Representantes de varias organizaciones reclamaron al Congreso y la Corte de Constitucionalidad que tomen acciones para evitar que la aplicación de las reformas a la Ley de Oenegés termine en el cierre de varias organizaciones. Denunciaron que hubo falta de aplicación para poder cumplir las obligaciones que vencían el 2 de febrero y, también, que la verdadera intención del gobierno es cerrar organizaciones que trabajan con sectores vulnerables, donde no está el Estado, y en especial aquellas que generan fiscalización y señalamientos críticos.
Por Regina Pérez
Representantes de organizaciones de la sociedad civil de todo tipo, mujeres, campesinas y de la población LGBT, entre otras, se pronunciaron este martes en contra de las consecuencias que la denominada Ley de Oenegés, aprobada el año pasado por el Congreso. Denunciaron que la aplicación de esta Ley amenaza con cerrar a varias asociaciones que no han podido actualizar los requisitos que las reformas implementadas requieren y que tuvieron como último plazo el pasado 2 de febrero.
En conferencia de prensa, las y los representantes de las organizaciones señalaron que el gobierno de Alejandro Giammattei no socializó de forma eficiente las obligaciones de dicha ley, que afectan de manera directa a las organizaciones, ni definió con claridad a quienes le aplican dichas disposiciones, por lo que hicieron un llamado a un diálogo en torno a los alcances de la ley.
#Ahora Org. de la sociedad civil piden al gobierno de @DrGiammattei derogar el decreto 4-2020, que tiene como objetivo librarse de la fiscalización ciudadana, intimidar a las organizaciones y actuar a sus anchas, afirman. Actitudes totalitarias, de dictaduras
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Las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales entraron en vigencia en 2021, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC), al cambiar su composición e integrada con magistrados que fueron designados ese mismo año, rechazó en definitiva los amparos que detenían su puesta en marcha, tras su aprobación en febrero de 2020.
Durante la rueda de prensa, se dio a conocer que el pasado 2 de febrero venció el plazo para que las organizaciones actualizaran sus datos ante el Registro de Personas Jurídicas (REPEJU) del Ministerio de Gobernación, sin embargo, por la falta de información, muchas de ellas no pudieron actualizarse.
Alejandro Valverth, de la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (LEGIS), señaló que han presentado varias acciones de inconstitucionalidad contra dichas reformas en la CC, para que sea ese Tribunal que expulse del ordenamiento jurídico dicho decreto que es lesivo a los derechos humanos, específicamente al de libertad de asociación.
Sin embargo, consideró que la amenaza grave, si la CC no emite la sentencia, es la situación que atraviesan varias organizaciones que no pudieron actualizar requisitos en el REPEJU, por lo tanto, corren el riesgo de ser clausuradas. “No sabemos nosotros cuántas organizaciones pudieran tener proceso de cancelación en los próximos días, estimamos que podrían ser muchas”, dijo Valverth.
ONG realizan trabajo que Estado no hace en salud, educación y otras áreas
Ligia Ovando, de la Agenda Política Mujeres en la Diversidad, señaló que lo que trae esta ley es la criminalización y que las organizaciones pueden ser vistas como opositoras del Estado. “Queremos que nos dejen trabajar, hemos aportado mucho al desarrollo de las mujeres, a salud, educación, promoviendo la participación política, defendiendo los derechos humanos y laborales de la mujer”, dijo Ovando.
#Ahora Ligia Ovando, de la Agenda política Mujeres en la Diversidad, negó que las oenegés no quieren que sean fiscalizadas. Indicó que si están en desacuerdo en que se les violenten derechos constitucionales.
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Stacy Velásquez, de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS), opinó que lo que busca la ley es controlar lo que las asociaciones realizan. “Las asociaciones civiles realizamos el trabajo que el gobierno no hace, como organización que hace mucho trabajo comunitario en salud, trabajo y educación, creemos que la CC debería derogar esta ley o declarar inconstitucionales los artículos que violentan los derechos a la libre asociación”, indicó.
#Ahora Stacy Velásquez, de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, manifestó que lo que busca la ley de oeneges es controlar el accionar de las asociaciones civiles.
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No se oponen a la fiscalización
Durante la conferencia, las y los representantes de las organizaciones manifestaron que ellos no se oponen a la fiscalización de su labor, porque esto ya está regulado en la Constitución y en la Ley de la Contraloría General de Cuentas. “Sí somos fiscalizados por quienes proveen los fondos y también por la Superintendencia de Administración Tributaria y la Instancia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos”, señalaron.
Indicaron que el fin primordial de la cuestionada Ley es controlar a las organizaciones, la labor que realizan, sus fondos y sobre todo tratar de quitarle el financiamiento a las que generan críticas al gobierno. Sumado a eso, se prevé su cancelación por realizar labores que “alteren el orden público”.
Valverth manifestó que de parte del Estado ya se está ejerciendo este control a las organizaciones que también fiscalizan las labores estatales. “Se debe reportar al Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se reciban fondos del extranjero, cuánto se recibió y cuánto se va a utilizar”, dijo.
Por otro lado, la ley menciona que las organizaciones que alteren el orden público serán canceladas, pero no es clara sobre los alcances. “Si no quedan las reglas claras, esto se abre a la discrecionalidad, para que pueda la administración pública cancelar organizaciones sin mayor justificación”, indicó.
