Créditos: Febrero, 2022. Foto: María José España, Revista Ruda.
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El martes 8 de febrero se registraron al menos cuatro eventos que restringen la labor periodística en los que se están involucrados operadores de justicia, elementos militares, empresarios y trabajadores del Organismo Judicial. Estos eventos ocurrieron en la ciudad de Guatemala y en Cobán, Alta Verapaz.

Por Simón Antonio Ramón

Inspección ocular en el Caso Tactic en Creompaz

En un listado de 16 periodistas registrados para dar cobertura a una inspección ocular que realizó el Tribunal de Mayor Riesgo D, presidido por la jueza Sara Yoc, en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ), en Alta Verapaz, durante la fase de debate oral y público del caso Tactic, solo se permitió el ingreso a 5 periodistas.

Inicialmente, los militares encargados del portón de entrada indicaron que revisarían el listado que se les había enviado por parte del Tribunal, posteriormente dijeron que por orden del juez se permitiría únicamente la entrada a 3 periodistas, más otros 2 que ya habían ingresado junto a los jueces para la cobertura de la inspección.

Además de periodistas que estaban en el listado enviado al Tribunal desde la semana pasada, al lugar se presentaron otros periodistas, a los que tampoco dejaron entrar. La periodista María José España, de la Revista Ruda, y los periodistas Juan Rosales de Prensa Comunitaria y Santiago Botón, que llegó acompañado de otra persona y reporta para el canal internacional Telesur, estaban en el listado. Sin embargo, solo le fue permitido el ingreso a Juan Rosales, junto con 2 periodistas de la Agencia Ocote.

“Cuando me mencionaron mi nombre señalé que había más periodistas ahí y el encargado me dijo que la jueza solo había ordenado el ingreso de 3 periodistas”, declaró Juan Rosales.

Por su parte, la periodista María José España, dijo que envió sus datos para que fuera incluida en el listado desde el jueves pasado. “La inspección estaba convocada a las 10 de la mañana, esperamos una hora para que nos dieran acceso y después dijeron que no”, informó.

Desde la cadena internacional Telesur se informó que se habían enviado datos de dos personas para que pudieran realizar la cobertura. “La intención era documentar visualmente a las 14 fosas. Logramos estar con las familias, pero no nos dejaron entrar”,  dijo el periodista Santiago Botón. “Quien estaba en la puerta, era quien sabía distinguir y sabía lo que estaba haciendo”, dijo el periodista.

El abogado Mynor Alvarado, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), dijo al encargado de la puerta al momento de entrar al destacamento militar, 40 minutos después de que lo hicieran los jueces, que el ingreso de los periodistas estaba autorizado. “Por instrucciones del Tribunal también se había pedido que entraran los medios de prensa, le digo, le dejo constancia acá, que nosotros pedimos y la jueza presidenta dijo, que los medios de prensa podían ingresar, si usted no los deja entrar es su responsabilidad y dejo constancia de los mismo antes de entrar”, declaró.

El Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, en su cuenta de Twitter, publicó: “Ninguna autoridad civil o militar, puede negar el acceso a las fuentes de información y obstruir la libertad de prensa, nadie es superior a la ley”.

La institución que dirige el procurador, se pronunció por medio de un comunicado de prensa, en el que señaló: “la Auxiliatura de alta Verapaz en coordinación con la Defensoría de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, darán seguimiento a este caso ante las instancias pertinentes”.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) por medio de un comunicado de prensa rechazó la restricción a los periodistas. “Esta no es la primera oportunidad en que se restringe la cobertura de periodistas durante diligencias en contra de soldados en situación de retiro, procesados por delitos en contra de la humanidad y violaciones a derechos humanos”.

Además, la APG dijo que el ejercicio periodístico tiene su respaldo legal en el artículo 35 de la Constitución. “Por lo tanto es importante que el Ejército de Guatemala haga valer este principio y no impedir el libre acceso a las audiencias judiciales o procesos forenses que se realizan en sus instalaciones. Las acciones de este martes parecen encaminadas a impedir que la información relacionada a estos actos se divulgue, o censurar su publicación que es de interés público”, manifestó.

Otros casos de restricciones de cobertura

El mismo martes 8 de febrero estaba programado el inicio de juicio en el juzgado Plurinacional de Paz Penal, contra Edwin Enrique Lazo Ventura, que chocó su automóvil contra el plantón pacífico de la resistencia La Puya, de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, enfrente del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en 2016.

Según publicó Festivales Solidarios: “la jueza no permitió el ingreso de periodistas a la audiencia del primer debate en el caso de agresión hacia “La Puyita”. La Jueza argumentó, que se debe a medidas de seguridad por el Covid19 y que las salas son reducidas tamaño”.

En otro caso, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), por medio de un comunicado de prensa, denunció que una demanda contra Emisoras Unidas que había sido rechazada por cuatro juzgados, fue aceptada por el Juzgado Quinto de Rama Civil de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala.

“De acuerdo con los registros de la APG, este año, se han producido nueve agresiones de diversas formas en contra de periodistas y medios, lo cual demuestra la existencia de un plan premeditado para crear temor en el gremio y evitar cualquier tipo de investigación y denuncia de los hechos ilícitos que acontecen en esferas gubernamentales o en los centros de poder en Guatemala”, denunció el citado comunicado.

El siguiente caso ocurrió a mediodía del martes 8 de febrero en la Torre de Tribunales, según una publicación del diario La Hora. Personal de Supervisión de Tribunales llegó al filo del mediodía del martes a la Sala de Prensa, ubicada en el séptimo nivel de Torres de Tribunales, en busca de periodistas que cubren la fuente judicial de tres medios de comunicación en concreto, siendo estos diario La Hora, el Periódico y Emisoras Unidas, supuestamente como parte de una “investigación disciplinaria” en contra de la comisaría del juzgado de Mayor Riesgo D, dirigido por la jueza Ericka Aifán, dice en la publicación.

El personal del OJ tendría la misión de averiguar con los periodistas quien les filtró la recusación contra la jueza Ericka Aifán el 21 de enero. Ese día la FECI presentó la recusación contra la jueza que no se recibió porque tuvieron que realizar correcciones, fue aceptada hasta las 2:44 de la tarde. Pero desde las 11:31 de la mañana circuló la información en redes sociales. “A criterio del ente investigador, únicamente el personal de dicho juzgado tuvo acceso”, publicó el diario La Hora.

En el monitoreo que realiza Prensa Comunitaria sobre el ejercicio periodístico, registró solo en enero, seis agresiones contra periodistas en diferentes modalidades, en los departamentos de Guatemala y San Marcos.

Entérese más aquí:

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