El gobierno desarrolló cuatro acciones para intentar descalificar las denuncias de corrupción en su contra. En una de ellas Consuelo Porras censuró la publicación de El Faro y anunció acciones penales por la filtración del audio de un testigo en una investigación.
Por Simón Antonio Ramón
El gobierno realizó cuatro acciones comunicacionales centrales para defender al presidente Alejandro Giammattei desde la publicación de la investigación de El Faro, el lunes 14 de febrero en horas de la noche. El Faro difundió el audio de un testigo protegido, que en el marco de una causa judicial, señaló que parte de la campaña electoral del presidente Giammattei fue financiada con Q20 millones entregados por José Luis Benito, exministro de Comunicaciones en el periodo presidencia de Jimmy Morales, un presunto soborno de empresas constructoras.
Las citadas acciones fueron: la conferencia de prensa y entrega de un comunicado por parte de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el martes 15 de febrero; la conferencia de prensa de la FECI, anunciando una denuncia penal contra la filtración del audio del testigo; una emisión del noticiero matutino Noti7, en la que entrevistaron a una persona que supuestamente es el “Testigo A” que había dado las declaraciones a la FECI, en las que intentó desmentir lo publicado; y, esta tarde, el mensaje grabado de la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta.
En esta comparecencia pública Porras calificó como “información tendenciosa, carente de fundamento y veracidad” la publicación de El Faro, de El Salvador,
Al referirse a la citada investigación periodística, en el mensaje transmitido por las plataformas virtuales del MP, Porras remarcó la investigación penal contra José Luis Benito acusado de lavado de dinero y otros activos. Además, se centró una vez más en la filtración del audio del testigo y no en las acusaciones de este. “Es preocupante que se vulnere la investigación mediante la difusión de información que es únicamente del conocimiento de las partes del proceso”, afirmó.
Porras anunció nuevas medidas contra fiscales y jueces que investigaron hechos de corrupción. Indicó que el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha presentado denuncias penales por la filtración de declaraciones del testigo protegido identificado como “Testigo A” y que estas han sido remitidas a la Fiscalía de Delitos Administrativos. También informó que el “Testigo A” había presentado denuncias contra miembros de la FECI que se investigan en la Fiscalía de Asuntos Internos.
Para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia, el país está atravesando una situación delicada tanto en política como en el sistema judicial. “Es un caso que siempre se ventiló sobre las redes de corrupción que están perpetuadas en el Ministerio de Comunicaciones, lo que no se sabía eran los detalles que ahora se conocen con la publicación”, afirmó.
La publicación de la investigación, según Ibarra, pone al MP en un limbo al demostrar su falta de control de las investigaciones e indagaciones que realiza. “En este caso que se relaciona con el Presidente es todavía indagación porque él tiene inmunidad”, comentó.
Por su parte, Eddie Cux, abogado y presidente de Acción Ciudadana (AC), indicó que el gobierno usa la institucionalidad para manipular la información publicada. “Hay una maquinaria de manipulación por parte del Ejecutivo contra la publicación de El Faro, cuando esta ha sido contundente en sus detalles”, dijo.
Al consultarle a Cux sobre las afirmaciones del MP sobre que se vulnera la investigación y a las personas que han colaborado con los casos bajo reserva judicial, comentó que esa figura ha sido desnaturalizada. “El MP ha manipulado, todos los casos que lleva contra los extrabajadores de la CICIG y la FECI están bajo reserva para criminalizarlos, en este caso si hay una reserva judicial pero la filtración la protege la libertad de prensa”, aseguró. “Todas las acciones que hemos visto contra la publicación son una forma para que escondan su incapacidad de gobernar”, agregó el abogado.
