Por Ketzali Awalb’iitz Pérez Pérez
El caso de las mujeres Achi ha irrumpido este 2022, para recordar que en Guatemala si hubo genocidio y que las mujeres fueron vulneradas sistemáticamente a través de la violencia sexual. Además, devolvió la esperanza y la fuerza a un sistema de justicia en el que en muchas ocasiones, prevalece la impunidad. El 24 de enero se logró la condena de cinco ex patrulleros: Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxum Aquino, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado, por violencia sexual como delitos contra los deberes de la humanidad.
Las 36 mujeres maya Achi, que valientemente dieron su testimonio, no han estado solas en el camino de la búsqueda de la justicia y el resarcimiento: tres mujeres mayas, con mucha fuerza, convicción y firmeza, les acompañaron y se enfrentaron al sistema de justicia penal en Guatemala para buscar una sentencia que reconociera los daños a los que fueron sometidas las mujeres Achí. Ellas son Lucía Xiloj Cuin, Haydeé Valey y Gloria Reyes Xitumul.
¿Si tuvieran que presentarse entre sí, qué dirían?– Se les pregunta.
Ríen mientras piensan quién comenzará.
Gloria –“Yo las considero abogadas muy capaces (haciendo referencia a Lucía y Haydeé), son muy dedicadas al trabajo, a pesar de que son madres dedican mucho tiempo a su trabajo, y eso es admirable porque no cualquier persona lo hace y aportan a lo que pueden con toda la energía.”
Haydeé – “Comienzo con Gloria, yo la considero una mujer perseverante, hasta tiene dos licenciaturas. Ella tenía una plaza presupuestada y la dejó para dedicarse al derecho y eso es bastante admirable. Luci es mi querida amiga del alma, yo la admiro un montón porque es una persona muy inteligente, muy capaz. Tiene mucha experiencia de la que he aprendido mucho, por eso confío mucho de su buen criterio, yo la quiero y la quiero un montón.”
Lucía – “Primero hablaré de Gloria, la conocí ahora que estamos en el juicio. Aprendí mucho de ella, Gloria es cero complicaciones y eso ayuda un montón para equilibrarnos en la vida de profesionales y de madres. Haydeé, nosotras nos conocemos, somos muy amigas y yo también la admiro un montón desde que la conocí. Ella es disciplinada, ordenada, bien meticulosa entonces yo he aprendido un montón de ella y la admiro bastante.”
Ellas, mujeres, madres, humanas, ellas completas
Haydeé Valey es una mujer maya Achi originaria de Rabinal, Baja Verapaz, es abogada y notaria. Desde el 2014 forma parte del equipo de Impunity Watch. Haydeé llega al caso de las mujeres Achi en el 2011 cuando tenía aproximadamente 28 años de edad. Ella fue contratada para laborar en la Asociación Bufete Jurídico y Popular de Rabinal, directamente para construir el caso tomando declaraciones de las sobrevivientes, en donde comenzó a resonar con mucha frecuencia la violencia sexual, en ese momento recopilan 20 testimonios de mujeres. Ese mismo año Gloria Reyes, también ingresa a laborar en el bufete, aunque en otra unidad posteriormente se les asignaría trabajar juntas para documentar específicamente la violencia sexual de los testimonios.
“Me acuerdo que no era por la gran experiencia, porque en ese entonces ni siquiera estaba graduada, pero la ventaja que tenía yo era que era originaria de Rabinal, hablada Achi entonces esa confianza que se genera casi de forma espontánea con las mujeres cuando una les habla en su idioma, eso fue pues una ventaja que no tienen muchas, entonces fue eso, más que mi experiencia” considera Haydeé.
Luego de dos años laborando para el bufete, arma el caso, y presenta la denuncia ante el Ministerio Público, luego de eso se retiró y es hasta finales del 2018. Con más experiencia y siendo parte de Impunity Watch, regresa.
Haydeé se caracteriza por ser responsable en cada una de las actividades que se le asignan. Así mismo las ganas y el compromiso son parte de ella para avanzar en sus actividades. “Yo sé que me hace falta mucho, mucho por aprender y me gustaría hacer más litigio” comenta la abogada.
Gloria Reyes Xitumul, maya Achi, originaria de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, es abogada y además cuenta con una licenciatura en educación. Gloria llegó al caso en el mismo año que Haydeé, pero antes pasaría por el área sobre promoción de los derechos humanos para las mujeres Achi. Al igual que Haydeé solo estuvo laborando dos años para el bufete y vuelve en el 2018, y así ser su representante ante el caso. “Estaba en este proceso de primera declaración, ya los habían ligado a proceso, en ese entonces a seis patrulleros” indica Gloria. Ella se presenta así misma como una mujer que da lo que puede dar, por las mujeres.
Lucía Xiloj, es abogada maya K’iche’, originaria de Chichicastenango y actualmente labora en el bufete jurídico y popular. Es a ella a quién se le asigna el caso, tiempo después de que las abogadas Haydeé y Gloria se retiraran. Lucía laboraba en la Fundación Rigoberta Menchú, quienes tenían una colaboración con el bufete jurídico y popular de Rabinal para trabajar el caso de genocidio. Al finalizar su labor en la fundación el bufete jurídico abre una oficina en la ciudad capital y es ahí donde Lucía se hace cargo del espacio con el fin de velar por los procesos de la fiscalía de los DDHH. En el 2014 se involucra a profundidad en el caso. En la denuncia que se había dejado en el 2011 solo eran de 11 mujeres, y en el 2014 aumenta a 25 mujeres, es por ello que se hace referencia a 36 mujeres Achi denunciantes.
Lucía se describe a sí misma como una persona desorganizada e impaciente, por eso agradeció el acompañamiento de sus compañeras abogadas porque en este proceso ha aprendido a ser un poco más organizada y menos ansiosa.
Una batalla contra el racismo en el sistema de justicia penal
El caso tuvo una serie de obstáculos, retos y complicaciones, pero en todas ellas persiste el racismo como la mancha que aparentemente nunca se quitará. Los hechos de las violaciones ocurrieron hace 40 años y las mujeres hicieron su denuncia en el 2011, más de 11 años después se obtuvo justicia, por el momento, solo para cinco mujeres Achi. En ese camino se dieron muchos altibajos y las mujeres tuvieron que contar con un acompañamiento psicosocial. Además, desde la parte jurídica, trabajar con el Ministerio Público siempre significó un constante reto. Se conoce que el sistema de justicia guatemalteco avanza muy lento, las abogadas comentaron que para que un caso avance se debe estar presionando y esto por parte de querellantes y sobrevivientes, de lo contrario el camino se vuelve cansado y casi de nunca acabar.
“Este caso lo que nos demuestra es el racismo que todavía persiste, no solo a nivel nacional, porque como país no se reconoce ese racismo, se niega. Pero en el sistema de justicia, donde se supone que es un espacio donde se debería garantizar los derechos de todas las personas, ahí permanece el racismo.” Abogada Haydeé Valey.
Las abogadas comentaron que sin duda cada una tuvo experiencias desagradables, pero para ellas lo más indignante era cuando a las mujeres Achi se les empleaba un trato despectivo. Anteriormente el caso estaba en manos de la jueza Claudette Domínguez, las abogadas mencionan que ella nunca mostró interés en tomarse el tiempo para hacer sentir a las mujeres sobrevivientes que iban a ser escuchadas o al menos que estaría en un espacio seguro, para que con libertad pudieran dar su declaración. Para ellas este acto fue fuera de lugar a las funciones públicas, no solo porque las sobrevivientes sintieron que realmente no les creían, si no por el hecho de que las mujeres en sí ya presentan barreras para ser escuchadas y el pertenecer a un pueblo originario representa muchísimas más barreras como el idioma, la situación económica, la escolaridad entre otros. Este acto de la jueza Claudette dejó en libertad a tres expatrulleros.
Las abogadas junto al Ministerio Público presentaron una denuncia para separar del caso a la jueza Claudette, el cual se logra, y el caso pasa a manos del juez Miguel Ángel Gálvez quien con mayor objetividad analiza el caso y se logra que avance.
Otro gran obstáculo que enfrentaron fue con el rol de los traductores durante las diferentes etapas del caso. Indican que lamentablemente la secretaría de pueblos indígenas sigue sin garantizar una interpretación eficiente, y es un tema delicado sobre todo en este tipo de casos que son sumamente importantes para comunicar los detalles que las sobrevivientes relatan de los hechos. Garantizar una traducción eficiente y que traslade el sentir es un derecho colectivo fundamental para los pueblos indígenas.
Una condena que abre más puertas
“Muchos preguntan si este es el final del proceso y si logramos lo que queríamos. Y no, para nosotras este es el punto de partida de lo que hay que hacer todavía” Lucía Xiloj.
Las abogadas explican que deben seguir investigando, pues son 36 casos. Por el momento ya tienen la sentencia para 5 sobrevivientes pero aún falta. Además están conscientes de que la justicia no solo debe ir detrás de los expatrulleros sino también responsabilizar al Estado y al Ejército por la serie de violaciones a derechos humanos que se cometieron durante la guerra.
Sin embargo, nada les quita la satisfacción de haber obtenido una sentencia condenatoria porque se reconoció la verdad de las mujeres Achi, y las mujeres escucharon cómo un tribunal les creía, que su palabra sin duda tenía valor para la historia de Guatemala.
Ellas tres, las abogadas mayas Lucía Xiloj, Haydeé Valey y Gloria Reyes continuarán acompañando a las mujeres Achi en la búsqueda por la justicia.
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