Señalan a Giammattei de haber propiciado corrupción y piden atender a comunidades

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Créditos: Regina Pérez
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Regina Pérez

En el marco de la rendición del segundo informe de gobierno por parte del presidente Alejandro Giammattei, en el Congreso de la República, organizaciones, comunidades y el diputado Aldo Dávila criticaron la gestión del mandatario, señalándolo de haber propiciado la corrupción y la impunidad y de no atender las demandas de poblaciones indígenas que han sufrido desalojos y abandono por parte del Estado.

En una conferencia de prensa realizada frente a Casa Presidencial, el diputado Aldo Dávila que acompañó a comunitarios de Petén y Alta Verapaz, dijo que buscan evidenciar la incapacidad del gobierno de Giammattei para atender la pandemia y para gobernar, que ha mostrado por medio de estados de sitio e impunidad.

“Lo único que ha hecho es que la corrupción sea más grande y que la impunidad siga creciendo”, indicó.

El presidente acudió la mañana de este viernes al Congreso para presentar su informe del segundo año de gestión, en el que abordó la pandemia de la COVID-19 señalando que su gobierno ha administrado 12 millones de vacunas. También habló del crecimiento económico, indicando que el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó un 7.5 por ciento.

Giammattei dijo que su gobierno ha trabajado para mejorar su posición internacional a través de la reconfiguración de su política exterior. Con Estados Unidos, añadió, se ha fortalecido una alianza en temas de seguridad y combate al crimen transnacional y la atención al tema de migración. El mandatario no se refirió a la corrupción durante su informe en el Congreso. Varios diputados no acudieron y otros como la diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada del partido Winaq, se retiraron antes de su intervención.

 

Leocadio Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), manifestó que el presidente Giammattei pretende engañar a la población con su informe en el Congreso, hablando de crecimiento económico y manejo de la pandemia.

“Va a pretender hablar maravillas de la salud, educación, desarrollo, sin embargo, nosotros que acompañamos a las comunidades nos hemos dado cuenta que este gobierno se ha centrado en la corrupción, en la impunidad, en el saqueo y en cometer graves violaciones a los derechos humanos en contra de dirigentes comunitarios”, manifestó.

El exdiputado criticó el tratamiento que el gobierno de Giammattei ha dado al pueblo de El Estor y señaló que se ha impuesto al menos diez estados de excepción para gobernar, porque carece de una estrategia eficaz para resolver las demandas. “Nos preocupa cómo utiliza las fuerzas de seguridad para criminalizar a la población con la complacencia de una fiscal del MP y jueces importantes que buscan garantizarles impunidad para seguir saqueando al Estado y seguir corrompiendo en todas las esferas”, afirmó.

En tanto, el diputado Dávila sostuvo que la persecución contra activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas se ha incrementado. Según el congresista, quien no asistió a la sesión en el Congreso, el mandatario no ha cumplido con varias promesas de campaña, pero sigue con la criminalización a defensores de derechos humanos.

Foto: Regina Pérez

Piden atender la situación de Laguna Larga

Durante la conferencia también se expuso la situación de varias comunidades de Petén y Alta Verapaz, entre ellos el caso de Laguna Larga, la comunidad desalojada en 2017 en San Andrés Petén y que hasta la fecha sigue sin recibir atención del Estado, pese a que cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Julián Zacarías, representante de la comunidad ubicada en la línea fronteriza con México donde viven en un campamento, manifestó que por cinco años han esperado una solución del Estado y pidió una solución al gobierno de Giammattei ante el desalojo. “Por la pandemia estamos sufriendo, no tenemos una casa digna, porque todas las casas que teníamos la destruyeron, y no ponen en cuenta lo que nosotros sentimos”, afirmó.

Zacarías resaltó que sufren de enfermedades y que 14 pobladores han fallecido desde que fueron desalojados. Aunque les han ofrecido fincas en donde vivir, estas no llenan los requisitos y están dentro de áreas protegidas, argumento que se usó para desalojarlos de Laguna Larga, señaló.

El abogado Rubén Domingo, del Bufete para los Derechos Humanos que acompaña a la comunidad, expresó que solicitan el cumplimiento de la medida cautelar otorgada por la CIDH a favor de Laguna Larga, ente al que solicitan una visita al país para que pueda constatar la realidad de la comunidad en la zona fronteriza con México, donde se viven momentos críticos de violaciones a los derechos humanos.

Autoría y edición

Periodista y comunicadora. Soy curiosa y me apasionan las redes sociales. Mis raíces son de la cultura Maya K'iche'.

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