Por Prensa Comunitaria
A un día de cumplirse dos años del período de mandato del presidente Alejandro Giammattei, el diputado independiente Aldo Dávila presentó, junto a organizaciones sociales, un informe alternativo sobre la gestión gubernamental en el que destacan los temas de corrupción, la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas independientes, la vulneración de los derechos humanos de la diversidad sexual, y el cuestionable manejo de la pandemia de COVID-19, además de cuestionamientos sobre la elección de la próxima persona que ocupará el cargo de fiscal general.
Calificando como “pésimo” los dos años del gobierno de Giammattei, el diputado Dávila dijo este 13 de enero en el salón Pasos Perdidos, del Congreso de la República, que la salud, la educación y la justicia “se han visto vulneradas, la corrupción y la impunidad han cooptado el Estado y que ha promovido políticas públicas en contra de la comunidad de la diversidad sexual”.
#Ahora El diputado independiente @aldodavila_gt presenta, junto a organizaciones sociales, un informe alternativo de los dos años de gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Fotograma: video Aldo Dávila pic.twitter.com/5PKZTu46JP
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) January 13, 2022
Carmen Reina, del colectivo Otra Guatemala Ya, destacó que la población guatemalteca enfrenta “una crisis institucional, económica, democrática”, señalando a Giammattei como uno de sus principales responsables.
Reina indicó que el gobierno no ha ofrecido una respuesta efectiva a las consecuencias de la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19, pero sí ha beneficiado a financistas y una alianza que sectores de la sociedad que buscan impunidad. Agregó que esa situación afecta el sistema de salud y profundiza la pobreza, extrema pobreza, desnutrición y la falta de oportunidades para el resto del país.
Durante la conferencia de prensa, Reina destacó la creación del Centro de Gobierno que estuvo a cargo de Miguel Martínez, una de las personas más cercanas al presidente Giammattei; la alianza con la fiscal Consuelo Porras; los préstamos para atender la emergencia provocada por la COVID-19, los programas sociales para atender la pandemia y la destrucción de la red vial.
También mencionó la criminalización de los medios de comunicación, el empobrecimiento de la población guatemalteca, la situación de la niñez, la imposición de los estados de sitio y de emergencia, la situación de las violencias contra las mujeres, los retrocesos en el desmantelamiento de la institucionalidad de la paz, los proyectos extractivos y su impacto en las sociedades indígenas.
Por su parte, Leocadio Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), dijo que durante el segundo año de gestión de Giammattei se criminalizó a los defensores de derechos humanos y que se agravó la conflictividad agraria. Concluyó su intervención con la petición de renuncia del presidente.
Para mañana, a las 9:00 a.m. frente a casa presidencial comunidades indígenas y campesinas de Izabal, Petén y Alta Verapaz, brindarán una conferencia de prensa para dar a conocer su posición ante el segundo informe de gobierno, que se suele dar a conocer en enero de cada año.
