Diario Militar: Vásquez Echeverría y las víctimas del destacamento militar de Comalapa

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Créditos: Juan Rosales. general Vásquez Echeverría (primero de izquierda a derecha)
Tiempo de lectura: 7 minutos

Por Regina Pérez

El 7 de septiembre de 2003, los cuerpos de dos hombres fueron exhumados en una fosa común del antiguo destacamento militar ubicado en San Juan Comalapa, Chimaltenango, a dos horas de la ciudad capital. Ocho años después, estudios forenses dieron a conocer que las osamentas que yacían juntas, pertenecían al sindicalista Amancio Villatoro y al profesor universitario, Saúl Linares García, cuyas desapariciones fueron registradas en el Diario Militar, en 1984. El Diario Militar es un documento con anotaciones de detenciones ilegales, elaborado por la Inteligencia militar durante el gobierno de Óscar Mejía Víctores, entre 1983 y 1985.

Más de 37 años después de ocurridos estos hechos, el 27 de mayo de 2021 se conoció la noticia de que varios militares y expolicías implicados en las desapariciones de opositores políticos habían sido detenidos, entre ellos figuraba el general Víctor Augusto Vásquez Echeverría, quien fue uno de los primeros en ser llevado a la torre de Tribunales. Él, según la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), fungió como comandante de la zona militar 302 de Chimaltenango y bajo su dirección estaba el destacamento donde fueron encontradas 220 osamentas.

En total, en el destacamento militar se encontraron 53 fosas y en una de ellas fueron localizados los cuerpos de seis personas que aparecen en el Diario Militar e identificadas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).

Estas víctimas son las que se le imputan al general retirado, quien formó parte del Estado Mayor de la Defensa. También se le acusa de la desaparición forzada de los hermanos Juan Pablo y María Quirina Armira López y otras personas que aparecen en el Diario Militar, que fueron llevadas a Chimaltenango y de quienes no se sabe su paradero.

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Diario Militar: un general debe responder por las desapariciones de los hermanos Juan Pablo y María Quirina Armira López

Desde el momento en que fue presentado ante el juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B, para informarle los motivos de su detención, Vásquez Echeverría aparentó no entender por qué había sido detenido por lo que el juzgador resolvió enviarlo al Centro Médico Militar.

El militar retirado pudo retrasar su audiencia por más de tres meses, argumentando tener problemas de salud, sin embargo peritajes médicos demostraron que era capaz de escuchar las acusaciones en su contra. Postrado en una silla de ruedas y con ayuda de audífonos ha escuchado las imputaciones del Ministerio Público.

Según la Fiscalía de Derechos Humanos, Vásquez Echeverría, cuando era coronel de infantería y tenía el cargo de comandante de la zona militar 302, Chimaltenango, entre el 16 de abril de 1983 y el  31 de mayo de 1985 en el contexto del conflicto armado interno, fue parte de una estructura clandestina e ilegal que ejecutó acciones delictivas, entre ellas la desaparición forzada de varios militantes que aparecen en el Diario Militar.

Restos de 172 víctimas que fueron encontradas en fosas en el antiguo destacamento militar de San Juan Comalapa que no pudieron ser identificadas. Foto Prensa Comunitaria

Los desaparecidos identificados en el destacamento militar de Comalapa

Entre 2003 y 2005, la Coordinadora de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) junto a la  Fundación de Antropología Forense de Guatemala, promovió la exhumación de 220 osamentas de víctimas en el antiguo destacamento militar de Comalapa, Chimaltenango, que estuvo bajo la dirección de Vásquez Echeverría.

En la fosa 317-9 fueron encontrados los cuerpos de seis personas que aparecen en el Diario Militar.

Después de los análisis forenses, la FAFG identificó la osamenta del sindicalista Amancio Samuel Villatoro, quien según el documento, fue detenido ilegalmente por agentes de las fuerzas de seguridad el 30 de enero en la zona 1. Fue ejecutado extrajudicialmente el 29 de marzo de 1984. En su ficha en el también llamado “Dossier de la Muerte” aparece el código 300, que según el análisis de los fiscales significa que la persona fue asesinada.

El Diario Militar detalla el secuestro de 183 opositores políticos durante el gobierno del general Óscar Mejía Víctores, contiene las fichas de las víctimas, una breve relación de la persona capturada, su nombre, , el seudónimo y el lugar de su detención. En algunas fichas aparece anotado el código 300 que significa que fue asesinado.

La otra víctima identificada fue el ingeniero y profesor universitario Sergio Saúl Linares, con el seudónimo Otto, fue descrito por la estructura clandestina como “Miembro del PGT-CC”. Él fue detenido el 23 de febrero de 1984 en la zona 9 y ejecutado en la misma fecha en que Amancio Villatoro, el 29 de marzo de 1984.

De acuerdo con información del National Security Archive (NSA), Linares trabajaba para el Instituto Nacional de Fomento Municipal (INFOM) y daba clases en la facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos (USAC). Linares tenía una hija y su esposa estaba embarazada al momento de su desaparición. Al lado de su ficha también aparece el código 300.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un militar dijo a la familia que Linares estuvo detenido en una cárcel clandestina, fue torturado y producto de las torturas quedó ciego y estaba en silla de ruedas.

Para leer más sobre la sentencia:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_253_esp1.pdf

Los restos de Linares, al igual que la osamenta de Amancio Villatoro, fueron exhumados el 7 de septiembre de 2003 dentro de las instalaciones del antiguo destacamento militar de Comalapa, pero fue hasta noviembre de 2011 que pudo ser identificado por la FAFG, gracias a las muestras de ADN que sus familiares brindaron.

Foto: Juan Rosales

También se le imputó a Vásquez Echeverría otras ejecuciones extrajudiciales. Entre ellas la de Zoilo Canales Salazar, detenido el 1 de marzo de 1984 en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Fue ejecutado extrajudicialmente el 29 de marzo 1984. Sus restos fueron exhumados el 8 de septiembre de 2003 e identificado el 15 de noviembre de 2012.

Otra de las víctimas, Juan de Dios Samayoa Velásquez, fue detenido ilegalmente el 2 de marzo de 1984 en la zona 6 de la capital y ejecutado el 29 de marzo de 1984.

Por su parte, Hugo Adail Navarro Mérida, con el seudónimo de Pedro, fue identificado por la estructura como miembro del PGT-CC, “conductor específico del Secretariado General del Partido”. Según el Diario Militar fue capturado el 5 de marzo de 1984 enfrente de un supermercado en el Centro Comercial Montserrat de la zona 7.

En el caso de Moisés Saravia López, detenido el 11 de marzo de 1984, la estructura lo identifica como “Responsable de la casa de Logística del FGTU. FAR”, en referencia al Frente Guerrillero Tecún Umán, de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).  Fue detenido el 11 de marzo de 1984, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala y ejecutado el 29 de marzo de 1984.

Saravia López era un líder comunitario de San Martín Jilotepeque, agricultor y catequista de la Iglesia católica. Después de su secuestro su familia se fue a vivir al asentamiento El Mezquital, en la zona 12 de la ciudad capital, donde se dedicaron a la venta de frutas.

Los restos de Samayoa Velásquez, Navarro Mérida y Saravia López fueron identificados en 2012 por la FAFG.

Entérese más aquí:

https://prensacomunitar.medium.com/la-inhumaci%C3%B3n-de-mois%C3%A9s-saravia-una-historia-del-diario-militar-aa083cf8bab0

A Vásquez Echeverría también se le atribuye la desaparición de los hermanos Juan Pablo y María Quirina López, de 12 y 15 años respectivamente, detenidos en marzo de 1984 y quienes fueron llevados con otras personas a la zona militar de Chimaltenango, en dos operativos realizados en casas de seguridad de las FAR en la ciudad capital.

Estas personas, según la Fiscalía, fueron retenidas sin orden de juez, bajo la dirección de Vásquez Echeverría, en la zona militar número 2, donde también se encontraba el destacamento militar de Comalapa. Lugares como ese se convirtieron en centros clandestinos y lugares de detención y ocultamiento de personas, tal como ocurrió en otros destacamentos y bases militares, como el de la zona militar número 21, ahora Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (CREOMPAZ) en Cobán, Alta Verapaz.

De las 220 osamentas encontradas en Comalapa, solo 48 restos pudieron ser identificadas, las restantes 172 víctimas fueron inhumadas en el Memorial Paisajes de la Memoria, en 2018.

Las operaciones clandestinas, que tenían como objetivo generar terror en la población, estaban dirigidas a obtener, sistematizar y analizar información recabada bajo procedimientos ilegales, como la tortura, que era utilizada para perfilar a personas consideradas enemigo interno, señaló el MP.

En la audiencia de primera declaración, Vásquez Echeverría tomó la palabra. Aclarándose la garganta y aparentando tener dificultad para hablar indicó que no recordaba ni sabía de qué estaba hablando la fiscal del MP, Elena Sut, y dijo padecer de problemas de audición.

“Yo la verdad es de que no sé de qué habló, no entendí, no comprendí nada, solo oía que hablaba y la verdad es que yo no entendí, no comprendí, obviamente, los médicos que me han evaluado de esta enfermedad, yo la tengo desde hace unos 10 años y entonces se ha ido agravando”, expresó.

No obstante, el juez Miguel Ángel Gálvez recordó los informes realizados por los peritos que coincidieron y citó: “Don Víctor quería hacer notar que no escucha, pero ellos señalaron que sí puede comprender, ya que uno de los médicos, Jorge de la Peña, conversó con él acerca de que su padre también fue militar, considerando que era un tema que sí le iba a interesar al acusado. Da la pauta que comprende, entiende y por eso los médicos coinciden en que don Víctor hace como que no escucha”, dijo el juez.

Cadena de mando

Vásquez Echeverría es el único militar detenido por las víctimas encontradas en el antiguo destacamento militar de Comalapa, Chimaltenango. Paulo Estrada, querellante en el caso Diario Militar, señaló que los militantes fueron detenidos en la ciudad capital pero enviados a Chimaltenango para ser interrogados y que brindaran información.

En la cadena de mando figuraba el gobernante de factor Óscar Mejía Víctores, (1983-1985) en cuya administración se realizaron las capturas contenidas en el “Dossier de la Muerte”; Rodolfo Lobos Zamora, en ese entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; y Víctor Augusto Vásquez, como comandante de la zona militar número 3 de Chimaltenango.

 

 

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