Los fiscales detenidos de la FECI fueron enviados a prisión provisional y prisión domiciliar; está pendiente la captura de otros dos, en una denuncia presentada por uno de los acusados en el caso Comisiones Paralelas, referido a maniobras para la cooptación de las Cortes. Para el abogado Ramón Cadena: “El sistema judicial de Guatemala esta retrocediendo 50 años. Es una operación de inteligencia militar, es transformar a la víctima en victimario”.
Por Prensa Comunitaria
En la audiencia realizada este miércoles, en el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal se dictó arresto domiciliar a Willy Roberto Racanac López, auxiliar fiscal I; y prisión preventiva a Paola Mishelle Escobar Quiñonez, auxiliar fiscal II, que fue trasladada a la cárcel de Mariscal Zavala. El 22 de febrero será la audiencia de primera declaración.
Los dos auxiliares fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) fueron detenidos esta mañana en ciudad de Guatemala, acusados por el Ministerio Público (MP) de haber coaccionado y presionado a una persona para que declarara “hechos falsos”, para la suscripción de un convenio de colaboración eficaz en el caso Comisiones Paralelas 2020.
Willy Roberto Racanac López y Paola Mishelle Escobar Quiñonez, fueron detenidos y llevados a la Torre de Tribunales por la Policía Nacional Civil (PNC) en un operativo dirigido por la Fiscalía de Asuntos Internos del MP, a quienes se les señala del delito de abuso de autoridad. Según la información del MP, quedan pendientes las capturas de Rudy Manolo Herrera Lemu, exagente fiscal; y de Aliss Noemí Morán Mejía, exauxiliar fiscal II.
Las detenciones se dan dos días después de que el medio digital salvadoreño El Faro publicó una investigación en la que un testigo de un caso judicial señaló al presidente Alejandro Giammattei de haber recibido 20 millones de quetzales en sobornos para la segunda vuelta electoral de 2019 de empresas constructoras a cambio de ser favorecidas con obras públicas.
También ocurren la semana en la que el gobierno de Giammattei inició la persecución en contra de Leyly Santizo, exempleada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), y de Siomara Sosa, exfiscal de la FECI.
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Según la versión del MP, la Fiscalía de Asuntos Internos desarrolló una investigación en la que cuatro exfiscales de la FECI realizaron “un acto arbitrario e ilegal en contra del denunciante, que es sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020”. Con ello, dice el MP, violaron los principios de debido proceso, derecho de defensa, y la seguridad y certeza jurídica “al formular un interrogatorio sobre hechos ajenos a la investigación” que la FECI desarrollaba en el expediente en el que está sindicado el denunciante.
Según información publicada por elPeriódico, el abogado Dennis Herrera Arita, exintegrante de la comisión de Postulación para magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y señalado por la FECI de Juan Francisco Sandoval por conspiración para la obstrucción de justicia en el caso Comisiones Paralelas 2020, fue quien presentó la denuncia de la supuesta coacción de los fiscales de la FECI.
La misma publicación señaló que Herrera Arita junto Mynor Moto, quien se encuentra prófugo de la justicia, intentó que la jueza Erika Aifán no conociera el caso de Comisiones Paralelas 2020.
El Abogado Dennis Herrera Arita, capturado en el 2020 por su vinculación en el caso de Comisiones Paralelas fue quien denunció la supuesta coacción de los fiscales de la FECI, hoy capturados. 🧵
Foto de Diario La Hora pic.twitter.com/8QIS7iyZOT— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) February 16, 2022
Un retroceso de 50 años
Para el abogado Ramón Cadena la persecución en contra de operadores de justicia y extrabajadores de la CICIG y las detenciones de fiscales de la FECI, “es una operación de inteligencia militar. Transformar al victimario en víctima, en esto está involucrada la inteligencia militar”.
“En segundo lugar, dijo el abogado, están utilizando a los señalados en el caso Comisiones Paralelas para hacer puntos frente a los diputados que pronto van a elegir a nuevos magistrados de corte y de sala. Tenemos el ejemplo del juez Geisler Smaille Pérez que es candidato a magistrado y le dan un caso como el de la licenciada Santizo. Están utilizando a estas personas para que demuestren su fidelidad al crimen organizado”.
En opinión de Cadena están causando un daño irreparable a la justicia en Guatemala, “El sistema de justicia está retrocediendo al menos 50 años, porque se habían dado pasos importantes a favor de la lucha contra la impunidad con la CICIG, y lo que están haciendo es revertir todos los avances”.
“Estamos regresando a la década de los 70 cuando se cerraron todos los espacios y no había posibilidad de oposición”, anotó el abogado Cadena.
