Una comunidad Q´eqchi´ de El Estor, Izabal, lleva su reclamo por el despojo de sus tierras a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las formas en las que estas empresas se han adueñado de las tierras van desde la modificación de los límites de las fincas, corriendo mojones y cercos, hasta arrancar las páginas de los libros del registro nacional de la propiedad, para evitar así evidenciar que los legítimos dueños de estas son los comunitarios.
Por Juan Calles
Este próximo 9 de febrero el Estado guatemalteco será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, por el caso de la comunidad indígena Q´eqchi´ Agua Caliente, hoy conocida como Lote 9 ubicada en el Estor, Izabal.
Esta será la primera vez en la historia que el Estado guatemalteco es llevado a corte por un caso de violación al derecho de propiedad ancestral, por no reconocer el derecho de los pueblos indígenas a las tierras que tradicionalmente habitan.
La Asociación de Abogados y Notarios Mayas, la Defensoría Q´eqchi´ y la organización Indian Law Resource Center, presentarán el caso frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, con una demanda al estado guatemalteco por el reconocimiento de su tierra de forma comunal.
Para la abogada Adriana Sunun, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, es necesario recurrir a la Corte IDH pues en Guatemala los casos no prosperan y se entrampan en discusiones jurídicas: “El discurso, al menos aquí en Guatemala, ha sido que el tema de la ancestralidad de las tierras indígenas no puede ser compatible con el derecho civil, porque sería caer en un caos legal, sin embargo, las comunidades indígenas se han suscrito a este sistema legal para recuperar sus tierras, pero la maquinaria estatal ha buscado como expropiar las tierras que han recuperado las comunidades indígenas. Lo que ha llevado a que las comunidades tengan que comprar varias veces su propia tierra”.
Por otra parte, según el abogado Leonardo Crippa, de Indian Law Resource Center, este caso es importante pues se trata de una comunidad que ha seguido todos los pasos legales que la legislación guatemalteca requiere y, sin embargo, no ha obtenido ningún resultado.
“El caso de la comunidad de Agua Caliente, no es un caso que va contra un gobierno, es un caso que va contra la responsabilidad internacional del estado, por actos u omisiones de sus distintos poderes (el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial) se ve el conjunto de conductas constitutivas del estado, que ha refrendado los tratados internacionales. Este es un caso que versa sobre la falta de efectividad de los recursos que existen en Guatemala para acceder a la justicia, especialmente cuando se trata de tierras colectivas indígenas”, afirmó Crippa durante un foro virtual desarrollado la semana pasada.
Una historia de engaños y mentiras
Desde hace cinco décadas las comunidades de la zona centro de El Estor, en Izabal, se han asentado en tierras comunales que ancestralmente les han pertenecido a las comunidades Q´eqchi´ de la zona. Al principio eran despojados de las tierras por finqueros que reclamaban las mismas como suyas, así que las comunidades buscaban donde asentarse nuevamente y recomenzar.
Esa es la historia de la comunidad hoy conocida como Lote 9. Después de reasentarse en diferentes ocasiones, encontraron una zona habitable para poder sembrar y criar animales de corral, además, en el lugar encontraron varios nacimientos de aguas termales, por lo que al principio se llamó comunidad Agua Caliente, pero con el tiempo y debido a los desalojos y desplazamientos provocados por empresas extractivas y finqueros, las comunidades se dividieron en lotes, por lo tanto, adquirieron su nuevo nombre: Lote 9.
En 1965 el gobierno de Guatemala aprueba la ley de minería con lo cual la empresa minera y compañía canadiense, International Nickel Company Inco, conocida en Guatemala como Exploraciones y Explotaciones Metálicas de Izabal S.A. Exmibal; obtiene una concesión de explotación minera por 40 años. La zona en donde se aprueba la licencia minera nunca fue muy clara, por lo que la empresa aprovecha para apoderarse de terrenos en donde el níquel es abundante, entre ellos terrenos de la comunidad hoy conocida como Lote 9. Iniciando así una lucha entre la comunidad y la mega empresa minera.
Dicha empresa minera ha cambiado de dueños y hoy es conocida como Solway Investment Group, compañía con capitales suizos y rusos, que tiene como subsidiarias en la zona a la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal S.A. Pronico, y la Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN.
Las formas en las que estas empresas se han adueñado de las tierras van desde la modificación arbitraria de los límites de las fincas, corriendo mojones y cercos, hasta arrancar las páginas de los libros del registro nacional de la propiedad para evitar así, evidenciar que los legítimos dueños son los comunitarios. Según narran líderes comunitarios de Lote 9 y Lote 8, han sufrido intimidación y violencia en su contra por su lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales.
A mediados de los años 80 lograron un acuerdo con el Instituto Nacional de Transformación Agraria, INTA, está institución gubernamental cedió el terreno en calidad de patrimonio agrario colectivo a la comunidad Agua Caliente-Lote 9. Esto significó que podían vivir y sembrar en el terreno a cambió de pagar Q32,490.35, lo cual hizo la comunidad, pero en aquellos años, bajo el fuego del Conflicto Armado Interno, el trámite se olvidó y la comunidad nunca obtuvo un documento legal que les diera certeza jurídica de la propiedad de la tierra.
La recuperación de tierras ancestrales un proceso imparable en todo el país
En todas las regiones del país se registran conflictos de tierras comunitarias y por la instalación de proyectos extractivos, minería, palma africana, hidroeléctricas. En todos los citados conflictos se tiene conocimiento de criminalización y encarcelamiento de líderes comunitarios y en los peores de los casos, atentados contra líderes de las comunidades.
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No obstante, en las comunidades no se piensa en detener la lucha y el proceso por la recuperación de tierras ancestrales, en todas las regiones del país hay pueblos en pie de lucha con la intención de proteger a la madre tierra.
Los pueblos indígenas en Guatemala desarrollan un proceso de recuperación de su cultura y costumbres, pero también de recuperación de las tierras ancestrales que a lo largo de la historia les han sido robadas. El caso de Lote 9 que se presentará frente a la Corte IDH será un caso paradigmático que puede brindar una luz al final de túnel, para las comunidades que intentan recuperar sus tierras.
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Para Cristian Otzín, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, este caso puede sentar precedentes para otros pueblos en guatemaltecos: “En Guatemala hay una cultura de derecho escrito, prima lo escrito sobre la tradición, el uso tradicional de la tierra, esta sentencia sentará precedentes para el camino que los pueblos se han fijado para la recuperación de sus tierras ancestrales”.
