Por Elmer Ponce
Las víctimas de la masacre de Los Josefinos, Las Cruces, Petén, realizaron un acto simbólico donde recibieron la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que casi 40 años después, reconoce la veracidad de sus denuncias y condena la masacre perpetrada en esa comunidad en el contexto de la guerra interna que vivió Guatemala.
Las Cruces, Petén
“Tuvimos que huir de aquí, yo salí por aquí por la parcela de don Juan Martínez, y muchos salieron por allí huyendo, en la noche, y fuimos a quedarnos cerca de la calle federal, y luego salimos a Las Cruces, otros huyeron para diversos lugares”, fueron las palabras de don Alejandro Gómez Rodríguez, de 86 años de edad.
Don Alejandro actualmente vive en un municipio cercano a Las Cruces, pero según nos indicó, aquel 29 de abril de 1982 fue el peor día de su vida. Lo que vivió ese día lo llevó a refugiarse en el Estado mexicano de Campeche, donde vivió hasta el año de 1996, fecha en la que se firmaron los acuerdos de Paz, luego volvió a Petén, nos contó que varios de sus conocidos prometieron nunca volver a Guatemala.
#Petén | Después de 40 años de haber huido de la represión del Estado, en la aldea #LosJosefinos de Las Cruces. Familiares y sobrevivientes visitan el cementerio de la comunidad. La @CorteIDH condenó al Estado de Guatemala por la masacre de 1982.
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Conferencia de prensa y pronunciamiento sobre la sentencia de la CIDH
Las expresiones de don Alejandro, se dieron durante la presentación de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el caso “Masacre de la aldea Los Josefinos vs. Guatemala”.
El fallo de la CorteIDH fue emitido el pasado 22 de diciembre de 2021, en contra del Estado de Guatemala, responsabilizándolo por la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la violación de múltiples derechos de la población durante la masacre en 1982 en la aldea Los Josefinos.
El 29 de enero del presente año, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de la aldea Los Josefinos, de Las Cruces, Petén, se pronunciaron y ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones de la municipalidad de esa localidad.
En la oportunidad explicaron la importancia de la sentencia de la CorteIDH y sus principales contenidos, entre otros.
El abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, Carlos Martínez Roca, se refirió a la actividad, argumentando que lo que realizaron en dicha comunidad es un acto simbólico, al entregar la sentencia a los sobrevivientes y victimas de dicha masacre. “La gente salió el día de la masacre sin nada, corriendo por su vida, tratando de huir de los que estaba pasando en ese momento, y hoy regresan 40 años después, con una sentencia en la mano, una sentencia de una corte internacional que les da la verdad, que les da la razón, que no estaban mintiendo, que la masacre ocurrió, y se responsabiliza al estado de Guatemala”, explicó.
Así mismo dijo que “nosotros esperamos que esta sentencia, así como pasó con la masacre conocida como la de las “Dos Erres”, que primero viene la sentencia de la CorteIDH y eso trae como efecto dominó, una serie de procesos a nivel interno donde se juzgó y se sancionó a los responsables de la masacre, pues algo así que pase con Josefinos, que esta sentencia sirva para que el Ministerio Público y las entidades encargadas de la persecución penal y de aplicar justicia en el país, de alguna manera asuman su responsabilidad y que esta sentencia no se quede solo en el papel sino que sea una sentencia que se haga viva, que se haga efectiva”.
La CorteIDH reconoce en la sentencia la responsabilidad estatal “en la desaparición forzada de 14 personas, el desplazamiento forzado de 7 personas y sus núcleos familiares, la violación al derecho a la familia en perjuicio de 6 personas, la violación del derecho a la niñez de 6 niños y niñas, la violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como el derecho a conocer la verdad, en perjuicio de 1.439 personas”. También reconoce los impactos de estas violaciones en las familias y en las víctimas sobrevivientes.
Por su parte Manuel Antonio Farfán, de la asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), indicó que son querellantes en el caso y que lo siguen desde 1996, cuando familiares deciden iniciar con las denuncias. Desde entonces iniciaron la búsqueda de justicia y la reparación digna de los sobrevivientes de este caso, hemos trabajado arduamente denunciando ante las instituciones del Estado de Guatemala estas violaciones a los derechos humanos que se dieron el 29 y 30 de abril de 1982, explicó.
Nosotros hemos presentado este caso en la Corte Interamericana de Derechos humanos y ahora tenemos la sentencia condenatoria por estas violaciones, agregó.
Así mismo reconoció que “las victimas sobrevivientes de la masacre de Josefinos han sido bien valientes al poder denunciar con sus testimonios, hay historias muy fuertes donde se demuestra la brutalidad que el ejército de Guatemala realizó en esta masacre”.
Farfan indicó que el Estado de Guatemala está comprometido no solo con los familiares que residen en Petén, sino que, además, con todos aquellos que residen en otros departamentos, para que llegue esa reparación que la CIDH establece, y que el Estado de Guatemala tiene que garantizarles, como víctimas del conflicto armado interno.
Las familias y victimas sobrevivientes de dicha masacre, luego de la conferencia de prensa, realizaron una caminata por las calles principales del municipio de Las Cruces, Petén, para luego encaminarse, en caravana, aproximadamente a 8 a 10 kilómetros hacia la comunidad Los Josefinos. Allí se hizo una oración, precisamente en el lugar donde se erigió una cruz, a la entrada de la comunidad, en memoria de las víctimas. Luego caminaron hacia el cementerio de la localidad, frente al segundo monumento, donde hay unas placas con los nombres de las víctimas. En ese lugar se leyó un mensaje enviado por el vicariato apostólico de Petén. Finalizaron en la cancha de la localidad para proyectar algunos videos y hacer la entrega simbólica de la sentencia a familiares de víctimas de la masacre.
#Petén | En la aldea #LosJosefinos de Las Cruces, se realizó una conferencia de prensa en la que se dio a conocer la sentencia emitida por la @CorteIDH el 21 de diciembre de 2021 en contra del Estado guatemalteco por la masacre ocurrida en esa aldea en 1982.
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Varios de los familiares, indicaron, con lágrimas en sus ojos, que era la primera vez que volvían a la comunidad tras casi 40 años del hecho atroz que vivieron. A lo lejos, y con la brisa del viento, se dejaba escuchar el nostálgico canto de la oropéndola en la arboleda, donde aún permanecen las paredes de las casas abandonadas, olvidadas, las mismas que dieron paso a la maleza, esta que celosamente esconde los orificios de proyectiles, que hacen de dichas paredes lienzos de guerra y que han quedado como testigos mudos de aquel 29 y 30 de abril de 1982, en una pequeña aldea de calles de tierra, olvidada por el Estado de Guatemala.
Los hechos y la sentencia
En el mes de abril del año 1982, la comunidad de Los Josefinos, en aquel entonces del municipio de La Libertad, Petén, vivió la represión sangrienta, en carne propia, a manos de los denominados escuadrones de la muerte, en el contexto de la guerra interna. En la noche del 29 de abril de 1982, 38 personas murieron, 14 desaparecieron y siete familias fueron desplazadas, casi 40 años después, las victimas de aquella masacre podrán recibir justicia y reparación, tal como lo sentencio la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
Según la CIDH en el caso “Masacre de la aldea Los Josefinos vs. Guatemala”, este se relaciona con los “presuntos hechos” ocurridos el 29 y 30 de abril de 1982 en la aldea Los Josefinos, Departamento de Petén, Guatemala, en el contexto del conflicto armado interno. Se indicó que la mañana del 29 de abril de 1982, integrantes de la guerrilla armados habrían entrado a la aldea de Los Josefinos, capturando y asesinando a dos sujetos por sus allegados vínculos con el ejército.
Luego de un enfrentamiento con la guerrilla, presuntamente el ejército de Guatemala habría sitiado la aldea, no dejando salir a sus habitantes. Pasada la media noche del 30 de abril de 1982, la invadieron. Se argumentó que, al ingresar, miembros del ejército dieron muerte al menos a cinco patrulleros que se encontraban en la calle, y luego comenzaron a quemar las viviendas, masacrando a sus habitantes, entrando a las casas para constatar si existían sobrevivientes y asesinando a quienes encontraban, incluyendo hombres, mujeres, niños y niñas. Además, se adujo que al menos tres personas desaparecieron durante la masacre, luego de haber sido vistas por última vez bajo la custodia de agentes de seguridad del Estado y que, a la fecha, el Estado continúa sin determinar su paradero. Se alegó que el Estado, a pesar de haber tenido conocimiento de los hechos, no inició ninguna investigación “ex oficio” y que, a la fecha, transcurridos más de 39 años de lo ocurrido y 25 años de iniciada la investigación por parte de las presuntas víctimas, los hechos continuaron en impunidad y no se llevó a cabo una identificación de los restos exhumados, ni se han adoptado medidas dirigidas a localizar el paradero de los demás restos.
#LosJosefinos | Esta sentencia es una reivindicación de la verdad, la memoria y el derecho de las víctimas a la justicia", Manuel Antonio Farfán, representante de @FamdeguaG, que acompañado el caso junto con @cejil y @BufeteDH
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Por lo que los involucrados elevaron dicho caso hasta esta instancia internacional para lograr dicha sentencia, en la que la Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre las que se encuentran: remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad en este caso, e iniciar, continuar, impulsar y/o reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos objeto del presente caso; elaborar un plan detallado y orgánico, con definición de objetivos y metas concretas para la búsqueda de los miembros de la aldea Los Josefinos desaparecidos forzadamente; así como para la localización, exhumación e identificación de las personas presuntamente ejecutadas.
