El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, presentó una denuncia para que se esclarezca “como se filtró un audio, hechos y circunstancias” de una investigación que está bajo reserva judicial. Se refiere al audio en el que un testigo de una causa judicial acusa al presidente Alejandro Giammattei de recibir 20 millones de quetzales para su campaña electoral de empresas constructoras a cambio de favores en licitaciones públicas. Lo llamativo de este anuncio de Curruchiche es que, al mismo tiempo, la Presidencia de la República afirmaba que, la investigación, que él dice que es reservada y de la que se filtraron testimonios, no existe.
Por Francisco Simón Francisco
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público, Rafael Curruchiche, presentó una denuncia para que se esclarezca “como se filtró un audio, hechos y circunstancias” de una investigación que está bajo reserva judicial. Se refiere al audio en el que un testigo de una causa judicial acusa al presidente Alejandro Giammattei de recibir 20 millones de quetzales para su campaña electoral de empresas constructoras a cambio de favores en licitaciones públicas. Lo llamativo de este anuncio de Curruchiche es que, al mismo tiempo, la Presidencia de la República afirmaba que, la investigación, que él dice que es reservada y de la que se filtraron testimonios, no existe.
Las declaraciones de Curruchiche fueron este martes en horas de la mañana como parte de las reacciones oficiales a la publicación por el medio salvadoreño El Faro, la noche de este lunes, de una investigación revelando un segundo caso de corrupción que involucra al presidente Alejadro Giammattei. Según la publicación, un testigo de una causa judicial, en un audio que está bajo la custodia de la jueza, Erika Aifán de Mayor Riesgo D, aseguró que el mandatario recibió en 2019 de José Benito Morales, ex ministro de Comunicaciones, 2.6 millones de dólares para su campaña electoral, provenientes de un soborno de empresas constructoras, a cambio de mantenerlo por un año más en el gabinete de gobierno y así poder mantener negocios millonarios con adjudicaciones de obras públicas.
Este escándalo de corrupción es el segundo que involucra directamente a Giammattei. El primero, fue la supuesta aceptación de sobornos envueltos en una alfombra de empresarios rusos, hecho que fue investigado en su momento por el ex fiscal, Juan Francisco Sandoval, que días después fue despedido del cargo por la fiscal general, María Consuelo Porras.
Curruchiche, el hombre de confianza designado bajo la sombra de Porras en agosto de 2021 en la FECI, mostró su preocupación por el audio y el testimonio filtrado por El Faro, pero no por las denuncias en sí y como estas involucran a Giammattei.
El jefe de la FECI, ante los medios de comunicación argumentó que la denuncia fue presentada “para que se investigue quién fue la persona responsable de filtrar información de este caso”, que supuestamente se encuentra bajo la figura de “reserva judicial”. Es importante insistir que mientras Curruchiche informó de esta denuncia, casi al mismo tiempo, la Presidencia decía que no existía investigación alguna que involucrara a Giammattei.
El fiscal, conocedor del Ministerio Público, desde que comenzó a trabajar hace 17 años en la institución de investigación penal, actuó con inmediatez para investigar a la persona que supuestamente filtró un caso contra el presidente. Tal como ocurrió con el ex comisionado de la Comisión de Postulación, David Gaitán. Curruchiche actuó en menos de 24 horas para presentar la denuncia, un patrón utilizado frecuentemente desde el MP para perseguir a opositores políticos, jueces independientes o personas críticas al gobierno.
La disposición del actual jefe de la FECI para montar casos sin fundamentos, mantener casos en reserva o en la impunidad, según señalaron repetidas veces analistas consultados por Prensa Comunitaria, se demuestra con la persecución, entre otros y otras a Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Aníbal Argüello, exanalista de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por el delito de falsedad ideológica con agravación electoral en 2021, cuando aún dirigía la Fiscalía Contra Delitos Electorales.
De esa misma forma, pretende criminalizar y perseguir a la jueza Erika Aifán. En enero de este año, la fiscalía que dirige Curruchiche solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirarle la impunidad y ser investigada por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato. La solicitud fue presentada, como se conoce ahora, porque la jueza se negó a darle acceso a los nuevos fiscales del caso, al audio que reveló El Faro.
La investigación revelada por el medio ha generado distintas reacciones políticas, sociales y mediáticas. El canal Noti 7 del grupo Albavisión, horas después que la investigación saliera a la luz, transmitió en vivo una entrevista con el supuesto “Testigo A”, con el fin de negar o desligarse de las investigaciones de El Faro, donde afirmó que fue obligado por Juan Francisco Sandoval para mentir sobre la investigación en contra de Alejandro Giammattei.
Mientras, Presidencia de la República dijo que las acusaciones son “maliciosas, manipuladas y coordinadas” por “los enemigos de la democracia”. Y, reiteramos, dijo que no había ningún caso donde se investigara a Giammattei. Sin embargo, Curruchiche dice que hubo filtraciones de ese caso.
