Por Ramón Cadena
La pandemia vino repentina y para aquellos que antes de la misma querían limitar el poder popular, les quedó como anillo al dedo. Giammattei por ejemplo, quien iniciaba su mandato con una maleta llena de estados de excepción, pudo agregar muchos más.
El Poder Judicial, cuyos jueces y juezas venían desafiando impunemente uno de los principios básicos de la Reforma Procesal Penal: la publicidad, encontraron más argumentos para volver al secretismo del juicio, típico del sistema inquisitorio. Las y los diputados, encontraron, entre los cajones del misterio y la magia el momento para poder actuar con más lujuria y ambición, hacer más grande y evidente la juerga legislativa y ocultar la corrupción de sus actos con nuevos trucos e impunidad.
Antes de la pandemia, la palabra aforo era poco conocida y utilizada en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, desde que fue declarada se volvió famosa, cobró notoriedad y todos los establecimientos públicos y privados la colgaron en sus vitrinas para anunciar la capacidad de su espacio físico para albergar personas, para limitarla y que no se dieran aglomeraciones que pudieran afectar la salud.
Las manifestaciones de personas a favor del respeto de sus derechos fueron calificadas como una amenaza a la salud; la libertad de expresión pasó a ser uno de los derechos más reprimidos y odiados por la administración pública; la defensa de derechos se convirtió en un delito y pasó a atentar en contra de los intereses personales de las y los funcionarios públicos; la movilidad humana se consideró actividad subversiva. La juventud no pudo discutir, ni expresarse en contra de tantas limitaciones y violaciones a los derechos humanos. La gestión de la pandemia dio origen a otra generación perdida, de las tantas que hay en Guatemala.
Uno de los principios que más ha ayudado a combatir la corrupción en la sociedad guatemalteca ha sido el de la publicidad de todos los actos de la administración pública. La pandemia fue la excusa perfecta para arremeter en contra de este principio. Años atrás, cuando a las Comisiones de Postulación se les impuso la obligación de que todos sus actos fueran públicos, se puso un candado importante y amplió la corrupción que había en sus actuaciones para elegir magistrados y magistradas de salas y de la Corte Suprema de Justicia; Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público; Contralor General de la Nación; Procurador de los Derechos Humanos o magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral.
En el caso de la elección de Fiscal General, el principio de publicidad logró evidenciar los arreglos secretos que se daban debajo de la mesa de la comisión, para elegir a seis personas, redactar una lista y entregarla después al Presidente de la República de turno, para que pudiera elegir en Consejo de Ministros, a él o la Fiscal General. De esta forma y con la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) el proceso empezó a ganar más transparencia.
Con la pandemia, la publicidad se encontró con el riesgo de desaparecer. Y el secretismo, que siempre ha sido una característica de las dictaduras, cobró relevancia. No hay escritor que haya incorporado el tema de la dictadura a su obra, que no haya descrito con una telaraña de palabras y metáforas el secretismo que ha rodeado a dichos regímenes. El silencio ha resultado ser una de sus armas principales para poder sobrevivir. Ha sido necesario imponer el sello del secretismo para lograr impunidad.
Por el contrario, la publicidad siempre brilló y fue parte importante de la democracia. Gracias a la publicidad, la verdad siempre se conoció y los hechos se juzgaron a la luz de las pruebas. Las y los jueces razonaron sus sentencias y valoraron la prueba con base a la sana crítica, sus argumentos se conocieron públicamente. La luz de la publicidad, hizo relucir a la sombra de la mentira, rescató a la verdad del fondo de ese pozo en el que ha estado prisionera. Si bien la Ley de Comisiones de Postulación reguló el principio de publicidad, no sucedió lo mismo con el conflicto de intereses. Para bien de la transparencia, éste se debió de haber regulado y prohibido.
Recientemente en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, a las 16:30 horas, se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General 2022. Esta comisión, en anteriores elecciones de segundo grado, se reunió en horas hábiles, generalmente por la mañana. Llamó mucho la atención y despertó más desconfianza entre la población que esta vez con la pandemia aun causando destrozos, se reuniera en una hora inhábil. Pésima decisión que las y los comisionados deberían revisar y revertir.
La pandemia limitó la capacidad de la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia. En condiciones normales, el espacio físico tendría capacidad para que permanecieran cómodamente sentadas aproximadamente 300 personas. El número de personas que podrían ingresar a dicha sala se ha visto limitado considerablemente. Quizá en más del 50%.
Pienso que en este tipo de reuniones públicas y elecciones de segundo grado que se dan durante la pandemia deberían buscarse otras formas de respetar el principio de publicidad, sin arriesgar la salud. Esas aglomeraciones, movimientos masivos de migrantes o protestas masivas, propias de las democracias, nos hacen recordar que el poder popular existe y que, ante la pandemia, no debería de encontrar tantos obstáculos. En todo caso, si encontrara un obstáculo, se debería buscar una solución democrática y de interés social.
Por ejemplo, se podría argumentar que hay otros espacios más adecuados para sesionar. Hacerlo en un espacio abierto, una galera deportiva, la concha acústica del teatro nacional o del parque central. Todo está en organizar la logística, adaptarse al cambio y encontrar los recursos necesarios. En otras palabras, llevar la justicia al pueblo y no esperar que el pueblo llegue al frío y lejano edificio de la Diosa romana Iustitia. Encontrar soluciones es posible. Hay que querer hacerlo respetando los derechos humanos y con espíritu democrático.
El principio de publicidad se podría ver seriamente afectado durante el próximo proceso de elección de la o él Fiscal General 2022 y abrir la puerta para más corrupción, si nos aprovechamos de las limitaciones que impone la pandemia, para incorporar prácticas regresivas o para introducir el secretismo nuevamente a los actos de la administración pública. Es cierto que la democracia, frente a la pandemia ha sufrido limitaciones razonables, pero también lo es que, muchas veces, éstas han sido producto de mentes enfermas, obsesivas y extremistas que buscan limitar, puramente por razones políticas, el poder popular que la democracia lleva implícito.
