“Para nosotras y nosotros está claro que buscamos justicia y encontrar los restos de nuestros familiares para darles sepultura, de acuerdo a nuestras creencias, pero más importante que eso es lograr la garantía de la no repetición; sensibilizar a la sociedad para que esto no vuelva a ocurrir nunca más”. Alejandra Cabrera.
Por Luis Ovalle
Familiares de víctimas del caso Diario Militar informaron hoy que en marzo próximo esperan el inicio la etapa intermedia del proceso contra 11 exoficiales del Ejército de Guatemala y expolicías, que habrían participado en la desaparición de más de 183 personas.
“No estamos inventando un caso; no estamos inventando historias; estamos relatando hechos en los que nuestros familiares fueron partícipes, o están involucrados de cierto modo”, dijo Paulo Estrada, hijo de Otto René y sobrino de Julio Estrada Illescas, dos militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), secuestrados en mayo de 1984.
Estrada, uno de los querellantes adhesivos, destacó que los hechos que se detallan en el Diario Militar, son de tal magnitud, que no son privados; los diarios de la época dan fe de lo que pasó; la hemeroteca es testigo fiel de lo ocurrido; “algunos tiroteos fueron en el centro de la ciudad, lo que hace que el caso tenga un contexto bastante sólido”, indicó.
Asimismo, recordó el papel que desempeñaron familiares de víctimas, como don Manuel Ismael Salanic, ya fallecido, quien desde el momento en que fue detenido ilegalmente su hijo denunció el hecho; luego se convirtió en uno de los fundadores del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), también mencionado en el Diario Militar o “Dossier de la Muerte”.
El documento, hecho público el 20 de mayo de 1999, registra el seguimiento, capturas y ejecuciones extrajudiciales de 183 hombres y mujeres considerados “enemigos internos”, durante el Conflicto Armado Interno, entre 1983 y 1985.
“Es la búsqueda de justicia, pero también de nuestros familiares”, dijo Estrada y recordó que en esa búsqueda ha habido logros, como haber encontrado los restos de seis personas en el antiguo destacamento de San Juan Comalapa, Chimaltenango y que son víctimas que han sido imputadas al exjefe de la zona militar de ese departamento, general Víctor Augusto Vásquez Echeverría.
La abogada Jovita Tzul, quien lleva los casos de las querellantes Alejandra Cabrera y Elisa Meza, comentó que si bien ahora ellas buscan justicia, en aquel momento las mujeres fueron víctimas de desaparición forzada, de delitos contra los deberes de la humanidad y violencia sexual, entre otros.
Muchas de ellas, como Alejandra Cabrera, Elisa Meza y Wendy Méndez, fueron víctimas directas; la política de desaparición incluyó otros patrones, como la desintegración familiar, anotó.
Por su parte, Alejandra Cabrera dijo que para ellas y ellos está claro que buscan justicia y encontrar los restos de sus familiares para darles sepultura, de acuerdo a sus creencias, pero más importante es lograr la garantía de la no repetición y sensibilizar a la sociedad para que esto no vuelva a ocurrir nunca más.
La aparición del Diario Militar, hace casi 23 años, constituyó un hito histórico, que evidenció el andamiaje de las estructuras de inteligencia militar, incrustadas en los poderes del Estado, que actuaban a través de las fuerzas de seguridad, para reprimir y diezmar a la población identificada y catalogada enemigo del Estado.
La publicación del documento permitió hacer una relación de los numerosos casos denunciados y conocidos, así como entender que las graves violaciones a los derechos humanos, a más de 180 familias guatemaltecas, no fueron hechos aislados, por el contrario, respondían a una estrategia de persecución, hostigamiento y erradicación de personas defensoras de derechos humanos, que luchaban por un país en el que la profunda desigualdad, la pobreza, el racismo y la exclusión, fueran superados.
