Por Simón Antonio Ramón
El ejercicio periodístico en Centroamérica y México está siendo atacado por diferentes actores, desde funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, empresas privadas y crimen organizado. Las formas van desde el espionaje de equipos de cómputo y teléfonos celulares, hasta chantajes, intimidaciones, persecución judicial, amenazas y en los casos más extremos asesinatos.
En 2021, Reporteros Sin Fronteras (RSF) clasificó a Honduras en el lugar 151 de 180 países calificados de acuerdo a la situación de la libertad de prensa, México está en la posición 143, Nicaragua 121, Guatemala 116 y El Salvador 82. México y Honduras registran los peores índices de asesinatos de periodistas del continente y del mundo.
Informes consultados sobre la libertad de prensa en la región, como el de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), de 2021, el del Proyecto Torogoz, en El Salvador; el Informe Anual de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), en Guatemala y el Informe de Violaciones de la Libertad de Prensa de Nicaragua, de 2021, así como publicaciones periodísticas, coinciden en que los gobiernos de la subregión son los principales agresores y consienten los ataques cuando son realizados por personal de gobierno o de alguna instancia estatal.
Para el informe de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) de 2021, “los ataques registrados en contra de los medios de comunicación y periodistas muestran un progresivo abuso del poder estatal que proviene de los líderes políticos que generalizan un discurso estigmatizante contra la prensa”.
En el caso guatemalteco el informe de Fundamedios resalta que “la llegada del presidente Alejandro Giammattei ha significado un grave retroceso en el respeto a los derechos fundamentales y un complejo escenario para los medios de comunicación, periodistas y organismos que monitorean la libertad de expresión”.
El contexto de 2021 se proyecta para el nuevo año. Durante enero de 2022 se han denunciado atropellos, de distintas modalidades, contra periodistas y medios de comunicación en Centroamérica y México.
En 2021, las y los periodistas de la subregión realizaron coberturas de elecciones generales en Nicaragua y Honduras, pandemia, caravana de migrantes y actos de corrupción, lo cual implicó que se multiplicaran las violencias en los países.
Guatemala: Giammattei y el Congreso encabezan las agresiones contra periodistas
El Observatorio de los Periodistas, de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), en su informe de 2021 registró 135 agresiones contra periodistas. Según la APG, uno de los agresores es el propio presidente Alejandro Giammattei, su gestión es calificada como una de las más violentas.
Hay diferencias en las cifras de agresiones a periodistas según cuál sea la instancia que recolecta los datos, pero en todos los casos muestran la gravedad de la situación. Según la APG, en los dos años del gobierno de Giammattei se han registrado 284 agresiones a periodistas. En ese mismo período la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) recibió 112 denuncias.
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La mayoría de las violencias contra la prensa tienen lugar en los departamentos. Uno de los casos más reciente ocurrió en Comitancillo, San Marcos, cuando el alcalde Héctor López Ramírez promovió la agresión contra el periodista Tito Isau Coronado Velásquez, cuando daba cobertura a una reunión del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE).
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) abrió un expediente por medio de la auxiliatura departamental de San Marcos por otras agresiones contra periodistas en diciembre de 2021, en el que se señala a López Ramírez.
Otro caso, esta vez de limitación de acceso a la información, sucedió el 17 de enero, al terminar la primera reunión de jefes de bancadas, cuando la nueva presidenta del Congreso de la República informó que únicamente atendería consultas a periodistas que enviaran preguntas con antelación.
La medida tomada por la diputada y presidenta del Congreso, Shirley Rivera, se suma a otras prácticas de instancias estatales restrictivas del acceso a la información que ha denunciado el gremio de periodistas.
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El Gran Hermano en El Salvador y Pegasus
El 12 de enero se denunció que entre julio de 2020 y noviembre de 2021, el gobierno de Nayib Bukele de El Salvador, espió a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, a través del programa de espía Pegasus, de la empresa israelí Grupo NSO. La denuncia surgió después de una investigación realizada por Citizen Lab, un laboratorio interdisciplinario con sede en la escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, Canadá y Access Now.
La investigación confirmó 35 casos de teléfonos iPhone que fueron infectados. “Compartimos una muestra de datos forenses con el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, que confirma los hallazgos de forma independiente”, se asegura en el informe titulado Proyecto Torogoz.
Designar a la investigación como Proyecto Torogoz, tiene que ver con el nombre que se le dio a un operador de Pegasus que se enfoca casi exclusivamente en El Salvador detectado en noviembre de 2019.
“Los objetivos incluían periodistas de El Faro, GatoEncerrado, la Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, Diario el Mundo, el Diario de Hoy y dos periodistas independientes. Los objetivos de la sociedad civil incluyeron a la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia (DTJ), Cristosal y otra ONG, en diferentes momentos”, indica el informe.
De acuerdo con el informe de Acces now y Citizen Lab, periodistas y personal administrativo del medio digital salvadoreño El Faro, fueron espiados. Los datos concluyen que el jefe de redacción, Óscar Martínez, fue espiado en 42 ocasiones; el subjefe de redacción, Sergio Arauz, 14; el corresponsal en Estados Unidos, José Luis Sanz, 13, y el editor mexicano, Daniel Lizárraga 8, antes y después de que el gobierno salvadoreño lo expulsara de El Salvador en julio 2021.
La investigación no cuantifica el gasto por espiar a periodistas del gobierno de Nayib Bukele, dado que en cada pinchazo requiere de una licencia con la que tiene acceso completo al teléfono celular de la persona que es espiada. Hasta la fecha, el gobierno de Bukele niega haber espiado a periodistas con el uso de Pegasus, mientras que la empresa NSO niega operar en el país centroamericano.
El julio de 2021, una publicación de Forbiddens Stories, con la colaboración de 180 periodistas en todo el mundo, evidenció que Pegasus había sido utilizado desde 2016 en 50 mil números de teléfonos celulares, los objetivos fueron defensores de derechos humanos, académicos, empresarios, abogados, médicos, líderes sindicales, diplomáticos, políticos y varios jefes de estado.
Otro caso que se resalta es el del gobierno de Enrique Peña Nieto, en México, cuando usó Pegasus para espiar a más de 15 mil personas, entre ellas, a Andrés Manuel López Obrador y su familia, el equipo de la periodista Carmen Aristegui, el periodista Daniel Lizárraga y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Después de la investigación de Forbidden Stories, publicada en varios medios de comunicación de Europa, Asia y Latinoamérica, el gobierno de Estados Unidos incluyó, el 3 de noviembre de 2021, a Pegasus en la lista de empresas que vulnera su seguridad nacional. Mientras, en El Salvador ,el gobierno busca seguir adelante con los espionajes a periodistas, porque el 11 de enero varios diputados presentaron un pliego de reformas al Código Procesal Penal, para crear agentes encubiertos digitales que podrán actuar sin orden judicial, según publicó el portal de noticias elsalvador.com
Nicaragua un mal ejemplo para la región
En el informe de Fundamedios se resalta que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua se ha convertido en el principal protagonista de las agresiones contra las libertades políticas y sociales de la población nicaragüense. “Un tema que genera preocupación es que este “mal ejemplo” ha trascendido fronteras y otros países han replicado algunas de estas prácticas nocivas para los derechos fundamentales”, informó.
De enero a diciembre de 2021 en Nicaragua se registraron 702 agresiones contra los periodistas y medios de comunicación a diferencia de casos registrados en 2020 que fueron 360, según el informe “Situación de la libertad de prensa en Nicaragua”, de 2021, difundido por Voces del Sur, que registró 171 personas agredidas y 50 medios de comunicación.
En un informe difundido por el diario La Prensa registraron 291 agresiones y ataques, 302 casos de uso abusivo del poder estatal y 52 procesos judiciales. Siendo los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en los que más agresiones fueron conocidas, entre 104 y 128 agresiones, con 108 mujeres afectadas y 63 hombres.
Honduras: 90 periodistas fueron asesinados en 10 años
El 9 de enero fue asesinado el director de Radio Tenan, la Voz Indígena Lenca, Pablo Isabel Hernández Rivera, en la comunidad de Tierra Colorada, aldea de San Marcos de Caiquín, departamento de Lempira.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) y la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) dijeron que recibieron información sobre la situación de Pablo Isabel Hernández. En un comunicado de prensa dijeron: “En diciembre de 2020, habría sido objeto de declaraciones estigmatizantes. También se habría proferido amenazas de cierre a Radio Tenán que, en febrero de 2021, habría sido objeto de sabotaje por parte de personas desconocidas, que cortaron el cableado y ocasionaron daños a su infraestructura”.
En Honduras, en el contexto de cambio de gobierno entre Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro, de la alianza de Libertad y Refundación (Libre), se dio a conocer que en los últimos 10 años se han registrado el asesinato de 90 periodistas, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en un informe presentado en mayo de 2021.
México: tres periodistas asesinados en lo que va de 2022
Según el medio digital Desinformémonos, durante la primera mitad de enero 2022, tres periodistas fueron asesinados. Uno en Veracruz y dos en Tijuana.
El 10 de enero fue asesinado José Luis Gamboa Arenas, director general del diario digital Inforegio, en Veracruz, informó el medio mexicano Animal Político, cuando se realizó el reconocimiento de sus familiares.
El cuerpo del periodista “presentaba, como mínimo, siete heridas de arma blanca, según versiones de prensa y declaraciones de Israel Hernández, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) de Veracruz”, según una publicación del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
El caso más reciente es el de la periodista Lourdes Maldonado, asesinada el 23 de enero cuando estaba en su vehículo, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Es la tercera mujer periodista asesinada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En 2019, la periodista Maldonado acudió a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedir ayudar ya que denunció amenazas de muerte. “Vengo a pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque temo por mi vida”, resaltó el medio digital Desinformémonos.
En 2021, Reporteros Sin Fronteras (RSF) clasificó a México en la posición de 143 de 180 países calificados en libertad de prensa, Honduras 151, Nicaragua 121, Guatemala 116 y El Salvador 82. Esto implico una responsabilidad gubernamental en todos los países en Guatemala la efectividad del Ministerio Público para perseguir las agresiones y crímenes contra las y los periodistas.
