Washington ha pedido la extradición del expresidente hondureño por narcotráfico y parece encaminado a acciones similares en El Salvador y Guatemala ante la colusión de las fiscalías con grupos de poder y redes criminales locales.
Por Héctor Silva Ávalos
El destino de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, parece sellado: un juez ha dado luz verde a la extradición que Estados Unidos solicitó, el 14 de febrero, para que responda por delitos de narcotráfico. Esa misma noche la policía hondureña rodeó la casa de Hernández en Tegucigalpa y lo detuvo después del mediodía del día siguiente.
De ser el hombre más poderoso de Honduras, JOH, como se le conoce, ha pasado a tener el oscuro honor de estar a punto de ser el primer expresidente centroamericano extraditado por narcotráfico (el panameño Manuel Noriega enfrentó a la justicia estadounidense por los mismos cargos cuando aún estaba en el poder).
El descenso de JOH de la máxima oficina política del país a aparecer esposado de pies y manos no ocurrió de la noche a la mañana, aunque el desenlace sí ha sido rápido.
Desde que la congresista demócrata Norma Torres pidió al Departamento de Estado la extradición de Hernández, el 27 de enero pasado, hasta que la cancillería hondureña recibió la petición oficial pasaron apenas poco más de dos semanas, un período corto si se consideran los tiempos políticos que estos procesos suelen durar en Washington.
La investigación a Hernández por sospechas de narcotráfico había empezado mucho antes, al menos desde 2017, según ha dejado claro el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en varios documentos judiciales. Aunque contó con la colaboración de algunos funcionarios hondureños, fue el DOJ el que hizo toda la investigación. No había otra forma de hacerlo: el fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, fue siempre un peón de Juan Orlando Hernández.
Es decir, sin la intervención de los investigadores estadounidenses, JOH seguiría tan tranquilo en su casa.
Lo mismo está ocurriendo en los otros países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala y El Salvador, donde las investigaciones por corrupción a funcionarios de los gobiernos de turno, incluso a sus presidentes, son llevadas a cabo por agentes estadounidenses de la Agencia de Control Antidrogas (DEA) o el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Esto porque en los dos países pasa lo mismo; en El Salvador, el fiscal general Rodolfo Delgado es un peón al servicio del presidente Nayib Bukele, y en Guatemala la fiscal general Consuelo Porras ha hecho de todo para proteger al presidente Alejandro Giammattei de persecuciones penales por actos de corrupción.
En Washington, una funcionaria del Departamento de Estado aseguró que el caso de Juan Orlando Hernández en Honduras muestra algo que es válido para los tres países: mientras no haya fiscales confiables en la región, Estados Unidos trabajará en sus propios casos.
Los alegatos contra la soberanía
A los presidentes del Triángulo Norte suele gustarles marcar distancia entre ellos en público, pero en los últimos tiempos los han unido idénticos reclamos por la soberanía de sus países cuando agentes estadounidenses han impuesto sanciones o iniciado investigaciones criminales contra funcionarios salvadoreños, hondureños o guatemaltecos acusados de corrupción o vínculos criminales.
Cuando, en septiembre de 2021, Washington sancionó a la fiscal guatemalteca Porras, el presidente Giammattei saltó a su Twitter para defenderla y sugerir que Estados Unidos estaba faltando al principio de soberanía.
Durante una visita a la capital estadounidense en diciembre de 2021, Giammattei hizo una defensa febril de Porras cuando funcionarios de instituciones multilaterales le preguntaron por las acusaciones de corrupción contra la fiscal general, según confirmó una fuente diplomática en Washington.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele es más abierto en sus reclamos a Estados Unidos. Este mandatario no duda en recurrir a su cuenta de Twitter, su principal herramienta de comunicación política, para cuestionar a la administración de Joe Biden por decisiones relativas a El Salvador. “No somos el patio trasero de nadie…”, tuiteó Bukele en enero pasado en respuesta a unas declaraciones de su homólogo estadounidense sobre Centroamérica.
En otro tuit, del 31 de diciembre de 2021, Bukele se preguntaba: “¿Quién es tu amigo? ¿El que te da un estadio, una biblioteca, un centro de convenciones, un muelle y una planta potabilizadora de agua; o el que te pone en listas, te sanciona y financia a tus opositores?”. Se refería, el presidente, a proyectos impulsados por China en El Salvador y a que Washington incluyó a varios de sus funcionarios más cercanos en una lista de actores antidemocráticos y corruptos, la llamada Lista Engel, en la que también aparece la fiscal guatemalteca Porras.
A Bukele, Estados Unidos le ha sancionado a su jefa de gabinete, a su exministro de agricultura, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que él impuso, a su ministro de trabajo, entre otros funcionarios.
Además, el Departamento de Justicia, el mismo que investigó al hondureño Juan Orlando Hernández, ha adelantado que prepara una acusación penal contra Osiris Luna, el jefe de prisiones en El Salvador, y Carlos Marroquín, un funcionario de la presidencia, por coordinar un pacto con la pandilla MS13 en nombre de Bukele.
La respuesta del hondureño Hernández a las gestiones judiciales de Estados Unidos fue siempre más sofisticada. Alejado del Twitter, JOH solía echar en cara a Washington que siempre lo había considerado un “socio confiable” en la lucha contra el narcotráfico, algo que no dudaron en replicar funcionarios de Barack Obama y de Donald Trump.
A Hernández, de hecho, lo aupó en el poder primero el apoyo que recibió de Washington luego del golpe de Estado que desbancó a Manuel “Mel” Zelaya en 2009, que fue avalado por el Departamento de Estado que entonces dirigía Hillary Clinton, y después, en 2017, el espaldarazo político del gobierno de Trump a una reelección cuestionada.
Pero Washington cambió el libreto y ahora está a punto, si todo sigue su curso normal, de recibir a Juan Orlando Hernández para que enfrente juicio en una corte estadounidense.
Parecía, a inicios de su gestión, que a Joe Biden se le atragantaba Centroamérica. Y que la relación con la región, a pesar de promesas de campaña que decían otra cosa, se centraría solo en asuntos migratorios sin entrar de lleno a reclamos por corrupción a los gobiernos del Triángulo Norte.
El primer indicio fue el viaje de la vicepresidenta Kamala Harris a Ciudad de Guatemala en junio de 2021, cuando dio un importante respiro a un Giammattei ya lastimado por acusaciones de que empresarios mineros rusos lo habían sobornado. Sobre Honduras, a pesar de que ya el DOJ estadounidense tenía suficientes indicios sobre la conexión narco de JOH, imperaba el silencio. Y al salvadoreño Nayib Bukele, que ya en febrero de 2020 dio muestras claras de su veta autoritaria al tomarse el Congreso con militares y policías, no sabían cómo tratarlo.
Cambió el guion a partir de mediados del año pasado, cuando ya Washington empezó a hacer uso de herramientas como la Lista Engel tras la expulsión del exfiscal guatemalteco Sandoval. Y cuando, asustado por el pacto de Bukele con la MS13 en El Salvador, robusteció el papel del DOJ, el FBI y la DEA en la región con la creación de una fuerza de tarea especial.
La petición de extraditar a Hernández es, definitivamente, un punto de inflexión. Washington parece ahora dispuesto a endurecer la reacción, durante mucho tiempo limitada a declaraciones, condenas y tuits.
Si, como han dicho a Prensa Comunitaria fuentes diplomáticas y judiciales en Guatemala y Estados Unidos, Washington se dispone a ejecutar más acciones penales contra funcionarios de alto nivel de los gobiernos de Giammattei y Bukele, las imágenes de JOH saliendo de su casa en lo que parece un camino sin desvíos hacia el norte podrían no limitarse a Honduras.
La tapadera de los fiscales centroamericanos
Mientras fiscales e investigadores estadounidenses preparan procesos penales a funcionarios corruptos de Centroamérica, en Ciudad de Guatemala y San Salvador, los fiscales hacen un doble juego: fabrican acusaciones propias contra opositores, operadores judiciales o periodistas que desvelan los pecados de esos gobiernos mientras guardan silencio sobre investigaciones que tocan a sus patrones políticos.
El ejemplo más reciente de lo anterior ha ocurrido en Guatemala.
Después de que, el 14 de febrero, el periódico salvadoreño El Faro destapó que el presidente Giammattei recibió dinero de un ministro de su antecesor, Jimmy Morales, para su campaña presidencial, el Ministerio Público echó a andar un operativo para criminalizar a los periodistas que publicaron la información y a las fuentes que alimentaron el reportaje.
Rafael Curruchiche, el fiscal al que Consuelo Porras ha encargado dirigir la embestida contra los críticos, abrió el mismo 15 de febrero un expediente para investigar una posible filtración de material reservado a los periodistas de El Faro. Otro viejo truco del manual: ir tras el mensajero para no hablar del mensaje, en este caso las reiteradas acusaciones de la corrupción de Giammattei.
Netcenters vinculados al gobierno guatemalteco también han anunciado que habrá acciones contra Erika Aifán, la jueza que conoce uno de los casos en el que se involucra a Giammattei.
Hay, aquí, otro agravante: la posible complicidad entre la fiscal general Porras y su homólogo salvadoreño Rodolfo Delgado, el peón de Bukele.
El 26 de enero pasado, Porras y Delgado se reunieron en Ciudad de Guatemala para “dar seguimiento” a algo que han llamado el grupo asesor de fiscales del triángulo norte y hablar, entre otras cosas, de “la coordinación de asistencias legales mutuas y de investigaciones transnacionales”.
Delgado y Porras hablan el mismo idioma. Ambos han enterrado investigaciones que implican a los presidentes a quienes sirven. El salvadoreño dijo que no había nada que investigar en los casos de los funcionarios de su país señalados en la Lista Engel, ha guardado silencio respecto al pacto entre Bukele y la MS13 y enterró una investigación masiva por lavado de dinero de un conglomerado empresarial conocido como Alba Petróleos, el cual financió con dinero de la petrolera estatal venezolana la campaña de Bukele. Delgado, de hecho, fue empleado de Alba Petróleos.
A los dos fiscales los une, también, el ansia con la que persiguen a los opositores al oficialismo. Así como en Guatemala Porras y Curruchiche han criminalizado a la jueza Aifán, al exfiscal Sandoval y a extrabajadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, en El Salvador Delgado ha dedicado buena parte de su energía a perseguir a políticos de oposición.
Hoy que Curruchiche ha pedido investigar la filtración a El Faro cosas como “coordinación de asistencias legales” entre las fiscalías de Delgado y Porras suenan peligrosas.
En otra esquina está Óscar Chinchilla, el fiscal hondureño apoyado por Juan Orlando Hernández, bajo cuya administración el ministerio público de su país vio crecer en su interior una fuerza especial de investigaciones, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), acusada de tolerar e incluso participar en ejecuciones extrajudiciales. Durante el mando de Chinchilla, además, varios funcionarios cercanos a JOH vinculados a crímenes y el presidente mismo respiraron en paz.
Por ahora, en un mapa dominado por fiscales generales que funcionan como tapadera a sus presidentes, todo indica que las investigaciones a esos políticos y sus grupos seguirán viniendo del norte.
