“Lo que Bukele está haciendo es deshacerse de los controles democráticos que los Acuerdos que crearon”
“Una cosa es hacer un gesto inicial y otra cosa es terminar una investigación que cuestione al poder militar”
“Los Acuerdos de Paz pusieron al sistema político salvadoreño en el Siglo XX”
Por Héctor Silva Ávalos
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y sus diputados han derogado la conmemoración oficial de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra interna de 12 años (1980-1992). Esto ocurre en el contexto del aumento de los gestos autoritarios de Bukele y de constantes denuncias de persecución a periodistas y figuras de oposición. Prensa Comunitaria conversó sobre esto y sobre las políticas de los Estados Unidos de Joe Biden hacia Guatemala con Geoff Thale, expresidente de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), quien ha conocido de cerca los procesos de pacificación de El Salvador y Guatemala.
HS: El presidente Bukele y sus funcionarios aseguran que los salvadoreños no tenemos nada que conmemorar este 16 de febrero que se cumplen 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz. El principal argumento es que fue un acuerdo entre cúpulas corruptas. Y el martes 11 de enero los diputados del presidente pasaron una ley que pretende eliminar la conmemoración por decreto. ¿No hay nada que conmemorar?
GT: El Salvador pasó 12 años en una guerra horrible. Visité el país 1988 y cuatro meses después de la firma de los Acuerdos de Paz y la diferencia era abismal. El hecho de que pudieses viajar en el interior del país sin retenes militares, la realidad de que la oposición política pudiese hablar sin miedo… Era una gran diferencia entre lo que pasaba antes de los Acuerdos y lo que pasó después. Es muy importante reconocer que terminar la guerra y hacerlo con condiciones que permitiera a la oposición operar legalmente fue algo trascendental para el país. Y lo que eso significó para la vida cotidiana de la gente, especialmente en el campo, pero también en la ciudad, fue muy significativo.
En el nivel político, el presidente Bukele puede hablar de un acuerdo entre cúpulas, entre liderazgos, pero de lo que hay que hablar aquí es de lo que los Acuerdos propusieron, y a partir de ahí debatir qué tanto se cumplió, cuáles fueron los retos principales, cuáles las deudas. Pero si revisas lo acordado, ves que los Acuerdos en esencia cambiaron al estamento militar en El Salvador, reescribieron su rol constitucional; replantearon el rol de la policía al separarla del ejército; hicieron de los derechos humanos una parte esencial de la narrativa nacional; al menos propusieron cambios fundamentales en las cortes; legalizar la participación política de la oposición. Todos esos fueron logros importantes. Los Acuerdos llevaron al sistema político salvadoreño al Siglo XX. ¿Hubiese sido mejor que lo llevaran al Siglo XXI? Sí, pero si viste a El Salvador en 1975 y luego lo viste en 1995 o en 2000, era un país fundamentalmente diferente. Todo esto sirvió de fundamento para que en El Salvador existiese un sistema de control y balance políticos, un sistema judicial funcional, un sistema de partidos políticos, y que al menos se abriese el debate sobre cambios económicos. ¿Hay deudas? Sí, sin duda. Algunas cosas se estancaron y en otras hubo retrocesos. Al moverse cada vez más en su vida electoral, los partidos políticos probablemente perdieron contacto con sus bases. Y la mayor debilidad de los Acuerdos fueron los cambios limitados en el frente económico. Hay muchas cosas que criticar, pero es muy difícil no ver los Acuerdos de Paz como un cambio fundamental del sistema político salvadoreño. Y es una realidad independientemente de Alfredo Cristiani (el presidente de ARENA que firmó los Acuerdos) o el liderazgo del FMLN y de cuáles eran los intereses particulares que ellos tenían.
Se conmemoran los Acuerdos y lo que el presidente Bukele parece estar haciendo es llevar la atención a las cúpulas de las partes que firmaron, tratando de restar importancia a los Acuerdos. Desde un punto de vista político lo que parece que Bukele quiere hacer es marginalizar a su oposición política y deshacerse de los sistemas de control que los Acuerdos crearon.
HS: Otro evento reciente, relacionado con la historia de la guerra y la paz, es que el fiscal general de Bukele pidió a la Corte Suprema reabrir el caso judicial por la masacre de la UCA, en la que murieron seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres salvadoreñas. ¿Es honesto pedir justicia en este caso sin entender la importancia que la masacre tuvo en la negociación de la paz y en la firma de los Acuerdos? ¿Por qué hacerlo sin la UCA, una de las voces más críticas del gobierno de Bukele?
GT: Es bueno que el fiscal general haya pedido reabrir el caso. No se puede negar. Eso dicho… La diferencia con el caso de El Mozote y la retórica del gobierno en torno a esa masacre y la forma en que el gobierno se ha comportado en este caso (Bukele se ha negado a abrir los archivos militares relacionados a esa masacre, ocurrida en 1981 y en la que murieron al menos un millar de personas a manos del ejército) te hacen ser muy escéptico sobre qué tan serios son el presidente Bukele y el fiscal general en el caso de la UCA. Y te abre a la preocupación de que estén haciendo esto por razones políticas y no en búsqueda real de justicia. De lo que se tratan en realidad el caso de la UCA y el de El Mozote es del papel de las fuerzas armadas: los acusados en ambos casos son el liderazgo del ejército y ambos casos se refieren a las fuerzas armadas como institución. Progresos reales y condenas en estos casos son golpes para el ejército y un recordatorio de una de las lecciones más claras de los Acuerdos de Paz: que las fuerzas armadas tienen que estar sujetas al poder civil y el Estado de derecho y de que eso no ha pasado.
HS: ¿Abrir el caso de la UCA sin la UCA y sin apuntar al liderazgo militar tiene sentido?
GT: El presidente Bukele, en público, ha enfatizado el rol de las fuerzas armadas, ha empoderado a su liderazgo y las ha apoyado en su oposición a la investigación de El Mozote. Y en ese proceso ha dañado lo que los Acuerdos de Paz hicieron en relación con la reestructuración de la relación entre los militares y la sociedad civil. Todo esto te hace preguntar por la seriedad del presidente Bukele y el fiscal general en llevar adelante la investigación en el caso de la UCA. Además, para añadir al escepticismo está el hecho de que no consultaron a los jesuitas. El presidente dice que está por las víctimas, pero en este caso no está consultando a las víctimas ni a los más cercanos a las víctimas. Todo eso sugiere que esto es un gesto político que no llevará a ninguna conclusión, al menos no a una que cuestione al liderazgo militar.
Parece que el gobierno quiere ir contra Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker (un opositor a Bukele implicado en el encubrimiento de la masacre de la UCA); y no es que no deban de hacerlo, pero parece que lo quieren lograr es ventaja política más que hacer una investigación completa que se enfoque en los militares. Eso es instrumentalizar y no se trata de las víctimas ni de la justicia. En un momento en que se debería de estar conmemorando lo que los Acuerdos de Paz trataron de hacer, esto es muy decepcionante. Lamentablemente, estas son las líneas de lo que la administración Bukele es: el presidente está tratando de consolidar su poder en las instituciones; y está tratando de usar la publicidad y la retórica para fortalecer su imagen mientras consolida su poder. Me temo que eso es lo que veremos en el caso de la UCA. Una cosa es hacer un gesto inicial y otra cosa es terminar una investigación que cuestione al poder militar.
HS: ¿Está El Salvador entrando en una situación parecida a la de los últimos 70 por el cierre de los espacios políticos y la persecución de opositores y periodistas críticos?
GT: Estamos en momento diferente: no hay guerra. El contexto es diferente. Sin embargo, si ves el acoso del presidente Bukele a periodistas independientes. Si ves a la ley propuesta para controlar a las ONG, a los allanamientos que ha hecho este fiscal de las ONG. Todo eso refleja el deseo del presidente de acumular poder; de controlar y reducir -eliminar puede ser aún una palabra muy fuerte- la oposición política y de cerrar espacios políticos genuinamente independientes. Esto es profundamente problemático. No es 1980, no hay francotiradores disparándole a las manifestaciones ni escuadrones de la muerte matando a la gente, pero sí hay un clima político en que la gente se siente intimidada, en el que es arriesgado expresar crítica y oposición. El caso reciente de Jeannete Aguilar (una académica que ha sido crítica del gobierno Bukele) es un ejemplo: ella dice algo crítico, una diputada la demanda; hay un mensaje claro en términos de los costos financieros y emocionales que esto tiene para Jeannette, quien al final gana en la corte, pero solo después de haber puesto dinero y esfuerzo para hacerlo; ella pagó un costo. Y luego la jueza que resolvió a favor de Jeannette es transferida; ahí también hay mensaje claro a los jueces si se oponen a lo que el presidente y el fiscal general quieren. Hay un esfuerzo concertado por disminuir los espacios políticos y reducir la libertad de expresión y de aumentar los costos de oponerse al gobierno.
HS: Sobre los Estados Unidos: Biden está por cumplir un año en la Casa Blanca y se esperaba más de él en torno a Centroamérica. ¿Cuál es tu reflexión a nivel regional con el cambio de gobierno en Honduras, la vuelta del autoritarismo en Guatemala y El Salvador?
GT: La campaña de Biden, primero, y luego la administración Biden fue clara en decir que estaba preocupada por el crecimiento de los autoritarismos en el Triángulo Norte y también en que los esfuerzos anticorrupción y en favor del Estado de derecho eran sus prioridades en Centroamérica. También dijeron que entendían que lidiar con esos problemas era fundamental para enfrentar los flujos migratorios. Todos son mensajes importantes y hay que decir que sí tomaron acciones iniciales, pero han descubierto un sinnúmero de problemas que no han encontrado cómo resolver. En El Salvador y Guatemala es claro que Estados Unidos no tiene la influencia que alguna vez tuvo con socios locales. La indiferencia de la administración Trump con la corrupción y su énfasis excesivo en la cooperación con cualquier gobierno que estuviese dispuesto a detener migrantes mandó esta señal de que estos gobiernos podían salirse con la suya; a nadie le importaba el Estado de derecho, la corrupción de estos gobiernos mientras pudieran detener a los migrantes. Todas estas elites sintieron que tenían más espacio de maniobra.
HS: ¿Ya no son tan relevantes Estados Unidos y su poder en la región?
GT: También es cierto que en las dos últimas décadas el poder de los Estados Unidos no es el que una vez fue. No es que no exista, pero es menor. Antes, en El Salvador, por ejemplo, la embajada era una especie de procónsul, para bien y para mal. Hoy Bukele se siente libre de desafiar, ignorar hasta insultar a la embajada en una forma que hace 10 años no era pensable. En ese contexto, Washington tiene que pensar cuáles son sus prioridades y herramientas.
Es obvio, además, que Estados Unidos tiene otras preocupaciones. Para gente preocupada por los derechos humanos puede ser una preocupación que pueda ver el asunto de la influencia china como algo más importante que asuntos relacionados con la democracia. El interés continúo por impedir el paso de drogas o detener la migración en alianza con funcionarios de gobierno con malos récords en derechos humanos y democracia puede seguir siendo más importante que perseguir a los corruptos.
Estados Unidos tampoco ha aprendido a usar de forma estratégica las herramientas que tiene, como sanciones, su influencia económica. Ves pasos importantes, como las sanciones a miembros del gobierno de Bukele, pero no está claro que sean parte de una estrategia coherente a mayor escala en lugar de solo mandar mensajes políticos sin un sentido de qué hacer luego. Washington está un lugar difícil en que tiene mucho que repensar. Me preocupa que caigamos en la tentación de ver la cooperación en migración, en oponerse a la influencia china como algo más importantes que empujar de forma consistente la lucha contra la corrupción. La administración Biden dijo las cosas correctas, pero hasta ahora no han podido cumplir sus promesas.
