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En otra polémica decisión el juez Geisler Pérez, cuestionado por su implicación en el caso Comisiones Paralelas y Manipulación de las Cortes, se excusó de conocer el caso de Escobar y Morán, dos exfiscales de la FECI. El MP rechazó un pedido de la defensa de que tuvieran prisión domiciliaria mientras esperan por el juicio, incluso pidió que fueran trasladas al Preventivo de la Zona 18. La CIDH expresó preocupación por la criminalización de operadores de justicia en Guatemala.

Por Regina Pérez

El juez Geisler Smaille Pérez, titular del Juzgado Tercero, se excusó de seguir conociendo el caso contra dos exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que fueron detenidas la semana pasada y señaladas por supuesto abuso de autoridad contra una persona sindicada en el caso Comisiones Paralelas, una investigación sobre la manipulación en la elección de Cortes en 2019.

Pérez volvió a suspender la audiencia de primera declaración de las exfiscales Paola Escobar y Allis Morán Mejía, capturadas la semana pasada, quienes tendrán que esperar en la cárcel Mariscal Zavala a que una Sala resuelva qué juzgado será el encargado de realizar la audiencia, dijo una de las abogadas defensoras, Wendy López.

López indicó que la defensa pidió al juez que las detenidas pudieran gozar de libertad vigilada en su domicilio mientras esperan la audiencia de primera declaración, a lo que se opuso el MP, que incluso, solicitó que fueran enviadas al centro preventivo de detención en la zona 18.

El juez tiene conflicto de interés en este caso, ya que él mismo fue señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020, presentado por la FECI, por el cual se le solicitó el retiro de la inmunidad, que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Pérez Domínguez también conoce el caso en contra de la exmandataria de CICIG, Leily Santizo y la exfiscal Eva Siomara Sosa, a quienes les ha aplazado su audiencia de primera declaración por casi dos semanas.

Según el MP, Escobar y Morán, junto a los exfiscales Rudy Herrera y Willy Racanac coaccionaron a una persona sindicada en el caso Comisiones Paralelas 2020 para que declarara hechos falsos.

Juez Pérez, señalado en Comisiones Paralelas, conocerá caso contra Santizo

Debido a que el caso está en reserva, únicamente pudieron ingresar a la sala de audiencias los abogados defensores, el MP y las detenidas. También se permitió el ingreso de Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA).

El abogado Ramón Cadena pudo ingresar a la audiencia como observador, sin embargo indicó que el juez Pérez le ordenó salir de la sala. Cadena indicó que al declarar los casos en reserva, por petición del MP, lo que se quiere es volver al sistema inquisitivo, al dejar a los periodistas y a los observadores afuera de la sala de audiencias. “Lo que están buscando es que el juicio sea secreto otra vez, como en la Inquisición, juzgan a las personas en secreto, las condenan en secreto…esto afecta a toda la sociedad guatemalteca”, señaló el abogado.

También destacó el conflicto de interés del juez en este caso. “Este juez está cuestionado por el informe de la FECI y aun así está conociendo…hay un conflicto de interés, entonces, la causa la dejan bajo reserva, sacan a la gente de la sala, cometen ilegalidades, esto no puede seguir así en este país”.

Las capturas de Escobar y Morán se suman a la persecución en contra de otros exfiscales y fiscales de la FECI, algunos de ellos incluso han tenido que salir al exilio, temiendo por su vida, tal y como lo expresó el exfiscal Carlos Videz en un comunicado reciente, quien estuvo a cargo de casos emblemáticos como Corrupción y Construcción, incluyendo el descubrimiento de Q122 millones en una casa en Antigua Guatemala, vinculada al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

Preocupa a CIDH criminalización y persecución judicial

En referencia a estos casos, este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los recientes actos de criminalización y persecución judicial en contra de personas operadoras de justicia y exintegrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“La Comisión sigue recibiendo información sobre la criminalización, denuncias penales temerarias y persecución judicial contra jueces, fiscales, exfiscales, magistradas, como forma de hostigamiento, debido al trabajo de investigación o juzgamiento de estructuras criminales vinculadas con el poder político y económico, casos emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado; o bien, porque en su momento apoyaron la labor de la CICIG”, señaló la Comisión en un comunicado.

La CIDH se refirió a las recientes capturas de los fiscales de la FECI Willy Racanac López y Paola Escobar, así como a la orden de detención girada en contra de los exfiscales Rudy Herrera y Allis Morán Mejía. Las cuatro personas participaron en su momento en la investigación del caso Comisiones Paralelas.

La Comisión también hizo referencia a las detenciones de Leily Santizo, exmandataria de la CICIG y de Eva Siomara Sosa, exfiscal de la FECI, quienes se encuentran detenidas sin que hasta el momento hayan tenido su audiencia de primera declaración.

“Tanto Eva Siomara como Leily Santizo lideraron casos de alto impacto y anticorrupción durante el mandato de la CICIG. Por su parte, la detención de Santizo también estaría relacionada con la labor que actualmente desempeña como defensora de operadoras y operadores de justicia”, indicó la Comisión.

Finalmente, la CIDH señaló que tuvo conocimiento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de retirarle la inmunidad al juez de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul y de continuar las diligencias de antejuicio en contra de la jueza Érika Aifán.

“Preocupa a la CIDH que estos hechos ocurran en un contexto de severos retrocesos en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. En este contexto, el Estado debe adoptar medidas inmediatas para reafirmar la importancia que tiene la lucha contra la corrupción”, enfatizó.

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