Por Simón Antonio Ramón
La presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, ordenó a la Dirección de Comunicación Social que recoja las preguntas de las y los periodistas que serán respondidas en las conferencias de prensa que dará los lunes y jueves, pues no atenderá cuestionamientos directos.
Esta situación se conoció el pasado lunes, cuando periodistas que dan cobertura a las actividades del Congreso, la buscaron para obtener sus declaraciones en la primera reunión de jefes de bloque que ella dirigió. Tras ignorar a los periodistas por más de una hora, personal de Comunicación Social informó que la presidencia solo respondería las preguntas que se le hagan llegar por escrito. El acuerdo entre las y los periodistas hasta el momento es no acatar esa orden.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Mario Recinos, dijo a Prensa Comunitaria que la actitud de la presidenta violenta leyes que el Congreso ha aprobado. “Se pasa llevando lo que es la Ley de Acceso a la Información, que es el mismo Congreso de la República que lo aprobó”.
“Sería muy bueno que los asesores de la presidenta y ella, hagan una reflexión sobre que mientras más apertura hay a los periodistas y a la población más democrático es el Organismo Legislativo”, afirmó el presidente de la APG.
Esta no sería la primera vez que la presidencia del Congreso de la República limita el trabajo de la prensa; en 2018, cuando presidía Álvaro Arzú Escobar se intentó establecer un sistema de acreditaciones a periodistas asignados a esa fuente de noticias, en la que se limitaba expresamente la acreditación a periodistas que no llegan de manera periódica al Hemiciclo o que laboran en organizaciones sociales, lo cual fue rechaza por la APG, organizaciones sociales y periodistas, por lo que no se continuó con esa apuesta.
En 2020, en las sesiones del 3, 4 y 5 de abril, las primeras que se realizaron a altas horas de la noche, donde se aprobó un paquete de préstamos para cubrir la emergencia de la pandemia de la COVID-19, por órdenes de la junta directiva presidida por Allan Rodríguez se impidió el ingreso de periodistas al palco de prensa, con la excusa de que no había suficiente espacio para el distanciamiento social, por lo que el Procurador de Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas, promovió un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC).
La CC resolvió que el artículo 35 constitucional, la libre emisión del pensamiento y el libre acceso a las fuentes de información, no pueden ser limitados por autoridad alguna. A las actitudes de Arzú y Rodríguez se suma esta vez la de Shirley Rivera.
