva en 2018.
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Eduardo Bin dijo que al ser representante de las comunidades que exigen sus derechos está sujeto a que le sucedan este tipo de hechos. “Pero uno sigue trabajando porque es necesario”, señaló.
La criminalización de los liderazgos comunitarios es una estrategia que desde hace algunos años utilizan las empresas extractivas y el Estado para deslegitimar la organización y la resistencia pacifica de las comunidades que protegen sus territorios.
