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Por Regina Pérez

En las próximas semanas el Congreso deberá realizar la convocatoria para juramentar a la Comisión de Postulación que será la encargada del proceso de elección del próximo Fiscal General que sustituirá a Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público (MP). Este proceso, según la Ley Orgánica del MP, debe realizarse 60 días previos a que finalice el periodo para el que fue electa la Fiscal General.

La gestión de Porras, quien llegó al MP electa por el entonces presidente Jimmy Morales de una lista de seis candidatos entre los que figuraban el juez Miguel Ángel Gálvez y la exfiscal Verónica Ponce, entre otros, finalizará el 17 de mayo de 2022. El 18 de mayo de este año, un nuevo fiscal general tomará las riendas del MP, aunque no se descarta que si ella participa y logra pasar a la lista final, pueda ser reelecta por el presidente Alejandro Giammattei.

Durante su administración, Porras desmanteló oficinas como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Fiscalía contra la Corrupción. Además, la funcionaria fue incluida en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos del Departamento de Estado de EE.UU. junto a su secretario general, Ángel Pineda. La destitución de Juan Francisco Sandoval, el exjefe de FECI y quien había iniciado una investigación a Giammattei por un supuesto soborno de empresarios rusos, llevó al gobierno de Joe Biden a suspender temporalmente la cooperación con el MP. Su gestión en la Fiscalía le ha valido numerosas condenas internacionales.

El jueves 13 de enero, los diputados fueron convocados por el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, a una sesión extraordinaria para aprobar el Acuerdo que convoca a la integración e instalación de la Comisión Postuladora para elección de Fiscal General.

¿Qué caracterizará este proceso de elección de Fiscal General?

Alejandro Rodríguez, de Alianza Por Reformas, señaló que con el triunfo del “pacto de corruptos” en 2021 en la cooptación de las instituciones estatales, es lógico que se elija a un fiscal similar a Porras, señalada en la Lista Engel de Estados Unidos como obstructora de procesos de justicia, o que se elija “a alguien peor”.

La manipulación de las Comisiones de Postulación no es algo nuevo, ya que actores del pacto político imperante en el país han influido y distorsionado los procedimientos de nombramientos de funcionarios judiciales en anteriores ocasiones, como sucedió en la elección de magistrados en 2014, según el informe “Comisiones Paralelas, Mecanismos de cooptación de la Justicia” de la Fundación Myrna Mack.

En 2020 la crisis de las Comisiones salió a luz pública cuando la FECI, aún dirigida por Juan Francisco Sandoval, develó cómo las Postuladoras para la elección de magistrados de las altas Cortes fueron manipuladas por el empresario Gustavo Alejos, en prisión por varios casos de corrupción. Según la investigación llamada Comisiones Paralelas 2020, Alejos se reunió con políticos, aspirantes a magistrados, magistrados y miembros de las Postuladoras, con el fin de influenciar dicha elección que hasta la fecha está estancada en el Congreso.

Para Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, el proceso de elección de la Fiscal General está marcado por la incertidumbre, debido a la pandemia del Covid-19, que podría ser utilizada para restringir los espacios de participación.

Según Ibarra, desde que existe la Ley de Comisiones de Postulación, los procesos han sido abiertos y públicos, sin embargo en esta ocasión se conjugan varios factores que podrían afectar los principios de publicidad y transparencia, principalmente la actitud de rechazo al escrutinio público y al monitoreo ciudadano que tienen las autoridades, particularmente los que son parte de la alianza política dominante en el país, a la cual está asociada la presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, quien presidirá la Comisión de Postulación.

Foto: Prensa Gobierno

¿Cómo se conforma la Postuladora y que rol tendrán los decanos?

De acuerdo con Ibarra, el Congreso puede realizar la convocatoria en enero o febrero para juramentar a los integrantes de la Comisión de Postulación.

Esta Postuladora estará conformada por la presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que la preside, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios y los decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del país.

A finales de abril y principios de mayo se espera que la Comisión tenga el listado de seis candidatos que será entregado al presidente Giammattei para que elija al próximo jefe del MP.

Rodríguez considera que la esperanza de este proceso radica en los 11 miembros de la Comisión que pertenecen a las Universidades y especialmente a los decanos más honorables “pues el pacto de corruptos tiene a dos miembros, pero lo más grave y espurio del proceso es que la presidenta de la CSJ, va a ser la que va a dirigir la Comisión de Postulación”, en referencia a Silvia Valdés, presidenta del OJ.

Valdés, según el analista, pertenece a una Corte que ya debió haber terminado su mandato desde 2019 y que ahora usurpa funciones, porque el Congreso no ha querido elegir una nueva Corte, esto porque señala que es una coalición del “pacto de corruptos” entre congresistas y CSJ para poner a alguien corrupto en el puesto de FG.

En opinión del abogado Oswaldo Samayoa, a los decanos habrá que exigirles objetividad en sus decisiones, el mayor grado de análisis sobre los elementos técnicos y políticos que requiera una persona al frente del MP y un debate en torno a quienes van a integrar ese listado de seis candidatos “que no queda duda que son personas que cumplan con los criterios que la Constitución exige, honorables, idóneas y con la capacidad adecuada para desempeñar esa función”.

Por su parte Ibarra dijo que esperan que los decanos garanticen el cumplimiento de los principios de los procesos de postulación, que son la publicidad y la transparencia, para que los espacios de observancia ciudadana no se cierren.

¿Tiene oportunidades Porras de reelegirse?

Sobre una posible participación de Porras, el abogado Samayoa señaló que no debería tener una oportunidad en la Comisión de pasar al listado final de seis aspirantes, por estar vetada por su actitud frente a las Fiscalías encargadas de la lucha contra la corrupción y la impunidad, porque su credibilidad social es poca y porque se enfrenta a la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, que han sido claves para fortalecer al país.

En caso de que Porras llegara a llegar al listado de seis aspirantes, Samayoa indicó que sí tiene oportunidades de ser reelecta, pues ha mostrado que no es independiente ni imparcial ante el poder político.

En tanto Rodríguez considera que Porras, con sus antecedentes y trayectoria de apañar la corrupción y causar impunidad, “es la mejor candidata para el pacto de corruptos”.

Para el analista, toda la sociedad debe participar en la fiscalización del proceso de Fiscal General y exigir que una persona íntegra, honorable y capaz llegue al puesto.

Foto: Prensa Comunitaria

Un paso turbulento por el MP

Porras fue electa por el entonces presidente Jimmy Morales en mayo de 2018, según analistas, porque era la candidata con menos cercanía con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la gestión de su antecesora, Thelma Aldana. La designación de Porras por parte de Morales se dio en el contexto de los ataques del gobierno contra la CICIG y sus investigadores, ente al que finalmente logró expulsar en septiembre de 2019 al no renovar su mandato en el país.

Destitución del jefe de FECI y el poder en Guatemala. El cuestionado camino de Consuelo Porras, la fiscal que eligió Jimmy Morales

La gestión de Porras en el MP ha sido criticada por diversos sectores de la sociedad guatemalteca que en 2021 le exigieron su renuncia, luego de que destituyera a Sandoval como jefe de la FECI, en julio de 2021.

La destitución de Sandoval fue calificada en su momento por Samantha Power, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), como una medida escandalosa por parte de Porras. Julie Chung, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, señaló en ese momento que dicho despido era un revés significativo para el Estado de Derecho.

Porras fue incluida en septiembre de 2021 por el Departamento de Estado de EE.UU. en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos también conocida como “Lista Engel” junto al secretario del MP, Ángel Pineda, por obstruir

En diciembre pasado, Todd Robinson, subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, dijo a periodistas que la fiscal general, al minimizar investigaciones creíbles contra la corrupción, amenazaba con perpetuar el historial de retos profundos que hay en Guatemala para mantener la ley.

Además de la destitución de Sandoval, la gestión de Porras se caracterizó por cambios clave en fiscalías clave como la de Corrupción y de Derechos Humanos, donde los fiscales Estuardo Campo e Hilda Pineda, respectivamente, fueron asignados a otras Fiscalías.

Además, arreció la persecución en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos que se han pronunciado en contra del gobierno y de su gestión.

En opinión de Samayoa, el legado de Porras como Fiscal General fue de desarticulación de puntos que se había logrado fortalecer para una política criminal en contra de la impunidad y la corrupción. Hizo cambios en las diferentes fiscalías clave, como la Fiscalía de Derechos Humanos, quitó a la fiscal Hilda Pineda, en la FECI inició una persecución en contra de Sandoval y es la Fiscal promotora de la criminalización de estudiantes y manifestantes que se expresan libremente y de periodistas, “su legado es negativo para la institución” señaló el abogado.

Inclusión de Porras en lista Engel afecta su reelección y causa daños colaterales a Guatemala

Autoría y edición

Periodista y comunicadora. Soy curiosa y me apasionan las redes sociales. Mis raíces son de la cultura Maya K'iche'.

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