Por Juan Calles
Tres abogadas son querellantes en el caso que se lleva en contra de cinco ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil(PAC) a quienes señalan de cometer brutales crímenes contra las mujeres de Rabinal. En este caso, las 36 mujeres Achi, que denuncian fueron violadas sistemática y masivamente, además de ser torturadas física y psicológicamente.
El caso se debate en el Tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la jueza Yassmin Barrios, Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Grabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado son los cinco acusados originarios de la aldea Xococ de Rabinal, en los años 81, 82 y 83 cometieron masacres y violaciones sexuales por los que hoy son juzgados, hoy lunes 24 de enero escucharán la sentencia.
Haydeé Valey, abogada Achi, nació en Rabinal, Baja Verapaz, en donde, según el informe del esclarecimiento histórico, se cometieron el mayor número de crímenes de guerra, tales como masacres, violaciones y tortura, el salvajismo de los perpetradores marcó al pueblo maya Achi para siempre, la hoy profesional de las leyes, estaba en el vientre de su madre cuando el 15 de septiembre de 1981 el Ejército cometería la primera masacre en Rabinal; ese día murieron 200 personas del pueblo Achi.
Esa historia ha acompañado a la abogada Valey a lo largo de su vida, una historia de terror y dolor, que durante cuatro décadas ha permanecido en la impunidad. Pero ella junto a las abogadas Lucía Xiloj y Gloria Elvira Reyes Xitumul representan a 36 mujeres Achi frente al Tribunal de Mayor Riesgo A, que juzga crímenes de lesa humanidad.
La acusación del Ministerio Publico presentó evidencia documental, peritajes, testimonios de sobrevivientes de las masacres y las declaraciones de las mujeres Achi, víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, hechos por los que hoy buscan justicia.
“En el 2011 comencé a trabajar en el bufete jurídico de Rabinal, (no me había graduado, pero estaba a punto) en donde se acompañan casos de sobrevivientes y se impulsan casos ante el sistema interamericano y a nivel nacional; allí documentábamos una petición ante la Comisión Interamericana de Justicia por la masacre de Chichupac, en ese ejercicio de recuperación de testimonios empezaron a surgir situaciones particulares que habían sufrido las mujeres, poco a poco, después de hablar lo que les había sucedido a sus familiares contaron lo que les pasó a ellas. Allí comencé a analizar los casos de violencia sexual de las mujeres”.
Para esos años no había abogadas que hablaran el idioma Achi, ser originaria de Rabinal y hablarlo le permitieron a la abogada Valey relacionarse y comunicarse con las sobrevivientes con respeto y confianza, por lo que pudieron contar sobre los abusos que sufrieron cuando fueron capturadas por ex PAC y entregadas al Ejército de Guatemala.
Por su parte la abogada Gloria Elvira Reyes Xitumul, también de origen Achi, es quien aporta gran experiencia para el equipo jurídico de las tres profesionales; la abogada Reyes Xitumul ha litigado en casos de conflicto de tierras y casos de violencia contra la mujer. Antes de obtener su título de abogada, trabajó como maestra de escuela y en 2016 fue directora del Centro de Educación de la Fundación Nueva Esperanza. Actualmente labora para el Bufete Jurídico Popular, ubicado en la ciudad de Guatemala.
En el caso de la jurista Lucía Xiloj, es quien ha trabajado en casos de justicia transicional, y es quien aporta esta experiencia al equipo. Para la licenciada Xiloj el caso de las Mujeres Achi, evidencia lo difícil que es para una mujer indígena acceder al sistema de justicia guatemalteco.
“En 2019 hubo una resolución en donde se estancó este proceso penal por que la jueza no creyó en los testimonios de las víctimas, o no consideró los testimonios de las víctimas como parte fundamental del proceso penal, entonces, este caso es importante para seguir evidenciando estos prejuicios que suceden cuando las mujeres indígenas acuden al sistema de justicia y se profundiza cuando son víctimas de violencia sexual” declaró la abogada Xiloj, quien es la profesional que más ha objetado las intervenciones de la defensa técnica de los acusados; en varias ocasiones dejó sin preguntas a las abogadas de la defensa que durante el juicio se han mostrado más bien extraviadas.
Las tres abogadas se consultan algún detalle jurídico y antes de pedir la palabra a la jueza, una mira a la otra, buscando apoyo, buscando la mirada que le indique que es oportuno intervenir, al recibir esa mirada de regreso, una de las abogadas pide la palabra e interviene frente al tribunal.
Mientras una de ellas habla, la otra abogada busca entre sus códigos y leyes algún texto de apoyo, al encontrarlo, lo marca con resaltador amarillo y con un leve toque en el hombro de la abogada que interviene, le señala el párrafo resaltado, la abogada agradece la ayuda y cierra su intervención satisfecha, se miran otra vez como diciendo, “buen trabajo”.
Cuando la abogada Lucia Xiloj responde a la pregunta “¿Qué significa este caso para usted?” aspira fuertemente y antes de responder compone la postura y muy segura responde:
“Este juicio también está educando, está cambiando ese imaginario de la sociedad guatemalteca, que no cree que existan mujeres indígenas profesionales que puedan llevar estos casos y tengan la capacidad de aplicar estándares internacionales, argumentar ante un órgano jurisdiccional de mayor riesgo la situación que viven otras mujeres indígenas, pero también es un reto porque muchas veces se nos cuestiona que seamos mujeres indígenas que estemos llevando este caso, pero nosotras hemos ayudado al MP a recabar medios de investigación, hemos hecho un trabajo minucioso, científico y por lo tanto no puede ser cuestionado”.
A lo largo del juicio, la prueba documental y los peritajes han dejado claro que existió una política estatal, una intención de violentar a las mujeres como un arma de guerra, se escarmentaba a la población considerada enemiga del estado, violando y torturando a las mujeres, que en la cosmovisión maya son pilar de la sociedad, esa estrategia de guerra quiso aniquilar a las mujeres Achi, hoy son tres mujeres quienes acompañan el valiente testimonio de las sobrevivientes de este sistema que hoy se encuentra sentado en el banquillo de los acusados.
Las tres abogadas procuran justicia, las 36 mujeres Achi que denuncian esperan el fin de la impunidad, un tribunal de mayor riesgo delibera para el próximo lunes 24 de enero dictar sentencia en este histórico caso en el que todo el pueblo Achi espera que su verdad sea reconocida.
