Recién iniciado el nuevo año se realizó la elección en donde participaron más de 900 personas con el objetivo principal de organizarse para seguir trabajando para la administración y la defensa del territorio ch’orti’ de Quezaltepeque.
Por Amílcar Morales
La Comunidad Indígena de San Francisco, representada por 23 cantones y distintas fincas celebró su asamblea ordinaria para la elección de la nueva junta directiva para el periodo 2022 –2023 en la comunidad de San Nicolás del municipio de Quezaltepeque, Chiquimula, según lo dio a conocer Marvin Arnoldo Nájera López, expresidente y representante legal de la comunidad indígena.
La actividad, que inició con una ceremonia e invocación por todos los logros obtenidos a lo largo del año, se celebra desde 1866.
La elección se realizó el pasado seis de enero con la participaron más de 900 personas, para seguir trabajando en la administración y defensa del territorio ch’orti’ de Quezaltepeque. La junta directiva que asume al cargo este año tiene la responsabilidad de proteger y conservar los bienes naturales de la comunidad.
En total son 243 caballerías comprendidas en las fincas corral falso, la cofradía de San Francisco, y el Nochan, que son parte del patrimonio de la Comunidad Indígena San Francisco. Los ancianos narran que estas tierras las compraron los antepasados alrededor de 1700.
Una comunidad que alcanza importantes logros y enfrenta graves problemas
Según Nájera, los principales logros que se han alcanzado a lo largo de la organización es obtener la vara que los representa como comunidad indígena, ya que el municipio carecía de la misma y por eso han sufrido discriminación por parte de las distintas instituciones, incluso han sido demandados.
En los últimos años, agrega Nájera, lograron alianzas con las autoridades ancestrales del municipio de Olopa, con quienes trabajan de manera conjunta y han tenido acerca miento con las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán y el Parlamento Xinka, la Coordinadora Tajurán el Gigante y otras organizaciones a nivel nacional.
Además han participado en algunas reuniones en el Congreso de la República, en la interpelación del ministro de Energía y Minas sobre las licencias mineras que ha otorgado sin consulta previa a los pueblos originarios, así como acercamiento con organizaciones de derechos humanos.
En la actualidad existen cinco solicitudes de explotación de minera en el municipio de Quezaltepeque, según las investigaciones que ha hecho la propia comunidad, las solicitudes tienen el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Anselmo Leal Gregorio, de la comunidad San José Cubilete, quien prestó su servicio como vicepresidente de la comunidad indígena, dijo que han tenido que enfrentar demandas penales por parte del señor alcalde del municipio, Álvaro Morales, quien los ha denunciado en el Ministerio Público de Chiquimula, asistiendo a 35 citaciones.
Por su parte, el alcalde Morales sostiene que no existe comunidad indígena en el municipio de Quezaltepeque; por esta razón establecieron alianza con otros pueblos indígenas del país para trabajar en conjunto en la lucha y defensa de sus territorios.
Otro problema que enfrenta la comunidad es que algunas personas se han presentado a la municipalidad de Quezaltepeque a declarar tierras comunitarias como propias, lo cual como autoridades ancestrales han denunciado ante las autoridades municipales sin obtener respuesta.
Según Leal Gregorio, entregaron un memorial al gobierno central y a otras instancias, porque la comunidad cuenta con un título que los ampara como comunidades ancestrales y están dispuestos a luchar en contra de cualquier mega proyecto, además dice que la lucha es posible porque en los 23 cantones de Quezaltepeque se reúnen los auxiliares comunitarios electos democráticamente mediante asamblea, para fortalecer la organización comunitaria.
Ovidio Alonzo, autoridad indígena del municipio de Olopa, urgió a las autoridades competentes que los tomen en cuenta como autoridades indígenas, como defensores de los derechos humanos y de los recursos naturales. Hasta hoy únicamente han recibido como respuesta amenazas por parte de las empresas mineras, “que solo han dejado en el país contaminación de los ríos, enfermedades, pobreza, incluso pérdida de vidas humanas a causa del problema que generan las empresas mineras”, aseguró Alonzo.
Alonzo indicó que el pasado 30 de septiembre del año recién pasado fueron detenidas cinco personas defensoras del territorio maya ch’orti’, criminalizados por el asesinato de una persona, lo cual es parte de una política de las autoridades que están en contra de los defensores y defensoras del territorio, que acusan y señalan a personas inocentes.
En Olopa hay 14 comunidades e igual número de consejos indígenas organizados para la defensa de sus territorios y el respeto a sus derechos humanos, han obtenido logros importantes. Una de las últimas acciones en defensa del territorio es el de un amparo en el Ministerio de Energía y Minas, (MEM), para rechazar dos solicitudes de extracción minera, en las comunidades de Tituque y las Pomas, el objetivo es que esos proyectos mineros no lleguen a perjudicar la vida de la población puntualizó el entrevistado.
Juventino López Gregorio, originario del cantón Chiramay, dijo que tiene más 54 años de ser socio activo de la comunidad indígena maya ch’orti’ de San Francisco. Para él ha sido importante participar e involucrarse en la asamblea donde puede ejercer su derecho para el fortalecimiento de la organización para la defensa de los territorios.
Pero además, puede contribuir para mejorar la educación en su comunidad, defender el derecho de la niñez, “también existen problemas que se están dando con las amenazas de las empresas mineras que pretenden apropiarse del territorio que solo llegan para destruir y a contaminar lo que aún queda en las comunidades, como las montañas, bosques, fuentes de agua. Hago un llamado a las autoridades a no seguir haciendo negocios a costas del pueblo de Guatemala sin ninguna consulta previa, y como autoridades ancestrales y población en general nos mantengamos unidos porque solo unidos vamos a defender nuestros derechos y de las demás comunidades del departamento de Chiquimula, como Olopa, Jocotán, Camotán que también sufren del mismo problema como área ch’orti’ ”, finalizó.
Wilson Yovanny Miguel, residente y originario de la comunidad de la Palmilla Arriba de la finca de Corral Falso, delegado de Iglesia católica, indicó que el cambio de la Junta Directiva es muy importante, porque son éstas las que se encargan de representar a las demás comunidades indígenas ante cualquier situación legal, especialmente de sus territorios y de sus derechos.
“Muchos terratenientes poderosos han querido apoderarse de las tierras comunales, las autoridades locales no quieren reconocer que existen pobladores indígenas en el municipio, la comunidad indígena de San Francisco en una compra que realizaron los antepasados y, que existe antes de la municipalidad, por lo tanto seguiremos luchando para no pagar impuestos sobre las tierras como han querido las autoridades municipales, que ha sido y seguirá siendo uno de los logros que han obtenido a lo largo de estos años”, concluyó.
El acompañamiento de los pueblos se evidenció en la asamblea
El día de la elección se contó con la presencia de los representantes de la Asociación de Abogados Mayas, las Autoridades Indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, el Parlamento Xinka, y la coordinadora Tajurán el Gigante, de la comunidad de el Pato Chiquimula.
Para Cristian Otzín, de la Asociación de Abogados Mayas, las autoridades ancestrales enfrentan grandes retos y desafíos, una nueva directiva asume una responsabilidad bastante grande, una responsabilidad que las comunidades les están encomendando, aseguró Otzín.
“Uno de los primeros retos es continuar con la defensa de la tierra, a no dejar que vengan empresas mineras a explotar sus tierras, hay muchas licencias de exploración otorgadas en el departamento de Chiquimula y sus municipios, así también licencias de explotación, se ha logrado la suspensión de una licencia de explotación en el municipio de Olopa, el de la Minera los Manantiales, y en el ejercicio de la defensa de los recursos y la madre tierra también deben de continuar con el reclamo la propiedad de la tierra, ya que el registro general de la propiedad la tituló a nombre de la municipalidad de Quezaltepeque sin tener los documentos legales y legítimos”, puntualizó el abogado.
Luis Fernando García, representante del Parlamento Xinka, estuvo como observador del proceso de la elección de la nueva junta directiva de la comunidad de San Francisco Quezaltepeque. Ellos informaron a la asamblea que como pueblo están en la misma lucha en contra de los proyectos extractivos de la minera el Escobal que es uno de los proyectos más problemáticos a nivel nacional e internacional, el proyecto tiene más de 10 años, indicó el representante.
Por su parte, Nery Díaz, representante legal de la coordinadora Tajurán el Gigante, de la comunidad de el Pato, indicó que han establecido alianzas con las autoridades indígenas de Olopa y Quezaltepeque.
“El acercamiento entre autoridades es para socializar información en contra de las empresas extractivas en el departamento de Chiquimula que nos permite ser más fuertes y consistentes en todo lo que viene en el futuro, hemos recibido amenazas, criminalización, intimidación por oponernos al proyecto minero en la comunidad el Pato”, apuntó.
“La organización comunitaria en la región Ch’orti’ enfrenta persecución sistemática por parte del estado de Guatemala, sin embargo las autoridades comunitarias resisten y se están organizados para decir no a la minería, si a la vida, que los mega proyectos internacionales se vayan y que no vengan a generar destrucción del ecosistema y conflictos, que no vengan a engañar a la gente con regalías que al final lo que hacen es una práctica de esclavitud en pleno siglo 21”, indicó Díaz.
Con la elección de la nueva junta directiva inicia el año nuevo en las comunidades Ch´orti´ preparándose para servir a los pobladores y plantear soluciones viables, pero además proteger el territorio y a la madre tierra.
