“Todo es parte de un hostigamiento para interferir con mi función”
Por Héctor Silva Ávalos
Erika Aifán es una de las últimas funcionarias judiciales que desafía a la alianza política que gobierna en Guatemala, que incluye al presidente Alejandro Giammattei y al Ministerio Público (MP) que preside la fiscal general Consuelo Porras. Esa alianza, empoderada por el descalabro de la lucha anticorrupción desde la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), procurada por el expresidente Jimmy Morales, quiere deshacerse a toda costa de la jueza Aifán.
Desde mediados de este enero, la fiscal Porras ha mandado a Rafael Curruchiche, el empleado al que ha encomendado convertir la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en una arma de persecución criminal y política contra quienes el régimen de la alianza entiende como obstáculo, a arremeter contra la jueza Aifán. En menos de una semana, Porras ha pedido levantar la inmunidad a la jueza y la ha acusado de prevaricar. Erika Aifán ha decido resistir, como lo ha hecho desde que fue nombrada, en 2017, jueza de mayor riesgo.
Por el escritorio de Aifán han pasado, en el último lustro, algunos de los casos que más comprometen a las élites políticas y económicas de Guatemala. En esos casos los acusados eran personas como Byron Lima, el militar vinculado al expresidente y exalcalde Álvaro Arzú, cinco de los empresarios más poderosos del país, acusados de financiar de forma ilícita la campaña presidencial de Morales y jueces, magistrados y operadores políticos que quisieron, en 2019, manosear la elección de las altas cortes.
Ese portafolio ha hecho de Aifán una de las operadoras de justicia más perseguidas de Guatemala y Centroamérica. Su respuesta: usar las leyes y los recursos institucionales para hacer frente a denuncias, peticiones de antejuicio y ataques espurios. Es, ante todo, “una mujer de derecho“, dice en esta plática con Prensa Comunitaria.
Ya la jueza Aifán respondió a la última embestida del Ministerio Público (MP) desde el mismo sistema al pedir a la Corte Suprema que recuse a ocho magistrados que deben de conocer la petición de levantarle la inmunidad. Además, reitera que está considerando seriamente postularse al cargo que hoy ocupa Consuelo Porras: fiscal general y jefa del MP de Guatemala.
En esta plática, la jueza Aifán reflexiona sobre los ataques en su contra, sobre el riesgo que ella y otros operadores de justicia siguen corriendo en Guatemala, incluso el de perder la vida -una posibilidad que siempre está presente, dice-, sobre la primera advertencia que un mafioso le hizo cuando era jueza en Jutiapa y sobre la esperanza que las mafias políticas del país se empeñan en destruir.
¿Cómo entiende este nuevo intento de despojarla de su inmunidad, esta vez desde el Ministerio Público que preside Consuelo Porras?
El Ministerio Público, bajo esta administración, no es la primera vez que me presenta un antejuicio. Existen acumuladas una gran cantidad de denuncias penales en mi contra que se han negado a archivar. Estos hechos ya se han puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Todas han sido denuncias espurias, sin fundamento. El antejuicio anterior al último que ha anunciado el Ministerio Público, que todavía no me ha sido notificado, fue una denuncia en el régimen disciplinario y en esa ocasión quedó plenamente acreditado que yo había actuado en el marco de mis atribuciones judiciales. Una constante en las denuncias del MP en mi contra es por resoluciones y actuaciones en mi cargo de jueza de Mayor Riesgo, lo cual también está en contra de los estándares internacionales en materia de administración de justicia. Lo he hecho ver al MP y la CIDH ha otorgado a mi favor medidas cautelares y en las reuniones para la implementación de esas medidas la única institución que nunca ha comparecido es el Ministerio Público.
El MP, entiendo, se ha negado a archivar todas esas denuncias anteriores interpuestas contra usted…
Cuatro jueces de Mayor Riesgo hemos pedido de manera respetuosa a la señora fiscal que archive esas denuncias penales que no tienen ningún fundamento. Es una facultad de ella determinar si las archiva o si ella estima que tienen fundamento presentar los respectivos antejuicios, pero tras varios años de supuesta investigación, y hablo de supuesta investigación, porque la ley no le permite investigar jueces y magistrados por el derecho de antejuicio, y tras varios años de mantener estos procesos en el MP, pues ella no da una solución.
¿Qué ha dicho el Estado guatemalteco a la CIDH respecto a las medidas cautelares que le han otorgado a usted?
Periódicamente se pide un reporte de las denuncias penales y de tipo administrativo que me han sido interpuestas en diversos órganos y se informa a la Comisión. En el último reporte, que si no estoy mal fue del mes de noviembre o diciembre, no figuraba ninguna denuncia en mi contra, por ningún hecho. El Ministerio Público podría estar haciendo un subregistro de las denuncias en contra de jueces independientes. Todas estas acciones son parte de ese hostigamiento y de esas amenazas que tratan de interferir con el desarrollo de mi función jurisdiccional.
¿Es decir que la denuncia última que hizo el MP, por la que piden retirarle la inmunidad, no está registrada en el informe presentado a la CIDH?
Estamos trabajando en el informe. Nosotros requerimos a cada institución con cierta regularidad que nos informe todos los procesos abiertos. Se pidió al Ministerio Público, en los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre, el desplegado de todos los procesos en mi contra. En ese desplegado no se incluye esta última denuncia o antejuicio que ha considerado el MP. No obstante, el señor fiscal encargado del caso (Rafael Curruchiche, jefe de FECI) ha dicho en declaraciones públicas a los medios de comunicación que este caso se inició desde que él tomó el cargo como jefe de la FECI, y esto fue en agosto del 2021. Mi solicitud de información, como le digo, fue extendida casi a final de año. Entonces tendría que haber figurado, sin embargo, no está.
Además de solicitar las medidas cautelares, en septiembre pasado usted denunció al Estado de Guatemala ante la CIDH por perseguirla, hostigarla, no respetarle el debido proceso. ¿Cómo ha progresado esa denuncia?
La petición de fondo lleva un tiempo un poco más largo para que la Comisión pueda determinar la admisibilidad o no de esta denuncia contra el Estado de Guatemala, puede llevar incluso varios años. Dentro de este procedimiento también he formulado otra petición adicional, relacionada con el incumplimiento del Estado de Guatemala de las medidas cautelares que fueron otorgadas.
Siempre sobre la última petición de antejuicio, el MP la acusa de abuso de autoridad en el caso de Comisiones Paralelas 2020. ¿Esto tiene que ver con aquella acusación vieja del juez Mynor Moto, prófugo de la justicia, a quien usted pidió capturar por ese caso? Parecen acusaciones calcadas.
No tengo idea porque no me han notificado. Todavía no he recibido la notificación, entonces desconozco los detalles.
Aun sin la notificación formal, basta revisar un poco el archivo: es lo mismo que Moto estaba pidiendo. La CSJ había desvirtuado la petición de ese juez y ahora el MP está retomando la misma acusación, que es básicamente que usted se atribuyó funciones que no le competían. ¿Es todo parte del hostigamiento al que usted se refiere?
Sí, voy a aclarar que en el caso del compañero juez, pues yo tengo a cargo el juzgamiento que se está llevando en contra de él, no me puedo pronunciar. Me voy a pronunciar respecto de las indicaciones que el MP ha hecho en contra de mi persona. Y sí me causa extrañeza. La ley establece que, en caso de que las partes estimen que el juez que está conociendo no es el juez competente, deben de presentar la solicitud de incompetencia. Pero el Ministerio Público no es el órgano que, de conformidad con la ley, determina si un juzgado es competente; debe de ser un juzgado. Además, cualquier resolución es susceptible de ser revisada por instancias superiores. Entonces, para poder sindicar la comisión de un delito por atribuirse una competencia, considero que se necesita previo una decisión judicial que establezca que el juez no es el competente. Aquí hay que tomar en cuenta otras circunstancias: ¿Cuántas veces en el país se ha determinado que un juez no tiene competencia? ¿Cuántos jueces de estos han sido señalados por la comisión de un delito? Los estándares internacionales en materia de independencia judicial establecen esa imposibilidad de criminalizar al juez por sus decisiones judiciales, salvo que exista, por ejemplo, alguna otra circunstancia, como un tráfico de influencias, un soborno que haya motivado esa decisión judicial. Pero de lo contrario no pueden criminalizar al juez. Las partes tienen los recursos para poder revertir los aspectos jurisdiccionales dentro de los procesos que no compartan, pueden someterlos a análisis de órganos superiores. Entonces resulta extraño que la conducta del fiscal en el presente caso sea la de criminalizar a la jueza.
¿Hay un patrón de persecución en su contra desde que fue nombrada en el tribunal de alto riesgo?
Sí, es parte de la percepción que tengo de esa criminalización. Las medidas cautelares de la CIDH en relación a ese hostigamiento son para pedir al Estado de Guatemala que genere las condiciones para que yo pueda trabajar sin este tipo de hostigamientos.
“Una mujer de derecho“
¿Aún tiene confianza en que un Estado como el de Guatemala, al que usted ha denunciado, le haga caso a lo que pueda decir la Comisión Interamericana?
Ya son varios años que llevo bajo este hostigamiento constante que se ha convertido en un círculo vicioso en el que se cierra un proceso y se abre otro. La estrategia de estos grupos paralelos o estructuras criminales, que considero pueden estar detrás de la fabricación de todas estas acusaciones, ha sido destituirme y retirarme la inmunidad. Siempre he mencionado en todas mis entrevistas que soy una mujer de derecho. Confío, quizá no en las instituciones, quizá no en las personas, confío en los procedimientos establecidos en la ley, en las garantías que han sido fijadas tanto a nivel internacional como a nivel constitucional. Hasta ahora he logrado revertir todos los procesos que han sido instaurados en mi contra. Es cierto que en este momento el país atraviesa un contexto muy complicado para los jueces, para los operadores de justicia independientes.
¿Aun en este momento complicado confía en que funcionen esos procedimientos de ley?
Esta es una situación que no va a ser sostenible por mucho tiempo, por muchas razones, y creo que en este sentido juega un papel importante el trabajo, la voz, las acciones legales que cada uno de los operadores de justicia independiente podamos generar, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Aunque el Estado ha sido un poco renuente al cumplimiento de las medidas cautelares, yo he sostenido reuniones con los comisionados (de la CIDH) y han establecido algunas nuevas propuestas para tratar de que el Estado pueda cumplir con esos compromisos internacionales que ha adquirido.
¿Es hoy más complicado por la expulsión de CICIG y la recaptura del Estado por mafias?
Las investigaciones que se han realizado han tocado estructuras criminales que tienen un poder logístico increíble. Es un poder operativo grande. Tienen una capacidad económica, una capacidad bélica, una capacidad en recursos humanos que incluso se excede de los límites del territorio nacional, generando incluso delitos transnacionales. Es complicado porque han sido tocadas tantas estructuras de diversa índole y con todas estas características, y vemos que algunos de estos actores pueden haberse concertado precisamente para revertir los avances que en administración de justicia se han tenido. También vemos una estrategia dirigida en contra de operadores de justicia independientes. En las últimas publicaciones de netcenters me señalan como uno de los últimos eslabones de ese sistema de justicia. Entonces, en mi caso, esto lo hace particularmente difícil en este momento, porque los ataques se están centrando en mi persona, como en algún momento se centraron en contra de otras instituciones, como la Corte de Constitucionalidad, en algunas personas relacionadas a la fiscalía o al reclamo de los derechos humanos. Hoy han determinado el objetivo atacar y se han reforzado los esfuerzos en mi contra; el objetivo es mi judicatura.
Insisto: ¿es posible seguir confiando en el Estado de derecho en Guatemala cuando este está cooptado por estas estructuras de la que usted me habla y que ya expulsaron y exiliaron a otros operadores de justicia?
En los procesos que me ha tocado enfrentar he tenido incluso que lidiar con la implantación de pruebas, también con la sustracción de mis pruebas dentro de los expedientes. Estas acciones han sido planificadas y consensuadas para destituirme y criminalizarme, pero el derecho me ha dado los espacios para poder revertir esas acciones en mi contra; eso, en este contexto tan negativo que existe, me da a mí una luz de esperanza. Sé lo difícil que puede resultar esto para los operadores de justicia, que exponemos nuestra integridad física. Pero, ¿va a ser posible eternamente seguir generando ese proceso de exilio? Creo que el propio sistema en algún momento no toleraría este tipo de situaciones, porque entonces las personas buenas estarían conformando otro Estado en otro país. Existen muchas dificultades: mientras las personas que pueden pertenecer a estos grupos de estructuras organizadas tienen todo el tiempo para hacer estas estrategias, los recursos, los operadores de justicia estamos defendiéndonos de los ataques y atendiendo nuestros asuntos personales y, además, haciéndonos cargo de los casos que nos han sido asignados, que en el caso de los Juzgados de Mayor Riesgo son bastante complejos y requieren una preparación y una dedicación mayor. Frente a todo esto nosotros nos encontramos con estructuras criminales que tienen personas dedicadas solo a la planificación de las estrategias y con capacidad económica. Pero estas situaciones llegará el momento en que se reviertan, en que se encuentre ese punto de quiebre en la sociedad.
Criminalizar la esperanza
¿Cree que los jueces de alto riesgo son el último bastión que va quedando tras la salida de CICIG?
Hay muchos operadores de justicia buenos, correctos, que desempeñan su trabajo. Quizás algunos menos visibles que otros. Los grupos de poder paralelos de justicia entienden que yo soy uno de esos bastiones, ya que el trabajo que se ha efectuado en los Juzgados de Mayor Riesgo ha sido conocido por la población y considero que ha generado credibilidad en el tema de administración de justicia. Ellos quieren criminalizar ese trabajo, que ha representado por esa esperanza para la gente.
¿Teme por su vida?
Hace muchos años, cuando estuve en el departamento de Jutiapa, se acercó alguien vinculado a estructuras criminales y me indicó que el primer paso era hacer un ofrecimiento económico para obtener la decisiones judiciales que querían. Ante la negativa de aceptación de ese ofrecimiento económico, entonces me hicieron ver que precisamente podían realizar este tipo de hostigamientos y que si esto no funcionaba la tercera opción era contra mi vida. He estado clara de ese posicionamiento de las estructuras criminales y lo que puede significar. No es una opción que sea descartada, es una posibilidad en todo momento.
¿Qué tan importante es la participación de agentes del Estado de Guatemala en estas redes criminales?
Para estas estructuras es importante la generación de impunidad y para esto tienen necesariamente que buscar espacios dentro de las esferas de poder jurídico, político y económico. Pueden valerse de muchas formas para la cooptación de estos espacios, como tratar de infiltrar a miembros de las estructuras en puestos de decisión que puedan ayudarles para generar esa impunidad. Pueden utilizar algunos mecanismos como los sobornos o las amenazas o los atentados para generar esa impunidad y, en el ámbito político, pues también hay una cooptación y por eso es que se habla actualmente de la cooptación de los estados.
¿Usted entiende lo que le está pasando a usted y lo que le ha pasado a otros operadores de justicia en Guatemala como parte de esa generación de impunidad?
Así es. Por ejemplo, en el caso que le mencionaba de la implantación de pruebas y la sustracción de pruebas, fue dentro de un proceso administrativo. Quedó comprobado que fue la supervisora auxiliar de tribunales que fue sancionada en una primera instancia y en una segunda instancia que no tenía vía recursiva, es decir lo que se decidiera en esa instancia era la última decisión, pero aún así revocan la sanción y no entran a la consideración de si la funcionaria es responsable o no, sino que aplican una prescripción, indicando que la comisión de la falta administrativa había prescrito antes de que yo me enterara que habían sustraído mis pruebas. Esto genera impunidad. Desde estos espacios se ha generado esa impunidad, y yo he presentado denuncias muy concretas en contra del personal que tuve asignado, pero los procesos disciplinarios se demoraron indefinidamente, y vimos como las personas que fueron las que cometieron estos hechos fueron ascendidas o fueron mejoradas sus condiciones laborales. Hay una notificadora que tiene 14 sanciones firmes de destitución desde hace más de 2 años y sigue laborando normalmente.
Comisiones de postulación: ¿una casualidad?
Volviendo un poco a lo de la última actuación del MP, ¿le llama la atención que justo se le esté tratando de perseguir a usted en el momento en que se tiene que formar de nuevo una postuladora para la elección del sustituto o la sustituta de la actual fiscal general?
Sí, me ha llamado la atención porque fue el mismo procedimiento que se realizó previo al proceso de selección de cortes, donde también fue una fiscal del Ministerio Público, la licenciada Cintia Monterroso, la que me presentó una denuncia sin fundamento, pero a la presente fecha no han presentado un antejuicio en mi contra y se niegan también a desestimar el caso. Ella presentó una denuncia administrativa y le indicaron las instancias que conocieron su denuncia que mi actuar estaba enmarcado dentro de las funciones judiciales. A la presente fecha, pues no tiene ningún sustento la denuncia y sucede algo similar ahorita previo a la elección. Sí me ha generado extrañeza la actitud del MP.
Para terminar, una reflexión más general sobre Guatemala. ¿Cómo ve el apoyo ciudadano de los guatemaltecos a condenar cosas como lo que le está sucediendo a usted o al exigir menos impunidad? ¿Cree que ahora es más complicado?
Hay muchos puntos de vista en torno a esto. El tema de justicia no es un tema muy cercano a la ciudadanía. Son pocos los ciudadanos que conocen quienes trabajamos en este ámbito. La figura del juez o del fiscal no es una figura tan cercana a la población. Lo que el ciudadano entiende claramente es lo que le afecta directamente, la criminalidad que llega hasta él y lo toca, un asesinato, un robo de un celular en la calle, una extorsión a las personas que están trabajando. Eso lo entiende la población, que no ha visto quizá una respuesta tan efectiva de los órganos encargados de hacer cumplir la ley para erradicar esto, que también es un fenómeno complejo. Es complicado basar un cambio a las circunstancias actuales únicamente en la participación ciudadana; tenemos que tomar en cuenta en este momento también que la gente prioriza, frente a estos temas legales, problemas como la pandemia. Cuántos han perdido su trabajo, sus negocios, familiares, etcétera. Esto hace que la protesta o el reclamo ciudadano sea menor y no es suficiente. Hay muchas acciones que deben de tomarse de manera conjunta, pero creo que nos hace falta un poquito de unidad en el país y liderazgos reconocidos y comprometidos con ese desarrollo sostenible.
¿Va en serio la posibilidad de postularse a fiscal general? ¿Tendría alguien como usted la oportunidad de que este sistema la elija?
Mi visión en los últimos veinte años ha sido la visión de juez. Hasta ahora no lo había considerado formalmente. Muchos me dicen que no existe ninguna oportunidad para que una persona independiente pueda optar a ese cargo de fiscal general, pero creo que cada proceso de selección marca un reto al sistema y es una oportunidad para decidir hacer las cosas correctas o no. Cuando participé en el proceso de selección de Corte Suprema, algunos me dijeron que mi participación iba a validar los resultados y yo les dije que solo podía saberlo si participaba, no hay otra forma. Sí lo estoy considerando seriamente, porque sé que es una inversión de tiempo que viene a sumarse a toda la conflictividad y el contexto en el que estoy trabajando, pero si Dios me lo permite y tengo las condiciones para poder reunir la papelería y todo voy a presentar una postulación.
