Comunitarios hondureños denunciaron que, violando disposiciones judiciales que se lo prohíben, la minera canadiense Aura Minerals pretende detonar el cementerio maya Ch´orti´ de Azacualpa.
Por Francisco Simón Francisco
Desde la media noche de este martes 22 de febrero algunos empleados de la empresa canadiense Aura Minerals, llegaron al cementerio -ubicado sobre una montaña llena de oro-, para realizar trabajos de limpieza del terreno con el fin de introducir explosivos e iniciar el proceso de extracción de minerales a cielo abierto, según denunció el Bufete de Estudios para la Dignidad con sede en San Pedro Sula, Honduras.
Los pobladores de las comunidades hondureñas de San Andrés, San Miguel y Platanares, se acercaron al lugar, pero fueron recibidos con amenazas, ahora esperan que se cumpla con la resolución emitida por las Cortes, ya que no están de acuerdo a reubicarse. Incluso el pasado 20 de enero tomaron las calles del municipio como un ejercicio de poder territorial para defender el cementerio comunitario.
El pueblo maya Ch´orti´ de Honduras mantiene una férrea lucha social en contra de Aura Minerals, una empresa canadiense, que opera desde 1983 en el municipio de Azacualpa, al norte del departamento de Santa Bárbara, en donde extraen oro, plata y bronce.
Esta empresa intenta apropiarse del terreno donde se ubica el cementerio de la población Ch´orti´, a pesar de una resolución emitida por la Corte de Apelaciones, de Santa Rosa de Copán, el pasado 4 de febrero, en la que confirma la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó anular cualquier autorización de exhumar y trasladar el cementerio comunitario sin el consentimiento de los pobladores indígenas de Azacualpa.
La misma Corte Suprema de Justicia ordenó que los daños provocados al cementerio deben ser reparados inmediatamente. Además, la CSJ castigó penalmente al juez Rafael Rivera Tabora, por emitir resoluciones que buscan favorecer a la empresa minera a cielo abierto, al alcalde de Azacualpa, Víctor Hugo Alvarado y a los directivos del proyecto minero Aura Minosa, subsidiaria por la transnacional Aura Minerales, por delitos cometidos contra los pueblos indígenas.
El pueblo Ch´orti´ mantiene la lucha por un espacio sagrado. Según el medio internacional, BBC News, desde hace más de 200 años los pobladores de Azacualpa entierran a sus familiares en el mismo sitio. Aunque se desconoce los restos de cuántas personas yacen en el cementerio, sí se sabe que descansan sobre una montaña de oro.
De acuerdo al Bufete de Estudios para la Dignidad, las y los comunitarios que allí habitan denunciaron que este ha sido siempre el proceso que sigue la empresa minera antes de realizar las explosiones o voladuras, es decir violar derechos originarios sin consultas ni acuerdos.
La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) visitó a la población de Azacualpa entre el 14 y 16 de febrero tras recibir denuncias sobre impacto social y ambiental por la minera canadiense. Después de la visita expresaron su preocupación por el incumplimiento de estándares internacionales sobre el impacto ambiental y social de la actividad minera, así como de protección de derechos de los pueblos indígenas, en actuaciones administrativas y judiciales; y exhortaron a las autoridades garantizar el respeto a los derechos humanos en la concesión y supervisión de actividades mineras y a las empresas minimizar el impacto ambiental y social de sus actividades.
Promesas incumplidas
En un reportaje publicado en 2016 por BBC News, se explicó que el origen de este conflicto entre el pueblo Ch´orti´ y la empresa Aura Minerals se remonta a un acuerdo realizado en 2012, que hasta la fecha no se ha concretado.
El convenio establecía que para agosto de 2015 Aura Minerals habría entregado 396 nuevas viviendas para los pobladores en la localidad de Palania, a unos 8 kilómetros de distancia de Azacualpa. En aquel entonces, la empresa afirmó que hasta que la comunidad no accediera a que los restos fueran llevados a otra parte, no se concluiría con la entrega de las casas.
A cambio, los habitantes de ese municipio -unas 3 mil personas- se comprometían a autorizar individualmente el traslado del cementerio y permitir la identificación y reubicación de los restos. Esto si se garantizaba el resguardo de los restos y dignidad de las familias.
La empresa se comprometió, sin embargo incumplió. A finales de 2015, un grupo de pobladores de ese municipio tomaron la entrada a la mina como forma de protesta, llegando a detener la operación minera ante las promesas incumplidas. Las viviendas nunca fueron construidas y las que ofrecieron eran más pequeñas de lo acordado.
