Chiquimula: asume nueva junta directiva de comunidades indígenas de San Francisco, Quezaltepeque

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Créditos: Amílcar Morales
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Amílcar Morales

Las comunidades indígenas de San Francisco Quezaltepeque, en el departamento de Chiquimula, celebraron su asamblea extraordinaria el pasado miércoles 2 de febrero y presentaron a la nueva junta directiva que dirigirá a la organización comunitaria durante este año.

La nueva directiva fue electa mediante una asamblea el pasado 6 de enero, en la comunidad de San Nicolás de ese mismo municipio.

Marvin Arnoldo Nájera López, autoridad ancestral, indicó que seguirán en la lucha y defensa del territorio desde los nuevos cargos. Además, dijo que están organizados como pueblos originarios para rescatar el papel y figura de autoridad indígena, tal y como tenían organizada sus antepasados.

Con la reestructuración, dijo Nájera López, se han organizado como autoridades mayas Ch’orti’, en la que participan las autoridades ancestrales de diferentes comunidades, con el propósito de cuidar y defender los recursos naturales, la madre tierra y el agua, pero sobre todo, para buscar la paz y la unidad. Anteriormente, solo contaban con un comité ejecutivo para realizar el trabajo.

Nájera amplió sobre la historia de la organización comunitaria y señaló que desde 1923 o 1924, tenían conocimiento de la existencia de una “junta directiva” de la comunidad indígena de San Francisco.

La decisión es de las comunidades

Gilberto Juventino de la Cruz López, originario de la comunidad indígena de la Palmilla, Quezaltepeque, fue electo nuevo tesorero de la junta directiva de la comunidad indígena de San Francisco para este año y comentó que se consultará a las comunidades y autoridades indígenas ancestrales para tomar las mejores decisiones.

El nuevo tesorero dijo que uno de los objetivos principales es dar a conocer la organización comunitaria a nivel nacional, para informar sobre las acciones del pueblo Ch’orti’.

“Lamentablemente las autoridades de gobierno nos discriminan al no reconocernos como autoridades ancestrales, pero seguiremos estando al pie de la lucha, para hacer valer nuestro derechos que poseemos como pueblos originarios y hacer escuchar nuestras voces”, afirmó.

La comunidad y sus autoridades tienen documentos legales donde consta que los bienes comunitarios fueron comprados “con tostones y con las limosnas de la cofradías de San Francisco”, indicó de la Cruz, quien agregó que se van a mantener en pie hasta ser escuchados y tomarán acciones según se determine en las asambleas comunitarias.

Foto: Amílcar Morales

 Nueva junta directiva

Los nuevos representantes para el periodo 2022-2023, serán Humberto de la Cruz López, presidente, comunidad de Guatalón;  Erick Orlando Miguel, vicepresidente, comunidad San Nicolás; María Antonia Miguel, secretaria, comunidad Río Grande; Gilberto Juventino de la Cruz López, tesorero, comunidad La Palmilla; José David de Paz, vocal I, comunidad San Nicolás; Izabel Ramos Alonzo, vocal II, Guatalón; Raúl Castillo, vocal III, comunidad Estanzuela Arriba; y Pedro Pérez, vocal IV, comunidad Pedregal.

Foto: Amílcar Morales

Reciben amenazas

A pesar de la celebración de la elección de nuevos cargos, Nájera denunció las amenazas que han recibido de las empresas mineras en la región, que pretenden explotar los recursos naturales en el territorio Ch’orti’. En el municipio de Quezaltepeque no existen empresas mineras, pero existen solicitudes de licencias para la exploración y explotación.

Nájera aprovechó para hacer un llamado a las personas del municipio para que se sumen a la lucha y defensa del territorio, y pidió que no se dejen engañar por las falsas promesas o regalías. “Eso solo nos vienen a comprometer, incluso hasta podemos perder nuestro territorio”, enfatizó.

Se tiene conocimiento que en esa región varios habitantes han estado cediendo a presiones para vender sus tierras, por lo que Nájera pidió no hacerlo, porque la tierra pertenece a los Ch’ort’i originarios del lugar.

El entrevistado indicó que además recibir amenazas, también han sido criminalizados con demandas recientes que buscan afectar a las organizaciones comunitarias.

“Prueba de esto es que antes del final de la asamblea nos llegó una noticia de un compañero originario de la comunidad de Estanzuela Arriba, que ha recibido amenazas y es perseguido por el Ministerio Público. Ya se estará investigando quién es el querellante de la demanda. Como organización comunitaria demostraremos la unidad para dar el apoyo necesario a las personas que son criminalizadas y perseguidas, gracias a la buena alianza que se ha hecho con las autoridades de Olopa, Jocotán, Camotán, San Juan Ermita, y de otros pueblos hermanos para seguir defendiendo el territorio para la futura generación”, concluyó.

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