Por Héctor Silva Ávalos
El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó el intento de criminalización de la jueza Erika Aifán por parte del Ministerio Público que preside Consuelo Porras, aliada política del presidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, pocos días antes del más reciente embate del Estado de Guatemala contra Aifán, la vicepresidenta Kamala Harris hablaba de cooperación bilateral con el mandatario.
La condena del Departamento de Estado llegó el domingo 16 de enero. Con un lenguaje fuerte, la diplomacia estadounidense rechazó el intento del Ministerio Público (MP) que preside Consuelo Porras por criminalizar a Erika Aifán, la jueza de alto riesgo que, desde su tribunal, ha negado beneficios penales a prominentes empresarios ligados a financiamiento electoral ilícito, ayudó a desbaratar las comisiones paralelas que pretendieron, en 2018 y 2020, tomarse las altas cortes del país y presidió el caso contra agentes públicos y privados acusados de desfalcar al Ministerio de Salud, entre otros.
El jueves 13 de enero pasado, el MP de Consuelo Porras anunció que, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), había solicitado un antejuicio a Aifán por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes” en el Caso de Comisiones Paralelas 2020, como se denominó a la investigación a funcionarios y operadores políticos que han intentado influir de forma ilegal la elección de magistrados a las altas cortes del país.
Los nuevos esfuerzos por criminalizar a Aifán ocurren justo cuando está por formarse la comisión postuladora que elaborará la lista de candidatos para sustituir a Consuelo Porras -o reelegirla- al frente de la jefatura del Ministerio Público.
La primera reacción de gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, fue calificar la acción de Porras y su MP como un “esfuerzo evidente de obstruir las investigaciones contra la corrupción y una afrenta a la integridad de las altas cortes de Guatemala”, según se lee en el comunicado publicado el domingo anterior.
https://www.state.gov/translations/spanish/estados-unidos-expresa-temor-por-la-integridad-del-sistema-judicial-guatemalteco/
“Esta acción en contra de una jueza independiente, reconocida internacionalmente, debilita un pilar fundamental de la democracia guatemalteca y al sistema judicial”, asegura la administración Biden en referencia a reconocimientos recibidos por la jueza Aifán, a quien Washington reconoció en 2021 como una “mujer internacional de coraje”.
El MP busca hacer lo que un juez prófugo de la justicia no pudo: criminalizar a la jueza
Fue la misma FECI, cuando aún estaba al mando de Juan Francisco Sandoval, la que había investigado a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la Corte de Constitucionalidad (CC) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por sospechas de que habían favorecido una intentona por influir de forma ilegal en la conformación de las altas cortes del país.
Y fue la jueza Aifán, quien en abril de 2021, cuando la anterior FECI investigó a las comisiones paralelas, ligó a proceso a siete personas, entre ellas al entonces rector y a un exrector de la Universidad San Carlos, acusados de orquestar junto al operador político Gustavo Alejos la selección ilegal de magistrados.
Fue también Aifán quien, el 2 de febrero de 2021, ordenó la captura de Mynor Moto, un juez también investigado por el caso Comisiones Paralelas 2020. Luego, Moto pidió a la Corte Suprema un antejuicio a Aifán por supuesto abuso de autoridad; alegó que la jueza había cometido una ilegalidad al pedir capturarlo porque él gozaba de inmunidad. La CSJ favoreció a Aifán.
Hoy, el Ministerio Público vuelve a intentar lo que Moto, un prófugo de la justicia, no logró: quitar la inmunidad a la jueza Erika Aifán y criminalizarla.
Aifán ha sido objeto de persecución abierta y espuria desde al menos 2018, año en que ella detectó que empleados de su mismo tribunal la espiaban y filtraban información sensible a acusados de corrupción y otros delitos.
En 2019, la jueza recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que pidió al gobierno de Guatemala adoptar las medidas necesarias “para garantizar la vida e integridad personal de Erika Lorena Aifán”. En septiembre de 2021, Aifán demandó al Estado de Guatemala ante la CIDH por violentar su independencia judicial, su debido proceso y por temer por su vida debido a los fallos emitidos en temas de corrupción.
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/276.asp
Aifán, en el escrito que presentó a la CIDH, acusó al Ministerio Público de Consuelo Porras de favorecer la cooptación del Estado por fuerzas corruptas tras la salida del país de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019.
Para el exfiscal Sandoval, la arremetida contra Aifán es otro esfuerzo de las mafias políticas por desmantelar las instituciones guatemaltecas y lo que estas avanzaron al acompañar el trabajo de CICIG y, en particular, en el caso de la jueza, por terminar de apropiarse de las cortes.
“Declarar la incompetencia de la jueza Aifán tendría como consecuencia dejar sin efecto todo lo actuado, y habilitar a que se elijan cortes que incluyan en las nóminas a todos los postulantes que participaron en negociaciones ilegales”, dijo Sandoval a Prensa Comunitaria.
Señales confusas de Washington
Tras el intento de criminalización por parte del MP, la jueza Aifán recibió varias muestras de apoyo públicas, como la que hizo en su cuenta de Twitter Iván Velázquez, el magistrado colombiano que encabezó CICIG antes de la expulsión de la comisión, o el mismo exfiscal Juan Francisco Sandoval. La de mayor peso político fue, sin duda, la del Departamento de Estado en Washington.
Ya en julio de 2021, tras la expulsión de Juan Francisco Sandoval de a FECI, Estados Unidos anunció el retiro de cooperación al MP guatemalteco. Y en septiembre, el Departamento de Estado incluyó a Porras en una lista de funcionarios centroamericanos corruptos.
La fuerza con que Washington trata a la fiscal Porras contrasta, sin embargo, con la tibieza con que la administración Biden sigue tratando a Alejandro Giammattei, el presidente guatemalteco al que la FECI de Sandoval investigaba por sospechas de haber recibido sobornos de compañías rusas interesadas en obtener un contrato en el Puerto Santo Tomás de Castilla.
En público y en privado, Giammattei no ha hecho más que apoyar a Porras, quien no dudó en separar a Sandoval cuando el exfiscal se acercó demasiado al presidente.
El mismo 20 de septiembre, cuando Estados Unidos listó a Porras como corrupta, Giammattei saltó a defenderla en su cuenta oficial de Twitter: calificó a Washington de irresponsable y lo instó a presentar pruebas a los tribunales de Guatemala. “Es una falta de respeto hacia las relaciones internacionales”, escribió el presidente.
Durante una visita a Washington, a inicios del pasado diciembre, Giammattei hizo una defensa vehemente de la fiscal ante cuestionamientos de funcionarios internacionales en la capital estadounidense, según confirmó a Prensa Comunitaria un funcionario que atestiguó esas conversaciones.
A pesar de eso, la Casa Blanca sigue embarcada en su relación normal con el presidente guatemalteco. El 10 de enero pasado, tres días antes de la arremetida de Porras contra la jueza Aifán, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris llamó a Giammattei para “reafirmar el compromiso de trabajar junto a Guatemala en una amplia agenda que incluye las causas de la migración, el tráfico de personas, el desarrollo económico y la lucha contra la corrupción”, según una transcripción publicada por el Departamento de Estado.
