Negacionista del genocidio, aliado de militares, artífice de la política para desinstalar la institucionalidad de la paz y uno de los asesores de Jimmy Morales para expulsar a la CICIG preside la Comisión para elegir al nuevo PDH.
Por Regina Pérez
El pasado 26 de enero, el diputado Antonio Arenales Forno fue designado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la cual tendrá a su cargo la elección de una lista de candidatos para Procurador de Derechos Humanos (PDH), en sustitución de Jordán Rodas Andrade. Arenales Forno es un político conservador con carrera diplomática y una larga trayectoria trabajando en el Estado; se le conoce como el funcionario que desmanteló la institucionalidad de la paz.
Como presidente de la Comisión, analistas señalan que su rol será elegir a alguien que se aleje del papel que ha jugado Rodas, que ha mostrado su independencia ante el Congreso y ha defendido los derechos de la población.
Arenales Forno fue nombrado diputado por el partido Valor de Zury Ríos en sustitución de Luis Rosales, quien fue electo por el Congreso como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) en marzo de 2021.
Esta no es la primera vez que Arenales Forno ocupa una curul en el Congreso, fue diputado durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) entre 2001-2004, en el que se opuso a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Fue diputado constituyente en 1985 por el partido Unión del Centro Nacional (UCN) del que fue cofundador en 1983, junto a Jorge de León Carpio Nicolle. Sin embargo, su participación política la definió con el FRG, partido del general ya fallecido, Efraín Ríos Montt.
Partidario de la amnistía para militares
La carrera de Arenales Forno es de larga data. En la década de los 80, tuteló y organizó la Política de Derechos Humanos del Estado de Guatemala, con el fin de parar la condena hacia el país por las violaciones a los Derechos Humanos, dijo la defensora Claudia Samayoa.
Fue parte de la Comisión de la Paz (COPAZ), que negoció los Acuerdos de Paz y tuvo participación en la redacción del borrador del acuerdo sobre Derechos Humanos.
Durante su trayectoria ha mostrado inclinación por un grupo de militares vinculados con la guerra contrainsurgente y promovió una amnistía para que no se les procese por crímenes de guerra. “No es imparcial, sino que es inclinado a la defensa de los militares del Conflicto Armado Interno (CAI)”, dijo una persona que formó parte de una Comisión que analizó reformas electorales entre 1998-1999, donde también trabajó Arenales Forno como representante del FRG.
Fue secretario de la Secretaría de la Paz (SEPAZ) durante el gobierno de Otto Pérez Molina y creó la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), en respuesta a una observación de un relator especial para Guatemala “y la destruyó”, según Samayoa.
La COPREDEH al igual que otras entidades creadas a partir de los Acuerdos de Paz, como la SEPAZ, cerraron en 2020, durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
El año pasado, con otros diputados de la bancada Valor, presentó la iniciativa “Ley de Consolidación de la Paz y Reconciliación”, la cual busca extinguir la responsabilidad penal por todos los delitos cometidos durante el conflicto armado interno desde 1960 hasta 1996, crímenes que según la propuesta “se considera de naturaleza política”.
Como representante del Estado, Arenales Forno no quiso reconocer la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer los hechos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
El abogado Edgar Pérez, del Bufete de Derechos Humanos, quien estuvo en la audiencia de las Masacres de Río Negro vs el Estado de Guatemala, dijo que la postura del político era de no reconocer la competencia de la CIDH, que en Guatemala no se había cometido genocidio y que no se podían juzgar las desapariciones forzadas. Sus posturas eran “muy férreas”, dijo Pérez.
Según Samayoa, cuando fue presidente de COPREDEH, en las audiencias en la CIDH logró colocar al Estado como víctima de las organizaciones.
Arenales también ha ocupado numerosos cargos en la diplomacia guatemalteca, el último como embajador de Guatemala en Uruguay, en el gobierno de Jimmy Morales, durante el cual fue uno de los asesores para expulsar a la CICIG.
En una audiencia de 2018 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que el Estado guatemalteco pidió que fuera privada, Arenales Forno, en representación de Guatemala, indicó que la CICIG fue una “fiscalía paralela” y que sus investigaciones sobrepasaron el Acuerdo suscrito entre el Estado y la ONU. Un año después, el gobierno del expresidente Morales decidió terminar el mandato de la CICIG en el país.
Diseñó política para desinstalar instituciones de la paz
El profesor universitario Alfredo Calderón señaló que Arenales Forno es una persona “brillante pero perversa”. Un extenso perfil realizado por el periodista Enrique Naveda sobre Arenales Forno lo describe como “el consigliere” (asesor o consejero en italiano) y es el que recoge la mayor información sobre este personaje de la política guatemalteca.
Calderón indicó que su nombramiento como Secretario de la Paz sorprendió a muchos, porque él estaba acostumbrado a puestos de alta jerarquía, en tanto la SEPAZ, era vista como “un patito feo” desde que fue fundada, en 1997, tras la firma de los Acuerdos de Paz.
Según Calderón, Arenales Forno llegó a la SEPAZ cuando los militares recuperaron el poder con el gobierno de Otto Pérez Molina “para diseñar la desinstalación de la paz que era una demanda de las élites que nunca estuvieron de acuerdo con la firma de la paz”. Esto continuó con los gobiernos de los presidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
Esta institucionalidad abarcaba la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAAS), la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).
La estrategia se diseñó durante el Partido Patriota (PP) que continuó con el gobierno de Jimmy Morales, que empieza a atacar el PNR, al CNAP lo hace languidecer y Giammattei recoge los frutos de esa política de desinstalación de la Paz, indicó Calderón.
No van a cometer el error de elegir a alguien como Jordán Rodas
En enero pasado, Arenales Forno asumió la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que será la encargada de elegir una terna de candidatos de la cual el pleno elegirá al sucesor de Jordán Rodas Andrade.
Para Samayoa, el diputado tiene una interpretación restrictiva de los derechos humanos. “Él cree en las amnistías de los 80 como válidas; dos, plantea que los derechos humanos están en lo que dice la Constitución, no entiende el artículo 46 (Preeminencia del Derecho Internacional); y por otro, lado plantea que tiene que haber un cumplimiento limitado de los compromisos de Estado”, sostiene en líneas generales, la defensora.
En la elección del nuevo magistrado de conciencia, Samayoa considera que Arenales buscará el nombramiento de un Procurador de Derechos Humanos más político, menos técnico y menos independiente al actual. “Cuando eligieron a Rodas creyeron que iba a defender el sistema, se equivocaron y ante esa equivocación, no van a cometer el error de buscar a alguien de derechos humanos”, manifestó.
El rol, dice Samayoa, será buscar que haya un proceso de Comisiones de Postulación que sea como los anteriores, que aparente independencia pero que les garantice la elección de los delfines que tienen definidos y esa es la razón por la que él es el presidente de la Comisión, agregó.
En recientes declaraciones al diario Prensa Libre, Arenales dejó ver que no comparte el rol que ha jugado Jordán Rodas. Sin mencionarlo directamente, indicó que no le ha gustado el rol de algunos procuradores que se han concentrado en denunciar y no en recomendar. “No es lo correcto”, señaló.
Calderón indicó que se pueden dar el lujo de poner a alguien en la PDH “descaradamente muy visible a favor de la alianza criminal”.
El nombramiento de Arenales en dicha Comisión, quien ha negado las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno, según el abogado Pérez, responde a criterios políticos, no técnicos. Viendo la composición política del país no hay que hacer mucho análisis para entender por qué fue nombrado presidente de la Comisión, no hay mucha apertura sobre esos temas, más bien lo que hemos evidenciado es como se limita el ejercicio pleno de los derechos humanos, manifestó.
Esta elección, tal y como la de Fiscal General, coinciden algunos de los entrevistados, ya está arreglada.
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