Por Regina Pérez
Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, es en la actualidad una de las juezas más atacadas en Guatemala. Las acciones en su contra, que provienen de una diversidad de actores, incluyendo el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras, tienen como fin criminalizarla, desbaratar casos importantes de corrupción y afectar su independencia judicial, según expertos en el sector justicia.
Desde que asumió como jueza de Mayor Riesgo D, en 2017, Aifán ha conocido en su juzgado casos relevantes de corrupción y su labor judicial no ha estado exenta de presiones. En su contra se han presentado varias solicitudes de antejuicios que provienen de diversos actores, entre ellos el juez prófugo de la justicia Mynor Moto y de magistrados de salas de apelaciones.
El 13 de enero pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó una solicitud para retirarle el derecho de inmunidad por supuestas ilegalidades cometidas en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020. Es por este caso, que la misma FECI abrió, cuando la dirigía Juan Francisco Sandoval, que la jueza ordenó la detención de Mynor Moto, quien, junto a otros operadores de justicia, particulares y funcionarios, fue acusado de manipular la elección de magistrados de las altas cortes en 2019. Hoy, el MP de Consuelo Porras acusa a la jueza de arrogarse competencias que no tiene en esa investigación.
En ese caso han sido implicados magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones contra quienes la FECI de Sandoval presentó solicitudes de antejuicio, incluyendo una denuncia en contra de la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Patricia Valdés, quien ahora presidirá la Comisión de Postulación para elección de Fiscal General. La misma Corte Suprema rechazó las solicitudes y protegió a los magistrados.
A menos de una semana de haber presentado la primera solicitud de antejuicio en contra de la jueza, Porras volvió a acusar a Aifán, esta vez por el caso Odebrecht.
La situación de la jueza Aifán ha generado preocupación a nivel nacional e internacional
El pasado 16 de enero, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, declaró que la solicitud del MP es un evidente esfuerzo para obstruir investigaciones de corrupción y una afrenta a la integridad de los tribunales más altos de Guatemala. “La independencia de los jueces para revisar casos y dictar sentencias sin amenazas o represalias o influencias externas es fundamental para el estado de derecho”, señaló Price.
Por su parte, Norma Torres, congresista estadounidense de origen guatemalteco dijo a Prensa Comunitaria que es “inaceptable que la jueza Aifán y su familia tengan que enfrentar amenazas violentas debido a que ella está cumpliendo su juramento de hacer cumplir la ley”.
Torres indicó que coincide con el Departamento de Estado en que estos intentos recientes de remover la inmunidad de la jueza Aifán son un peligro para ella y para los esfuerzos contra la corrupción en Guatemala.
Desde la administración del expresidente Jimmy Morales, cuyo gobierno se caracterizó por su lucha férrea para expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se han observado en el país esfuerzos para desmantelar a las instituciones y actores que encabezaban la lucha contra la corrupción, lo cual continúa en el gobierno de Alejandro Giammattei.
Tras la salida de la CICIG en 2019, en 2021 se eligió una Corte de Constitucionalidad (CC) con magistrados afines a la alianza dominante y, en julio, Porras destituyó a Sandoval de la FECI. Los ataques en contra de jueces independientes también han aumentado, según denuncias de los propios juzgadores.
Alejandro Rodríguez, consultor del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), considera que la acción en contra de la jueza es parte de “un contínuum de ataques a la independencia judicial que ha tenido muchas manifestaciones”.
“Encontramos estos actos de criminalización y todas las manifestaciones que se hacen por parte de actores estatales y no estatales, diciendo que jueces y fiscales actúan de manera ilícita. Eso lo hizo Jimmy Morales y ha seguido en el actual gobierno y ha adquirido mayor fuerza después de que la fiscal general fue declarada parte de los actores que obstruyen la justicia en Guatemala”, dijo Rodríguez en referencia a la “lista Engel”, en la que el Departamento de Estado nombra a funcionarios sospechosos de corrupción y otros actos criminales.
De acuerdo con el abogado independiente Ramón Cadena, si a la jueza se le retira la inmunidad “significaría el fin de la independencia judicial en Guatemala”. Cadena señala que, de ocurrir, sería “gravísimo” para el Estado de Derecho, la democracia y la independencia judicial de Guatemala.
Para Gabriel Wer, director del Instituto 25 A, el caso de Aifán es emblemático porque evidencia cómo redes que vinculan a empresarios, políticos y militares han estado operando de manera clara para perseguir a todas las personas que han aportado a los procesos anticorrupción y contra el crimen organizado.
Aifán y el caso Comisiones Paralelas
Erika Aifán asumió como jueza de Mayor Riesgo en marzo de 2017. Estos juzgados fueron creados en 2009 y su competencia es conocer los delitos de mayor riesgo, entre ellos, los delitos del crimen organizado, violaciones de derechos humanos y corrupción.
Uno de los casos más relevantes que conoció la jueza en 2018 fue el de financiamiento electoral ilícito de FCN-Nación, el partido que llevó a Jimmy Morales al poder, que involucraba a importantes empresarios del país, el cual fue develado en conjunto por el MP y CICIG.
Antes de ser procesados, los empresarios Salvador Paiz, José Fraterno Vila Girón, José Torrebiarte Novela, José Castillo Villacorta y Felipe Bosch pidieron disculpas a la población y posteriormente fueron ligados a proceso por la jueza Aifán el 6 de junio de 2018 por financiamiento electoral ilícito, un delito que después fue reformado por el Congreso. Los empresarios pidieron que se les otorgaran beneficios penales a cambio de información, pero la jueza Aifán se los negó. En 2021, la CC resolvió a favor de los empresarios para que no enfrentaran un juicio.
En 2020, la jueza conoció la investigación de la FECI “Comisiones Paralelas 2020”, dirigida todavía por Sandoval, que expuso como diversos actores se reunieron con el empresario Gustavo Alejos, en prisión por varios casos de corrupción, para manipular la elección de magistrados a la CSJ y Salas de Apelaciones en 2019.
En este caso también estarían involucrados magistrados de la CSJ y de Salas de Apelaciones, del Tribunal Supremo Electoral y de la CC según la investigación de la FECI, que solicitó el retiro de la inmunidad de estos funcionarios por sospechas de actividades ilícitas cometidas por ellos cuando fueron integrantes de las Comisiones de Postulación.
Las Postuladoras son un mecanismo creado a partir de 2009 con el fin de limitar el nombramiento discrecional de autoridades relevantes, que se integra por abogados, académicos y magistrados, para elaborar una nómina de candidatos a las altas cortes, el Procurador de Derechos Humanos y la Fiscal General que es enviada al Congreso o al presidente de la República, para su designación. Sin embargo, con el paso del tiempo se observó que las Comisiones son manipulables.
La CSJ protegió a los magistrados de Salas de Apelaciones en el caso Comisiones Paralelas 2020 al denegar las solicitudes y tampoco dio trámite a los expedientes en contra de sus propios integrantes.
Otro de los involucrados en este caso es el juez ahora prófugo de la justicia Mynor Moto, contra quien la jueza giró una orden de captura en febrero de 2021 por obstrucción de justicia: Moto, de forma ilegal según Aifán, quiso separar a la jueza del expediente.
Además del antejuicio presentado en su contra por el juez Moto, la juzgadora tiene otras solicitudes en su contra, entre ellas la presentada por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, que ya fue tramitada por la CSJ. Los magistrados señalan a Aifán de haber autorizado diligencias ilegales en contra de candidatos a magistrados de esa sala. Al menos cuatro integrantes de la Corte que fueron denunciados en el caso Comisiones Paralelas resolvieron dar trámite al antejuicio.
Para Ramón Cadena, la falta de apoyo del OJ hacia la jueza evidencia que la Corte Suprema es parte del problema, porque al no apoyarla buscan que Aifán sea removida de la judicatura donde conoce casos como Comisiones Paralelas.
“La CSJ promueve la impunidad en el país, por eso decía que hay un golpe de Estado en contra del poder judicial”, afirmó Cadena, quien también señaló que esta Corte debió haber sido cambiada desde hace más de un año, pero que no se ha hecho como una estrategia para que esta nombre al futuro fiscal general y para que siga hostigando a los jueces independientes.
¿Cuál es el interés de ir en contra de la jueza?
Las acciones en contra de Aifán parecen tener como principal objetivo separarla de la judicatura y dejar en la impunidad los casos de corrupción que lleva en el juzgado.
El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, dijo a Prensa Comunitaria desde el exilio que el plan tácito de la mafia en Guatemala es el desmantelamiento institucional y como parte de ello la deslegitimación del trabajo que en su momento hizo la FECI, con acompañamiento de la CICIG.
Ello incluye la intención de instalar en la ciudadanía la idea de que todo lo actuado fue ilegal y que no solo fiscales que presentaron casos a los tribunales son afectos a ese plan, sino jueces como Aifán, quien tiene bajo su responsabilidad los casos que involucran la manipulación del esquema de elección de Cortes, indicó.
Rodríguez, del ICCGP, considera que el mismo grupo de actores actúa en contra de la jueza para hostigarla: “en última instancia lo que quieren es generar impunidad y beneficiar a los políticos, empresarios y demás personas que están en la cárcel por hechos de corrupción”.
Wer, del Instituto 25A, opinó que la solicitud del MP tiene como finalidad continuar con la estrategia de asegurar impunidad a diversos actores involucrados en casos de corrupción que están siendo juzgados desde el gobierno del expresidente Morales y en la actualidad.
En un comunicado de prensa, organizaciones agrupadas en la Alianza por las Reformas señalaron que la acusación a Porras tiene como fin desbaratar procesos como Comisiones Paralelas y dejar sin efecto dicho caso, que descubre la corrupción en la elección de cortes.
Lee la entrevista con la jueza Aifán aquí:
“Quieren criminalizar un trabajo que ha representado esperanza”
Afectan la independencia judicial
A pesar de contar con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para no perturbar su independencia judicial, las denuncias en su contra no cesan y ahora provienen del MP.
Rodríguez indicó que las solicitudes desde la Fiscalía son una violación a dichas medidas, las cuales establecen que no se debe criminalizar ni perturbar la independencia judicial de la jueza y que las actuaciones recientes del MP ya constituye un acto de hostigamiento en su contra.
“Existe una preocupación a nivel de los órganos de protección de derechos humanos, tanto de la CIDH como del Relator sobre Independencia de Magistrados (de la ONU) por la presentación de estas acciones espurias e infundadas que lo único que tienden es a generar zozobra, temor, buscan perseguir penalmente a la jueza pero también que sea despojada de los casos…para colocar a otros jueces más afines puedan llevar el proceso y así generar resoluciones de impunidad”, dijo.
En opinión del abogado Cadena, es inaudito que el ataque provenga de Porras, porque el MP tiene que jugar un papel similar a los juzgados de Mayor Riesgo, de defender la lucha por la justicia y la impunidad, “y en este caso es la misma Fiscal General la que está atacando esa independencia judicial”.
En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la jefa de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, señaló que el intento de la Fiscal General de despojar de su inmunidad a Aifán “es una clara represalia por su independencia y coraje en la defensa del Estado de Derecho”.
Según expertos, el retiro de la inmunidad a la jueza será un proceso que tomará varios meses y la CSJ deberá nombrar a un juez pesquisidor que haga la investigación y emita una recomendación sobre si se le retira el derecho de antejuicio o no.
Mientras todo esto sucede, la jueza sigue sumando apoyo de la sociedad civil guatemalteca como de importantes actores a nivel internacional que respaldan la labor que ha realizado al frente de su judicatura.
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