Créditos: Regina Pérez
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“… Las graves violaciones a los derechos humanos a más de 180 familias guatemaltecas, no fueron hechos aislados, sino que responden a una estrategia de persecución, hostigamiento y erradicación de personas defensoras de derechos humanos, que lucharon por un país en el que la profunda desigualdad, la pobreza, el racismo, la exclusión fueran superados, para garantizar el Estado de derecho, la democracia y la dignidad humana”. Familiares de víctimas

Por Luis Ovalle

Este miércoles 12 de enero reiniciaron las audiencias del caso Diario Militar. Se retomó el proceso con una solicitud del Ministerio Púbico (MP) de reforma del auto de procesamiento al general en situación de retiro Víctor Augusto Vásquez Echeverría, debido a que no fue ligado a proceso por la desaparición forzada del niño Juan Pablo Armira López y su hermana María Quirina López, quienes aparecen en el Diario Militar, además solicitó que se ampliara la primera declaración, para acusarlo por los crímenes contra otros menores que aparecen en el documento.

En el caso Diario Militar son procesados 10 exoficiales del Ejército y dos de la Policía Nacional (PN), supuestos responsables materiales e intelectuales de crímenes contra más de 183 personas, ocurridos entre 1983 y 1985, cuando el general Óscar Humberto Mejía Víctores era jefe de Estado.

¿Quiénes son los detenidos?

Entre los detenidos, ya ligados a proceso, se encuentran los generales: Marco Antonio González Taracena, antiguo director de inteligencia y ministro de la Defensa entre 1995 y 1996, y Víctor Augusto Vásquez Echeverría, excomandante de la zona militar 302 (Chimaltenango-Sacatepéquez).

El coronel retirado Jacobo Salán Sánchez, quien se entregó voluntariamente el 1 de junio de 2021, luego de que el 27 de mayo no fuera encontrado en su vivienda. Trabajó en la Dirección de Inteligencia del Ejército; formó parte de “La Cofradía”, un grupo de militares surgido durante el gobierno del general Romeo Lucas García; ha sido señalado de haber participado en el secuestro y asesinato de varios estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) en 1989 y del asesinato en 1990 del ciudadano estadounidense Michael Devine.

Los tenientes coroneles, Gustavo Adolfo Oliva Blanco, primer jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT), especialista en contrainsurgencia policial y Juan Francisco Cifuentes Cano, primer jefe de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía y del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional.

Además, los especialistas del Ejército: Enrique Cifuentes de la Cruz; Edgar de León Sigüenza; Eliseo Barios Soto; Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth; Rone René Lara; José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Corado Samayoa.

Aunque la audiencia de este día fue una ampliación de la primera declaración, correspondiente a la primera etapa del proceso y mañana se tiene prevista la revisión de medidas de coerción para Mavilio Aurelio Castañeda, Eliseo Barrios Soto y Enrique Cifuentes de la Cruz, se prevé que en los próximos días de continuidad la etapa intermedia del juicio.

Durante esta primera etapa, que inició desde el 27 de mayo de 2021, con las audiencias para dar a conocer los motivos de las detenciones y concluyó el 21 de octubre, fueron ligados a proceso 11 de los señalados. Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth es el único que aún no ha sido ligado a proceso, debido al deterioro de su estado de salud mental. El juez Miguel Ángel Gálvez nombró tutora a su esposa, Norma Yocuté Ortiz y dejó pendiente la fecha para la audiencia de primera declaración.

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Los delitos de los que se les señala son: desaparición forzada; delitos contra los deberes de la humanidad; asesinato; asesinato en grado de tentativa y ejecución extrajudicial. Este último solo se le atribuye al general retirado Víctor Augusto Vásquez Echeverría, debido a que las osamentas de Sergio Saúl Linares, Amancio Samuel Villatoro, Zoilo Canales Salazar, Juan de Dios Samayoa, Hugo Adaíl Navarro Mérida y Moisés Saravia López, fueron localizadas en una parte de las instalaciones del antiguo destacamento militar de Comalapa que él comandaba.

Los querellantes

Hasta ahora se han sumado como querellantes: Paulo Estrada, hijo de Otto René Estrada Illescas, quien aparece en la ficha 135 del Diario Militar, y sobrino de Julio Alberto Estrada Illescas, ficha 156. Ambos hermanos eran integrantes de la plana mayor del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).

Manuel Farfán, en representación de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), fundada por su madre, Aura Elena Farfán, hermana de Rubén Amílcar Farfán, ficha 134 del Diario Militar. Rubén Amílcar también formaba parte del PGT.

Alejandra Cabrera, hija de Eleuterio Leopoldo Cabrera García, ficha 76. Era miembro de la Dirección Nacional del PGT Comité Central. Según se deduce de la ficha, habría sido asesinado el 1 de diciembre de 1984.

Eliza Meza, hija de Gustavo Adolfo Meza Soberanis, médico y cirujano, integrante de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), capturado el 7 de septiembre de 1983 y aparentemente asesinado el 7 de febrero de 1984.

La verdad histórica

Entre 1983 y 1985 fueron detenidas desaparecidas más de 183 personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas, que aparecen en el denominado Diario Militar o Dossier de la Muerte, un documento militar que sacó a luz pública el 20 de mayo de 1999, el Archivo Nacional de Seguridad (NSA), de Estados Unidos, en el que se registran detenciones, torturas, violencia sexual, desapariciones y asesinatos.

Según el MP, el Diario Militar consta de 73 hojas tamaño oficio, distribuidas en seis secciones: las primeras cinco contienen información sobre la organización de archivos de inteligencia, con listas de cateos efectuados a diferentes casas y organizaciones de derechos humanos; la sexta consta de un registro pormenorizado de 183 personas sometidas a diversos actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, y en algunos casos ejecución extrajudicial.

La agrupación de Familiares de Víctimas del caso Diario Militar ha señalado que el hallazgo, verificación de autenticidad y publicación de este documento constituyó un hito histórico que evidenció el andamiaje de las estructuras de inteligencia militar incrustadas en el Estado, que actuaban a través de las fuerzas de seguridad, para reprimir y diezmar a la población identificada y catalogada como enemigo del Estado.

A decir de la organización, este documento de inteligencia militar registra el seguimiento, capturas y ejecuciones extrajudiciales de 183 hombres y mujeres catalogados como enemigos internos durante el Conflicto Armado Interno, entre 1983 y 1985.

“Dicha publicación permite hacer una relación de los numerosos casos denunciados y conocidos, permitiendo entender que las graves violaciones a los derechos humanos a más de 180 familias guatemaltecas, no fueron hechos aislados, sino que responden a una estrategia de persecución, hostigamiento y erradicación de personas defensoras de derechos humanos que lucharon por un país en el que la profunda desigualdad, la pobreza, el racismo, la exclusión fueran superados, para garantizar el Estado de derecho, la democracia y la dignidad humana”, indica.

En 2012 varios familiares decidieron presentar acciones internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo que da como resultado la sentencia de diciembre del mismo año, en el caso Gudiel Álvarez y otros -Diario Militar- Vs. Guatemala y, condenó al Estado por la desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura de víctimas incluidas en el también llamado “Dossier de la Muerte”. Se establecieron como medidas de reparación, investigar, determinar la verdad de lo sucedido, enjuiciar y sancionar a los responsables.

Pese a la resistencia del Estado de Guatemala, para emprender dichas acciones, familiares continuaron su lucha en la búsqueda de verdad, justicia y el paradero de sus familiares, es así como el 27 de mayo de 2021 la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, llevó a cabo una serie de allanamientos y capturas y relacionados con el caso Diario Militar o Dossier de la Muerte.

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