Personas con discapacidad, organizaciones que defienden sus derechos y especialistas en el tema cuestionan a Giammattei por hablar “del abandono” de las personas con discapacidad cuando rechazó una ley, la 51-25, que las beneficiaba. Indicaron que el presidente vive con una discapacidad, pero “nunca ha tenido barreras, como persona con discapacidad, él ha tenido todos los medios a su alcance”.
Por Juan Calles
El pasado jueves tres de febrero, el presidente Alejandro Giammattei mientras inauguraba el torneo recreativo de baloncesto para personas en silla de ruedas, dijo: “Las personas con discapacidad en nuestro país hemos sido marginadas, olvidadas y relegadas a estar en la oscuridad, en muchos de los casos encerradas en las casas. Se ha hablado de impulsar iniciativas de apoyo a este grupo de la población, pero se ha quedado en simples promesas que no han sido cumplidas y por falta de voluntad”.
Expertos y documentos de organismos internacionales consideran que la situación jurídica en la que las personas con discapacidad viven determina que no gocen del ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones jurídicas, por lo que terceras personas deciden por ellos y ellas.
Las organizaciones representativas de Personas con Discapacidad demandan cambiar esta situación, por lo que el próximo 10 de febrero tendrán una audiencia en la Corte de Constitucionalidad para abordar el tema con los magistrados, sin embargo, es una lucha que apenas empieza.
Durante la recopilación, para esta nota, de testimonios y opiniones de diferentes personas que viven con alguna discapacidad una frase se repitió constantemente, palabras más, palabras menos, todas las personas coincidían en afirmar que Alejandro Giammattei, Presidente de Guatemala, quien vive con una discapacidad, no sabe qué es una discapacidad y después de mencionar la frase, algunas personas entrevistadas, mascullaban un adjetivo calificativo irreproducible en este medio.
Meses antes de pronunciar ese discurso, el presiente rechazó una iniciativa de ley referida a las personas con discapacidad, que avanzó en el pleno del Congreso de la República hasta su tercera lectura. Cuando se envió al presidente Giammattei para refrendarla, el mandatario la devolvió con un decreto presidencial en el que se señalaba la inviabilidad de la 51-25 y el entonces presidente del Congreso Allan Rodríguez les dijo a las representantes de organizaciones y personas con discapacidad que “el Jefe” mandaba a decir que la ley era inviable, “así que no la apoyaremos más”.
“Nosotros con la esperanza de que él, siendo una persona con discapacidad, tuviera un poco más de empatía, se le solicitó el apoyo y dijo que esa ley no servía. La señora Leyla Lemús, que en ese tiempo era la secretaria privada de la presidencia, elaboró un dictamen legal con argumentos en realidad muy pobres, en donde alega que la ley no era viable como le recomienda al presidente que no la apruebe, mandan el dictamen al Congreso y Allan Rodríguez dijo que como “el Jefe”, decía que no servía que entonces ya no la iba a apoyar”, narró Silvia Quan, quien acompañó el proceso de la ley 51-25 desde su concepción hasta el momento en el que el presidente la desechó.
Silvia Quan es presidenta del colectivo Vida Independiente, y desde hace años es defensora de los derechos de personas que viven con alguna discapacidad. Ella ha sido testigo y ha vivido las dificultades que enfrentan las personas que viven con alguna discapacidad. “Es lamentable que él hable del abandono en el que se encuentran las personas con discapacidad, cuando él contribuye a ese abandono”, dijo.
La iniciativa de ley 51-25 tenía el objetivo de armonizar la legislación nacional con las convenciones, acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, específicamente con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Según Quan, esto era necesario porque la ley de atención a las personas con discapacidad, emitida en 1996, quedó obsoleta y no garantiza los plenos derechos de las personas con discapacidad.
Los números negativos: el Estado no cumple con sus obligaciones
En el análisis de situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala, publicado en 2021, por el Fondo de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNPRPD), aunque se reconoce avances en algunas políticas públicas, se señala que los números para el Estado de Guatemala en materia socio económica, y en otras situaciones en las que las personas con discapacidad necesitan ser atenidas, están en rojo. “Es evidente que ha habido avances en algunas políticas públicas de diferentes ámbitos, incluyendo el acceso a la justicia, la educación superior y la gestión de riesgos. Sin embargo, estas políticas muestran poca ejecución, monitoreo y asignación presupuestaria, por lo cual su impacto ha sido reducido. Las políticas sobre empleo, juventudes y salud no han consultado con las Organizaciones representativas de Personas con Discapacidad para incorporar sus perspectivas”, puntualiza el citado análisis.
Este estudio del Fondo de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad coincide con la opinión de las organizaciones de los derechos de las personas con discapacidad, y centra como la principal necesidad la armonización legislativa, ya que con ella se garantiza que las personas que viven con alguna discapacidad gocen de todos sus derechos, al igual que cualquier otro ciudadano guatemalteco.
La armonización no es otra cosa que “emparejar” las leyes guatemaltecas con los tratados y convenios internacionales en la materia. “Se evidencia una armonización casi nula de la legislación nacional con estos instrumentos internacionales. Únicamente se ha uniformado la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos con el Tratado de Marrakech (Decreto 21-2018) y se ha aprobado la Ley que Reconoce y Aprueba la Lengua de Señas”, se lee en el análisis del UNPRPD.
Y continúa: “La legislación nacional -incluyendo la legislación específica sobre discapacidad- continúa limitando los derechos de las personas con discapacidad, dado que mantiene un enfoque médico-rehabilitador. Persiste en la legislación la declaratoria de interdicción y en la legislación marco en discapacidad se legitima la sustitución en la adopción de decisiones, particularmente en las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. La legislación antidiscriminación no regula la discriminación múltiple, ni interseccional, así como la denegación de ajustes razonables como formas agravadas de discriminación”.
Sumado a ello, existe la ya citada grave situación jurídica en la que las personas que viven con discapacidad no gozan del ejercicio de sus derechos y obligaciones jurídicas, al estar estas limitadas por su incapacidad, por lo que terceras personas deciden por ellos y ellas.
“Después de los cuatro años de este desastre nos vamos a encontrar que la población con discapacidad va a ser más pobre”
El director del departamento de posgrado en la escuela de Psicología, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ronald Solís, quien vive con una discapacidad, opina que “Giammattei no conoce la intimidad de la discapacidad porque nunca necesitó pedir apoyo para algo”. “Por su extracción de clase, su familia le podía resolver, comprar muletas, aparatos ortopédicos, adaptar el carro con el que se mueve, él nunca estuvo cerca de una discapacidad”, dijo.
“Éticamente le da la espalda a las familias de personas que viven con una discapacidad, que según el censo del 2018 en las regiones en donde existe prevalencia de personas que viven con una discapacidad hay familias con más de una persona con discapacidad, es decir, más de medio millón de hogares, principalmente en las Verapaces, Huehuetenango y parte del altiplano y si se analiza la política social para la disminución de la pobreza, te das cuenta que no está asociada a esos departamentos, ni priorizando a ese grupo de personas. Entonces producto de los cuatro años de este desastre nos vamos a encontrar que la población con discapacidad va a ser más pobre”, concluyó Solís.
Los datos del XII Censo Poblacional y VII de Vivienda revelan que el número de personas con discapacidad se estima en un 10.38% de la población, esto significa que aproximadamente son 1.4 millones de habitantes (INE, 2018). Este número, ya de por si muy significativo, se amplía mucho si se agregan las familias que tienen en su seno una persona con discapacidad, multiplicándose al menos por cuatro. Estos datos solo refuerzan la importancia y le dan dimensión a la discriminación que sufren en Guatemala las personas con discapacidad.
“Lo que Giammattei hizo en la inauguración de ese torneo de basquetbol, (regalar sillas de ruedas especiales para ese deporte) es poner la guinda en el pastel sobre un chorro de aire que la sostiene, por que alrededor del tema no hay nada”, enfatizó.
Conservadurismo y prejuicios impiden acercarse al tema
Josué Canú Granados, presidente, del colectivo Ovejas Negras, integrado por personas LGTBIQ+ que viven con discapacidad comentó sobre la doble discriminación que le ha tocado enfrentar, pues ha sufrido exclusión por su discapacidad visual y además por su identidad sexual. Canú Granados se lamentó por el conservadurismo en la sociedad guatemalteca, un conservadurismo que, a su criterio, es fomentado por el discurso de Giammattei.
“Su discurso tiene que ver con el conservadurismo, con su enfoque asistencialista, nunca es un enfoque comunitario y de derechos humanos, en donde el Estado asuma su responsabilidad de garantizar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y garantizar su verdadera inclusión en la comunidad”, indicó.
Para Canú Granados las soluciones deben ser a largo plazo, las donaciones de equipo, el patrocinio a eventos, no son una forma de atender a la población que vive con discapacidad, “Lo que realmente contribuiría a mejorar las vidas de las personas que viven con discapacidad es garantizar la armonización de la legislación de Guatemala con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y esa es una deuda que tiene el estado de Guatemala desde el año 2009”, mencionó.
La situación que enfrentan las personas con discapacidad y que además son parte de la comunidad LGBTIQ+ es muy grave, Josué recordó que, durante el 2020, en los meses más duros de la pandemia, su organización, las Ovejas Negras, obtuvieron paquetes de víveres para quienes lo necesitaban, sin embargo, hubo quienes nos los quisieron pues no deseaban ser identificados como parte de la comunidad, tenían miedo al rechazo y las agresiones de la sociedad si se enteraban de su identidad sexual.
“En noviembre del 2020 una amiga lesbiana, con discapacidad psicosocial, murió en situación de calle porque la familia al enterarse de su identidad sexual le retiró todo el apoyo, y eso a pesar de que ella era una profesional que tenía un empleo gerencial, con estudios de maestría, pero, al no tener un acompañamiento adecuado, emocional y médico, su discapacidad psicosocial se fue agravando y murió en la calle”, explicó. Así ilustró Josué la interseccionalidad entre la discapacidad y la identidad sexual, que registra una situación muy particular y grave.
El presidente de la República habla de las personas con discapacidad, en discursos y en actividades sociales de beneficencia, sin embargo, según las personas entrevistadas, en la práctica las políticas públicas de salud, empleo y educación, entre otras, no responden a las necesidades reales de esta población, en lo que coinciden es en señalar el abandono en el que se encuentran.
Silvia Quan, del colectivo Vida Independiente concluyó: “Ciertamente tiene una discapacidad, pero nunca ha tenido barreras, como persona con discapacidad, él ha tenido todos los medios a su alcance, y si hay que decir que la mayoría de personas con discapacidad no viven, así como vive él”.
