Cifran en 6.300 barriles el derrame en Amazonía ecuatoriana

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Por teleSur

Especialistas alertan que entre 2015 y 2021 ocurrieron dos accidentes petroleros semanales en la misma región.

Tras la ruptura de una tubería de petróleo de la empresa privada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), se derramaron en la Amazonía ecuatoriana unos 6.300 barriles con un gran impacto en una reserva natural y un río, según la propia empresa.

Un comunicado de la OCP, mientras anunciaba que ya se “ha recolectado y reinyectado al sistema 5.300 barriles de crudo” y apuntó que eso es el 84,13 por ciento del derrame: “La acción oportuna del equipo consiguió recolectar el 84,13% del crudo”, aseguró el presidente de la empresa, Jorge Vugdelija, sin embargo, el hidrocarburo cayó al río Quijos y avanzó hasta el Coca que abastece a comunidades indígenas.

La información fue confirmada por el ministro de energía ecuatoriano, Juan Carlos Bermeo. La OCP dijo también que este martes hubo un desprendimiento de rocas y barro en un tramo cercano a la rotura, por lo que los tiempos de reparación se demorarán de siete a diez días.

Una película de aceite se puede percibir sobre la corriente del río y la corriente y la arena están ennegrecidas por el crudo.

El viernes pasado una caída de roca perforó el oleoducto en Piedra Fina, una cadena montañosa localizada a 80 kilómetros al este de Quito y en los límites ente las provincias de Napo y Sucumbíos. Luego de la rotura, la OCP dice haber activado un dispositivo de emergencia para mitigar el daño abriendo huecos o poniendo piscinas donde se depositó gran parte del crudo derramado.

El lunes, el Ministerio de Ambiente indicó que el derrame sucedió dentro del Parque Nacional Cayamabe-Coca, ubicado en el noreste ecuatoriano y que acoge gran diversidad animal y una reserva acuática. Cerca de 403.000 hectáreas del parque resultaron dañadas.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie) demandó a la empresa a que abasteciera de agua y víveres a las poblaciones damnificadas. “Es evidente que el agua del río no se puede usar ni consumir”, aseguró la Confenaie en sus redes sociales.

Una declaración conjunta de la Confenaie, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, en el marco del XVI Encuentro anual de energía y petróleo 2022 y la falsa ilusión de la “seguridad jurídica” del Decreto Ejecutivo Petrolero 95, criticó el desdén por parte del Estado para las comunidades afectadas por el derrame.

“Ni siquiera, las recientes victorias legales de los pueblos indígenas en contra la actividad petrolera han servido para que el Estado ecuatoriano desista de ampliar la extracción de recursos naturales en la Amazonía ecuatoriana y sus impactos, prueba de ello el último derrame de crudo del 28 de enero de 2022”, arguyó la declaración.

El exministro de Ambiente, Tarsicio Granizo alertó que es necesario el control del Estado. “Hay cuestiones que no se pueden evitar porque son accidentes», dijo. Pero «lo menos que debe garantizar el Estado es que esa operación (explotación petrolera) se haga de la manera más limpia posible”, dijo en entrevista a medios locales.

En este sentido, Tarsicio apuntó que el peligro de los oleoductos ecuatorianos a que ocurra esto es inminente, pues no tienen todas las garantías para operar con seguridad. Por eso, este problema sistémico, exige un cambio de modelo, pues no se puede explotar petróleo con seguridad.

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